El Gobierno ya piensa en la negociación de los Presupuestos Generales de 2023 y, de hecho, dará próximamente el paso administrativo que supone el pistoletazo de salida a su tramitación: la aprobación del techo de gasto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que su Departamento está en disposición de llevarlo al Consejo de Ministros "muy pronto".

Las cuentas del próximo año serán las terceras que podrán acogerse a la suspensión de reglas fiscales desde que comenzó la legislatura. Además del techo de gasto, los Presupuestos también incluían de manera habitual los denominados objetivos de estabilidad presupuestaria o "senda de déficit", un mecanismo cuyo objetivo es el de evitar que el gasto presupuestado se descuelgue en exceso de los ingresos, una situación que puede aumentar la deuda del Estado.

Cuando irrumpió la pandemia del coronavirus, a mediados de 2020, la Unión Europea decidió que los Estados miembros podían dejar en "paréntesis temporal" sus sendas de consolidación fiscal, lo que permitía de facto elevar el gasto y que los Gobiernos pudieran afrontar las consecuencias económicas provocadas por las restricciones de la covid-19.

Esta suspensión de reglas fiscales se prolongó también durante el año 2021, y España se acogió a la misma en sus dos últimos presupuestos, lo que permitió aprobar un techo de gasto histórico en ambas ocasiones (de 196.097 millones en los PGE de 2021 y de 196.142 millones en los de 2022).

Este lunes, la Comisión Europea propuso a sus Estados miembros mantener las reglas fiscales en suspensión durante el 2023 y reactivarlas en 2024, debido a que considera que las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y la subida histórica de los precios de la energía hacen imposible obligar a los países a mantener su deuda por debajo de unos límites concretos.

Con la prórroga de la suspensión de la "ortodoxia fiscal" europea, España puede volver a tramitar unos Presupuestos sin una senda de déficit, algo que el Gobierno ya tiene pensado. La suspensión de las reglas fiscales es un escenario que se contempla tanto en la Constitución como en la Ley de Estabilidad, y que precisa de la aprobación en el Congreso.

En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de "catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".

La ministra de Hacienda ya ha anunciado que llevarán de nuevo esta "apreciación de situación extraordinaria" a la Cámara Baja con la intención de elaborar unos nuevos Presupuestos que no estén sujetos a una senda de déficit.

Calendario similar al pasado año

Desde Hacienda todavía no se atreven a marcarse unos plazos concretos pese a que Montero introdujera el mensaje de que ya estaba trabajando en las cuentas públicas. Fuentes cercanas a la ministra sí señalan a Público que se está trabajando en un calendario muy similar al que se llevó a cabo el pasado año para los PGE de 2022. En aquella ocasión fue el 27 de julio cuando el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto. 

"Los plazos te los marca la propia ley presupuestaria", afirman en Hacienda. Es decir, antes de finalizar el mes de julio el Consejo de Ministros tiene que aprobar el techo de gasto, que luego se llevaría al Congreso de los Diputados.  Antes del 1 de octubre los presupuestos tienen que entrar en el Congreso. Y antes del 31 de diciembre tendrían que aprobarse. "Los dos últimos PGE se aprobaron en tiempo y forma", recuerdan en Moncloa. 

La primera votación en 2021 se produjo el 4 de noviembre y las cuentas finales se aprobaron definitivamente en el Congreso el 28 de diciembre. En aquella ocasión se retrasó unos días de lo previsto por el Gobierno al apoyar el PP una enmienda lingüística de Compromís en el Senado que ralentizó los trámites. Una acción que desde el Gobierno calificaron como intento de boicot por parte de la derecha. 

Los PGE de 2022 salieron adelante con el apoyo de 11 formaciones políticas: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC. Las relaciones del Gobierno no pasan por su mejor momento con al menos los republicanos catalanes tras el estallido del 'caso Pegasus'. De hecho, ERC ha votado en contra últimamente de importantes iniciativas del Gobierno como el decreto anticrisis, así como, meses atrás, la reforma laboral. Si las relaciones no se encauzan, el Gobierno tendrá que buscar otra aritmética.