Casi un año. Eso es lo que ha tardado en volver al Pleno del Congreso la proposición de ley de Unidos Podemos para reformar los criterios de aplicación de la regla de gasto. La norma logró los apoyos suficientes para que la Cámara Baja admitiera su tramitación en diciembre del pasado año. Más de 30 prórrogas de enmiendas después, la propuesta ha superado este jueves uno de los trámites más importantes para lograr su aprobación definitiva.

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y por Ciudadanos para tumbar el texto que pretende abrir la puerta a que los ayuntamientos puedan gastar su superávit en inversiones financieramente sostenibles a través de la flexibilización de la regla de gasto.

En su texto alternativo, el PP buscaba ampliar al apartado de la ley dedicado a las reglas especiales para el destino del superávit, añadiendo que no solo puede servir para las denominadas inversiones financieramente sostenibles, sino también para bonificaciones fiscales (bajada de impuestos) y para ayudas sociales. El objetivo de los conservadores, recoge la enmienda, es el de destinar el excedente en bonificaciones de impuestos locales “para el fomento de la actividad económica y la creación de empleo de autónomos y pymes”, y ayudas sociales para “colectivos especialmente vulnerables".

El diputado del PP Vicente Marí ha defendido que la modificación de la regla de gasto en los términos propuestos por Unidos Podemos supone "volver al gasto público descontrolado que perjudica a los ciudadanos". También ha criticado que ayuntamientos como el de Madrid, que dispone de más de mil millones de superávit, se quejan de la regla de gasto "porque no son capaces de ejecutar su Presupuesto". 

La parlamentaria de Unidos Podemos, Alicia Ramos, ha justificado su voto en contra a la enmienda a la totalidad del PP porque "se reduce a bonificar o bajar impuestos" sin contar con los gastos. Sobre la propuesta de inversiones sociales, la diputada ha insistido en que "las corporaciones locales no deben tener a nadie por encima para destinar dinero contra la violencia de género, lo deben poder hacer y punto", y ha criticado el énfasis de los conservadores por "controlar" a los ayuntamientos.

Ciudadanos apela a la "unidad del Estado"

La enmienda de Ciudadanos se basa en la modificación de la aplicación de la regla de gasto y su cómputo. Su enmienda permite que si hay un descenso de ingresos producido por la bajada de impuestos, ese descenso no se tenga en cuenta a la hora de calcular el nivel de gasto para próximos ejercicios, siempre que esa rebaja fiscal no haya forzado incurrir en déficit estructural. Incluye, además, un requisito para que las entidades locales puedan emplear el superávit, y es que tengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a 30 días.

Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, ha calificado su enmienda a la totalidad como "la alternativa sensata entre la fosilización de la regla de gasto del PP y el populismo, independentismo y el sanchismo". De la Torre ha señalado la importancia de mantener la regla de gasto porque la ley de Podemos impide que "se vuelvan a intervenir las cuentas", no solo de los ayuntamientos que llevan a cabo una mala gestión, sino de "aquellas administraciones controladas por aquellos que dieron un golpe a la democracia", en referencia a los ayuntamientos gobernados por partidos nacionalistas. "No solo debemos garantizar la estabilidad financiera, sino también la unidad del Estado; debemos dar herramientas al Estado, y la reforma de Podemos se las quita".

Ramos ha afeado en este sentido el "intento de recentralización" de los de Rivera. "Ciudadanos siempre trae aquí un intento de recentralización y de recorte del gasto social. Han ido directamente a cortar las competencias, a limitar la autonomía municipal y a recortar la inversión social". La ley pasará ahora al trámite de enmiendas parciales, donde muchos de los grupos ya han anunciado que presentarán sus modificaciones al texto de Unidos Podemos.