El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido restringir sus, hasta ahora, numerosos viajes por Europa después de su fugaz visita a Catalunya, el pasado 8 de agosto, con motivo del acto en el que participó justo antes de la sesión parlamentaria de investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Tras su polémica huida y regreso a Waterloo desde Barcelona, el dirigente de Junts habría decidido recluirse en Bélgica y no viajar fuera "por motivos de seguridad", según el abogado y exdiputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas.

El primer acto previsto fuera de las fronteras belgas, después de la primera controvertida entrada y salida en España en casi siete años de exilio, era una intervención en la Universitat Catalana d'Estiu este lunes, en la Catalunya Nord y por tanto en territorio de Francia. La intervención presencial prevista de Puigdemont se suspendió y se sustituyó por una intervención telemática.

Según fuentes de su entorno, Puigdemont prevé así mantenerse en territorio belga, a la espera de la resolución de los recursos presentados por su equipo jurídico, que dirige Gonzalo Boye, contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por haber rechazado la aplicación de la amnistía en el caso del expresident de la Generalitat.

Aunque en este momento la orden de detención contra Puigdemont sólo sigue vigente en territorio español, los "motivos de seguridad" esgrimidos tienen que ver con que el equipo del dirigente de Junts considera más garantista y seguro para su libertad un país como Bélgica que otros de la Unión Europea, en caso de que se reactivara una nueva euroorden repentinamente durante un viaje. Los jueces de países como Francia o Italia podrían ser más expeditivos a la hora de aplicar una euroorden de detención y entrega a la justicia española.

Intensa actividad por toda Europa hasta ahora

Puigdemont ha mantenido en los últimos años una intensa actividad por buena parte de Europa, a pesar de la persecución de la justicia española. El 26 de marzo de 2018 fue detenido y encarcelado unos días en Alemania cuando volvía de participar en un acto en Finlandia. También fue detenido en la isla italiana de Cerdeña en el 2021. En ambos casos quedó finalmente en libertad y no se acabó aplicando la euroorden de Llarena, que derivó en un largo pleito en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las visitas a la Catalunya Nord han sido muy frecuentes, hasta el punto de que en las elecciones al Parlament del 12 de mayo, Junts decidió trasladar la campaña electoral a este territorio catalán del Estado francés, donde Puigdemont situó provisionalmente su residencia.

Pero fuentes de Junts admiten que "la situación actual es compleja y hay que ser prudente". Aunque se habla con mucha discreción de la cuestión y no se descarta tajantemente posibles viajes del expresident, estas fuentes admiten que "hay que evaluar y monitorizar todos los movimientos del president Puigdemont, tras la desproporcionada reacción policial y judicial que pudimos ver el día 8 de agosto para capturarle a toda costa como si, en vez de ser un diputado que quería acceder al Parlament, fuera un peligroso terrorista".

Pendientes de una reunión en Suiza entre Junts y el PSOE

"En cada caso se evaluarán los riesgos −en la agenda de Puigdemont−", siempre en función de la seguridad, aseguran. Aunque también apuntan a que "la última decisión siempre la tiene el president Puigdemont, en función de los criterios políticos". Uno de los posibles viajes a la vista, que habrá que ver si se producirá, es a Suiza, donde Junts y el PSOE prevén reanudar, en las próximas semanas, las negociaciones bajo supervisión del mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

En esta reunión debería analizarse la continuidad del apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez, tras las dificultades en la aplicación de la ley de amnistía y de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Junts va a exigir una posición más contundente y activa contra los jueces del Supremo por parte del Ejecutivo español, y en el encuentro podría participar Carles Puigdemont.

Suiza se considera un país seguro, donde no rige el marco de las euroórdenes y difícilmente sería detenido un dirigente político que asiste a una negociación con un Gobierno de la UE como el español.

La complejidad de la actual situación jurídica de Puigdemont viene dada por dos hechos: la pérdida de la inmunidad como eurodiputado −ya que no se presentó en las últimas elecciones al Parlamento Europeo− que le ha permitido viajar por toda Europa con una cierta seguridad. Y el hecho de que la entrada y posterior fuga en territorio del Estado español del pasado día 8 de agosto puede complicar su situación jurídica a ojos de los jueces de otros países europeos.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona, ​​Jordi Nieva, ha planteado en varios medios que la fuga de Puigdemont podría comportar que Llarena añada nuevos delitos a la causa que instruye. Delitos que ahora quedarían fuera de la amnistía.

