La defensa de Carles Puigdemont ha enviado un escrito al Tribunal de Cuentas donde se opone a la presentación de una cuestión prejudicial ante la Justicia europea, argumentando que este tribunal no tiene capacidad para hacerlo al no ser un órgano jurisdiccional. 

El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, responde así a la providencia que el pasado 11 de junio emitió la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento preguntando a las partes en la causa sobre el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del procés si consideraban que debía plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Para Boye, "el Tribunal de Cuentas español es un órgano
constitucional y tiene funciones tanto administrativas
como jurisdiccionales, pero esto no le confiere automáticamente la
condición de órgano jurisdiccional", únicos legitimados para presentar cuestiones prejudiciales, "según el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)", indica el letrado de Puigdemont en su escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Entre los requisitos que impone el TFUE para ser considerado órgano jurisdiccional es que sea creado por ley, que tenga carácter permanente, que tenga jurisdicción obligatoria, que haya un procedimiento contradictorio, que aplique normas de derecho y que sea independiente, recuerda el abogado.

"Cabe tener en cuenta que el sistema de nombramiento de la Delegada
Instructora, al igual que el de los consejeros del Tribunal de Cuentas, no ofrece las más mínimas garantías de independencia e imparcialidad, dado que su nombramiento como Delegada Instructora es realizado por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas,
compuesta exclusivamente por personas designadas por
las Cortes Generales". 

Para el abogado de Puigdemont, "esto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido no solo por la Constitución, sino también por el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea". 

Boye hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo e incluso a una respuesta parlamentaria de la exministra de Justicia Pilar Llop y a unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez para apuntalar el carácter no jurisdiccional del Tribunal de Cuentas. 

Tampoco puede este órgano contable presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC, recuerda el letrado. 

El abogado de Puigdemont pide que el Tribunal de Cuentas aplique la amnistía "sin más dilaciones" y que deje las "aventuras jurídicas carentes de sustento legal". Recuerda el artículo 8 de la ley de amnistía, que dice que  "quedarán extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el artículo 1.1 de esta ley, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada". 

Hay que recordar que el juicio en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O está pendiente de sentencia. La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados. Entre los procesados está el expresident Artur Mas, que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver casi 5 millones de euros a la Generalitat por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. 

Personación en el Supremo

También este martes Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que le tenga como parte personada en la causa que abrió en su contra por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic. 

Así pide a la magistrada Susana Polo que le tenga como personado, le dé traslado de todo el procedimiento y le notifique todas las decisiones que ha tomado. Así mismo, el letrado del expresident pide que se le dé plazo para pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía.  

La jueza citó a Puigdemont y al diputado de ERC Rubén Wagensberg para que declararan por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, pero la semana pasada, con la entrada en vigor de la amnistía, dio 10 días a las partes personadas para que informasen de sus posturas y decidió suspender temporalmente ambas citaciones.