El Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado todos los años. En legislaturas anteriores, la aprobación de las cuentas se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los distintos Ejecutivos, y los últimos PGE antes de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, los de Cristóbal Montoro, se convirtieron en los más longevos de la historia reciente.

El objetivo de los Pedro Sánchez es cerrar la legislatura (que concluirá el próximo año) con un presupuesto anual, un propósito que, de cumplirse, no solo dará una respuesta económica del Gobierno a cada situación (en un momento marcado por sucesos como la pandemia del coronavirus y la guerra de Ucrania), sino que ofrecerá al Ejecutivo una imagen de estabilidad poco habitual en los últimos tiempos.

La próxima parada económica del Gobierno son los Presupuestos de 2023, que anticipan una auténtica carrera de obstáculos y un camino empedrado tanto en el seno del Ejecutivo de coalición como en el Congreso de los Diputados. La negociación de las cuentas (que empezará, previsiblemente, después del verano) recuperará debates económicos entre el PSOE y Unidas Podemos que, a día de hoy, están inactivos, pero que evidencian importantes diferencias entre ambas formaciones.

Uno de estos debates es el de la reforma fiscal. En el espacio confederal consideran que los socialistas no quieren abrir ese melón y sospechan que la intención de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, es la de agotar la legislatura sin abordar una transformación impositiva de calado.

Pero UP no va a dejar pasar este asunto y, aunque todavía insisten en la necesidad de acometer una reforma fiscal (que incluya medidas como impuestos a las grandes fortunas o a las empresas eléctricas) en sus declaraciones e intervenciones, su plan es el de incluirla en la negociación de los Presupuestos.

Es lo que han hecho en años anteriores, en los que no han logrado un acuerdo para acometer una reforma de calado en el marco presupuestario, pero sí algunos cambios y medidas como la creación de las denominadas tasas Google y Tobin (en 2021) y el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas (en 2022).

Desde Hacienda prefieren ser cautos con una reforma de calado. La situación económica actual, especialmente por las consecuencias de la guerra en Ucrania, han cambiado el escenario. Durante varios meses, en medio de la presión de UP, el Ministerio que lidera María Jesús Montero se remitía al informe de expertos. Pero ese documento se presentó oficialmente con una rebaja de las expectativas debido a la coyuntura, con una inflación alta y un problema energético de alto nivel. 

¿Significa esto que ese informe es papel mojado? "No", responden de forma tajante en Hacienda. Pero sí señalan que el documento se basaba en una reforma estructural, pausada y con vistas a futuro. "Se retomará, pero tenemos que esperar. Hay que cambiar la casa, pero si hay una inundación, primero habrá que achicar el agua", ejemplifican. Por tanto, cautela de momento ante unas negociaciones que en principio no deberían arrancar de forma oficial hasta después del verano. 

Lo que sí ha hecho la parte socialista del Gobierno es cerrar filas y defenderse con uñas y dientes del mantra ideológico del PP respecto a bajadas generales de impuestos, como el partido que lidera Alberto Nuñez Feijóo lleva reclamando meses. En este punto se ha puesto en valor la importancia del Estado de Bienestar mediante la recaudación impositiva que repercute especialmente en los servicios públicos. 

La OTAN y la guerra en Ucrania

Otro de los asuntos que aleja al PSOE de Unidas Podemos es el aumento del gasto militar. Tras el estallido de la guerra de Ucrania, el presidente del Gobierno se comprometió de manera pública a elevar la inversión en Defensa hasta el 2% del PIB, una exigencia de la OTAN a los Estados miembro. Este aumento del gasto tiene que aprobarse a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Unidas Podemos y los socios del Ejecutivo se oponen a elevar la inversión en materia de Defensa, y consideran que este aumento debería destinarse a materias como la Sanidad, la Educación y el resto de servicios públicos. El contexto, sin embargo, no parece que les acompañe.

En junio, los días 28 y 29, Madrid será la sede y la anfitriona de una cumbre de la OTAN a la que el ala socialista del Gobierno otorga una máxima relevancia por el contexto en el que se llegará a la misma. Sobre el aumento en Defensa, el ala socialista del Gobierno recuerda permanente que forman parte de los compromisos adquiridos con la propia OTAN. "España forma parte de la OTAN", reiteran al ser preguntados sobre este tipo de cuestiones y la posición de sus socios de UP. 

Sánchez ha apelado las últimas semanas al "patriotismo europeo". "Si hay otros países que están aumentando decididamente el Presupuesto en Defensa para mejorar la seguridad de la UE, España tiene que estar ahí también y hará lo que tenga que hacer", dijo a mediados de marzo. La apuesta parece no tener vuelta atrás pese a las resistencias de sus socios. El plan remitido a Bruselas a finales de abril establecía un aumento para el próximo año de una décima, pasando del 1% del PIB actual a un 1,1%. El horizonte es alcanzar el 2% del PIB en 2030, como se acordó internamente en la alianza atlántica. 

IVA a los productos de higiene femenina

Otro de los asuntos que se van a llevar a la negociación de los PGE de 2023 es la aplicación del IVA superreducido a los productos de higiene femenina, una medida que se sacó de la ley del aborto porque, desveló la ministra de Igualdad, Irene Montero, Hacienda no quiso acometerla.

Como informó este medio, el equipo de Montero destacaba que la ley del aborto era una reforma sobre los derechos y no una norma tributaria. Y en este sentido, de nuevo mostraban cautela ante modificaciones impositivas porque las medidas fiscales aprobadas "se centran ahora en combatir la inflación y mitigar efectos de la guerra en Ucrania". "Cualquier medida en este ámbito debe analizarse con cuidado y con una visión presupuestaria", destacó Hacienda. Eso sí, la propia ministra señaló al día siguiente que estaba dispuesta a abordar este asunto en la negociación de los PGE. 

Las dificultades para aprobar las cuentas están más allá de los muros del Gobierno. El escándalo del espionaje de Pegasus ha distanciado mucho al Ejecutivo de sus socios de la investidura (en especial ERC y EH Bildu), que son necesarios para articular la mayoría necesaria para que el Congreso dé luz verde a los Presupuestos.

A día de hoy no parece muy probable que estos grupos estén dispuestos a permitir su tramitación y, si la situación de Pegasus no se resuelve en los próximos meses, se podría llegar a un escenario de ruptura de la mayoría parlamentaria a final de año en una cuestión tan trascendental como la aprobación de los PGE de 2023.