La imagen jurídica de Puigdemont puede quedar dañada

Además, el prestigioso experto jurídico ha asegurado que la imagen de Puigdemont puede quedar tocada judicialmente hablando a nivel europeo: "Hasta ahora Puigdemont ha estado vendiendo una imagen que era cierta, que él estaba a disposición de la Justicia de cualquier país, pero no de la española. Cómo defiendes esto ahora ante un tribunal de cualquier otro país de la Unión Europea si realmente lo que has hecho es una maniobra de escapismo, es decir, algo propio de alguien que está eludiendo la acción de la Justicia", se preguntaba en la Cadena SER.

Desde el entorno de Puigdemont rechazan este análisis y recuerdan que Puigdemont no se movió de Alemania cuando los tribunales de ese país le dejaron en libertad provisional durante la detención del 2018. Y no regresó a Bélgica hasta que los jueces alemanes lo permitieron tras denegar la entrega a la justicia española por el rechazo de Llarena a aceptar la condición de que la extradición sólo se podía dar por malversación y no por rebelión, como el magistrado del Supremo español exigía. Paradojas de la historia, justamente el delito que Llarena ha utilizado ahora para denegar la amnistía a Puigdemont.

Desde Junts aseguran que Puigdemont está a disposición de cualquier requerimiento judicial europeo porque los jueces en Europa no hacen política, pero no de los jueces españoles que, según Puigdemont, forman parte de un "golpe de estado híbrido" y están prevaricando al no aplicar la ley de amnistía. Y por eso justifican la vuelta del expresident a Bélgica después del acto de Barcelona.

De momento, Pablo Llarena no ha reactivado la euroorden tras la fuga de Puigdemont del 8 de agosto. Pero fuentes jurídicas advierten de que la euroorden puede activarse en cualquier momento que el juez lo considere oportuno y es cuestión de minutos que sea de aplicación en el país de la UE donde se encuentre el expresident.

El Tribunal Constitucional, la última esperanza

El objetivo del equipo jurídico de Puigdemont es evitar su detención y entrega a la justicia española hasta que se resuelvan los diversos recursos que han planteado contra Pablo Llarena, y contra su decisión de no aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat, al considerar que la malversación de la que se le acusa por el referéndum del 1-O fue con enriquecimiento propio, lo que le excluiría de la aplicación de la amnistía.

De entrada y lo más importante, el recurso de amparo que de momento debe resolver el propio Tribunal Supremo y que después pasará al Tribunal Constitucional. Tanto desde Junts como desde el Gobierno español se confía en que este último tribunal dictamine a favor de la aplicación de la amnistía y cierre el caso.

Pero el proceso podría durar meses o incluso algún año, apuntan los juristas. Mientras, el equipo jurídico de Puigdemont presiona al Supremo con otros recursos como el presentado contra él ante el Consejo General del Poder Judicial. Aunque fuentes jurídicas ponen en duda la efectividad real de esta iniciativa basada en lo que los abogados de Puigdemont consideran un "retraso injustificado" en la resolución de los recursos contra el rechazo de la amnistía.

Por tanto, a Puigdemont no le queda otra que esperar a que el Supremo resuelva sobre los recursos en los próximos meses y que en caso de tumbarlos -lo más previsible si tenemos en cuenta que dependerá de jueces como Manuel Marchena que ha aplicado la misma tesis que Llarena a los dirigentes independentistas sentenciados en el juicio del procés- se pueda acceder al Constitucional. En principio el Constitucional no puede amnistiar a nadie, pero sí tiene la capacidad de limitar la capacidad de interpretación del Tribunal Supremo y forzarle a rectificar hasta verse obligado a amnistiar a Puigdemont y al resto de independentistas.

Aunque muchos juristas apuntan a que esto no se producirá sin una guerra importante entre un Constitucional de mayoría progresista presidido por Cándido Conde-Pumpido y un Supremo que todavía no tiene presidente y en el que jueces como Manuel Marchena mantienen ahora mismo las riendas.