Era el director general de la Policía y siempre se enteraba "por la prensa" de las tropelías que cometían los jefes policiales que actuaban en las ya famosas cloacas de Interior, que Público sacó a la luz al difundir las grabaciones secretas del entonces ministro Jorge Fernández Díaz conspirando en su despacho con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para destruir a políticos y partidos rivales del PP.

“Me enteré al leerlo en la prensa”, declaró sin sonrojarse a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados cuando se le preguntó cómo supo de la existencia de esas grabaciones. Incluso afirmó que ni siquiera las escuchó íntegramente, pese a ser el más alto responsable policial cuando este diario hizo estallar el escándalo, y se desmarcó de todo el asunto con un lapidario: "No llevaba la agenda del ministro ni me enteraba de ella".

No, no se enteraba de la agenda de su ministro ni de nada de lo que ocurría en el despacho de su director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, que estaba en la misma planta que el suyo. Y en eso coinciden prácticamente todas las fuentes que conocieron de cerca esa etapa de las cloacas, a pesar de que tenía que conocer las visitas que recibía su supuesto número dos y cualquiera habría deducido que muchas de ellas estaban relacionadas con los numerosos affaires de juego sucio policial que llegaban hasta la prensa... aunque esta fuera su única fuente de información.

Porque de lo que no cabe duda es que todos los cabecillas de la brigada política de Fernández Díaz le puenteaban. Empezando, claro, por el propio Pino, que fue quien organizó los encuentros entre el ministro y De Alfonso, como reconoció este último ante los parlamentarios: su enlace, y quien le introdujo en la sede del Ministerio del Interior sin pasar por los controles de entrada, fue José Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del DAO.

Cosidó tampoco se cortó al reconocer ante un juez su absoluta ignorancia sobre lo que estaban haciendo sus comisarios, concretamente cuando tuvo que declarar como testigo –con obligación de decir la verdad– por el gravísimo caso de la grabación ilegal, cometida en sede policial, que se hizo de una reunión confidencial entre el entonces jefe de Asuntos Internos (Marcelino Martín-Blas), dos de sus hombres y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el caso del Pequeño Nicolás. Un audio que fue después difundido con la intención de invalidar toda la instrucción de la causa:

"Tuve conocimiento a través del director adjunto operativo de que se había producido esa grabación y de manera casi simultánea apareció publicada en medios de comunicación y, de manera también muy rápida, se inició la investigación judicial que usted dirige", respondió Cosidó al juez Arturo Zamarriego, entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid, como se puede escuchar en este vídeo del testimonio judicial del director general de la Policía (del minuto 2.00 al 3.35):

Lo que ignoraba Cosidó, además, era que los que habían efectuado esa "grabación ilegal, no autorizada" –como él mismo la definió– de mandos policiales y agentes de los servicios secretos eran precisamente los que ocupaban la cúpula policial: el ya célebre comisario José Manuel Villarejo, que la hizo llegar a periodistas afines para que la entregaran al propio investigado (Francisco Nicolás Gómez Iglesias), con la complicidad de los mismos Pino y Gago. De hecho, este último se la envió después por e-mail a Martín-Blas.

Y era lógico que Cosidó estuviera en la inopia de esa operación subterránea contra la seguridad del Estado, ya que cuando Asuntos Internos detuvo al Pequeño Nicolás se generó una fiebre telefónica entre los protagonistas de las cloacas –pues la detención ponía en peligro su entramado– que fue investigada por el juez Zamarriego e identificó numerosas llamadas directas de, por ejemplo, Villarejo con el secretario de Estado de Interior (Francisco Martínez), pasando por encima del director general.

Villarejo se dedicó a acusar a Cosidó de todo juego sucio

Después, Villarejo lanzó numerosas acusaciones contra Cosidó, como que había nombrado a Martín-Blas enlace con el CNI –ni más ni menos que para "traicionar a la Policía", según el comisario de las cloacas–, con el objetivo de derivar hacia el director general la responsabilidad de los montajes policiales de los que el ahora portavoz del PP en el Senado no tenía ni idea. La realidad fue que el que encargó a Martín-Blas que hablara directamente con el CNI (en contadas ocasiones) fue... Pino. Y quien precisamente acabó destituyendo a Martín-Blas –el 27 de marzo de 2015, y sin explicar por qué quizá porque tampoco sabía ni eso– fue... Cosidó.

Así que la mayor parte de lo que desde las cloacas se le atribuía a Cosidó era falso. Por ejemplo, Villarejo le contó a otro de sus periodistas "infiltrados" –término empleado por él mismo ya en 1995, en un informe a la Dirección General de la Policía, revelado por Público– que Cosidó urdió un "falso caso Watergate" para intentar perjudicar al PSOE con el denominado caso Interligare en el que, supuestamente, la Policía acusaba a la empresa del mismo nombre de realizar escuchas ilegales en la sede central del PP en la calle Génova.

Asimismo, en febrero de 2016 Villarejo manifestó ante el juzgado de Estepona (Málaga) que instruye el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que Cosidó, le había coaccionado en 2011 para dejar de investigar al líder del Partido Popular madrileño. Esta vez, la acusación era tan seria que el director general quiso por fin tomar cartas en los oscuros asuntos del pretendido "agente encubierto", solicitando a los servicios jurídicos de la Policía que estudiaran la posibilidad de abrirle una información reservada (preliminar).

Pero nuevamente se quedó el director general con un palmo de narices, ya que le indicaron que cuando un caso está judicializado es el juzgado el que tiene que decidir si se investiga y después indagar si es o no cierto que existieron esas presiones para que no se investigara.

Entretanto, Cosidó se dedicaba a hacer política, como continuación de su agresiva gestión como portavoz parlamentario de Interior de la oposición, y centraba su actividad en buscar materiales con los que desacreditar definitivamente a su bestia negra: Alfredo Pérez Rubalcaba. A su alrededor crecía el descontento por la creciente politización del Cuerpo, pero la verdad era que él no controlaba –más bien, desconocía– los montajes de la mafia policial Pino-Villarejo.

La BARC, la Operación Cataluña y el Informe PISA

Fuentes de Interior que asistieron a la mal llamada "guerra de los comisarios" aseguran a Público que el ninguneo de Cosidó empezaba por el propio Pino, quien despachaba directamente con el secretario de Estado o con el propio ministro, sin rendir cuentas a su superior directo. Entre otras cosas, el DAO montó por su cuenta en mayo de 2015 la secreta Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), presuntamente para repasar casos sin resolver pero que se dedicó a escarbar en asuntos ya juzgados y con sentencia firme.

De hecho, Pino ubicó la BARC en unas dependencias vacías de Asuntos Internos para no llamar la atención de Pino, pero no puso al frente a Martín-Blas sino a una comisario de su máxima confianza, Nuria Mazo.

Muchos dicen que Cosidó no tuvo por qué enterarse ni de la Operación Cataluña, emprendida por la 'brigada política' bajo la cobertura inicial de la BARC –que ha acabado por costarle a Pino ser imputado por el pendrive fantasma sobre las cuentas de los Pujol–, ni tampoco de la elaboración del fraudulento Informe PISA para acusar falsamente a Podemos de recibir financiación ilegal.

Al final, Cosidó acabó odiando a su ministro, Fernández Díaz, porque era el verdadero responsable de tan ingrato ninguneo en el seno del Cuerpo que debía estar a sus órdenes. Y pensó que hallaría la revancha con el regreso al poder en el partido de los discípulos de Aznar, como él mismo. Hasta que tuvo la torpe idea de reenviar un whatsapp más que comprometedor.