El expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, marca el camino para encauzar las negociaciones hacia la investidura. Desde Bruselas, que se ha convertido en epicentro accidental de la formación del Gobierno español, ha apelado a los partidos españoles a habilitar "un proceso de negociación serio, honesto y ambicioso" que permita cerrar un "acuerdo histórico" y evitar el adelanto electoral.

Asegura, eso sí, que a día de hoy esas condiciones todavía no se dan. "La pregunta no es si nosotros estamos preparados para la negociación, es si los dos partidos están", ha afirmado 24 horas después de reunirse con la vicepresidenta Yolanda Díaz. En una sala de prensa abarrotada, Puigdemont ha asegurado que Junts mantiene la legitimidad del 1-O y que no renunciará a la unilateralidad para hacer valer los derechos de los catalanes.

Durante la rueda de prensa, de media hora de duración y sin preguntas, el líder independentista ha desgranado las condiciones sine qua non sobre las que basa el punto de partida para dicha negociación. Puigdemont exige el abandono de la vía judicial y "de la represión". Un mecanismo de mediación y de supervisión de las promesas pactadas. El respeto de los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos. Y la aprobación de una ley de amnistía.

En primer lugar, Puigdemont exige el reconocimiento de la legitimidad democrática. El abandono de la vía judicial y "de la represión". "El 1 de octubre, la declaración de independencia, las protestas masivas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo no supusieron un delito", ha asegurado. En este marco, ha exigido la creación de una ley de amnistía que cubra todos los hechos del marco político catalán de la última década. También ha apelado a la creación de un mecanismo de mediación y de supervisión de las promesas pactadas, es decir, una especie de relator que con mucha probabilidad sería internacional. También, el respeto de los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos debido "a la total falta de confianza". Con este escudo, podría obtener concesiones históricas a nivel interno al mismo tiempo de mantener el ojo del mundo sobre Catalunya.

Fuentes cercanas explican que la estrategia es contar con la ley de amnistía en el Congreso y el mecanismo de verificación antes de sentarse en la mesa de negociación, que buscan que sea discreta y a puerta cerrada. Es decir, estos cuatro requisitos son precondiciones que deben ser consumadas y comprobables antes de arrancar las negociaciones de investidura. En un hipotético pacto "histórico" de investidura sí se exigiría la puesta en marcha de un referéndum. "Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y de su derecho a la autodeterminación", ha afirmado.

El terreno a día de hoy está, sin embargo, poco maduro. El catalán identifica dos grandes problemas en este punto de partida. El primero el bloqueo judicial español. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suma cinco años sin renovar su mandato siendo uno de los grandes y más problemáticos asuntos de preocupación de la Comisión Europea hacia España. Y el segundo el "acoso y derribo" al que a su juicio PP y PSOE han sometido a Junts.

Por otro lado, salen los primeros brotes verdes. Como parte del acuerdo para la mesa del Congreso, el PSOE accedió a las demandas de Junts para pedir que el catalán –también el euskera y el gallego– se conviertan en lenguas oficiales de la UE. Los 27 ministros europeos abordarán el debate por primera vez el próximo 19 de septiembre en el marco del Consejo de Asuntos Generales, aunque es complicado que la medida cuente con el apoyo unánime de todos los Estados miembros.

Puigdemont tiene la llave en Waterloo la llave del Gobierno español. Y está dispuesto a aprovecharla para recuperar un protagonismo y un capital que se había ido apagando en los últimos meses. La aritmética parlamentaria no deja muchas opciones: nuevas elecciones, pacto con Junts o transfuguismo de algunos diputados de la Izquierda a un apoyo de Alberto Núñez-Feijóo. Así lo advierte: "España se enfrenta a un dilema: repetición electoral que certifique el riesgo de equilibrios políticos tan frágiles como los vistos hasta la fecha o pacta con un partido que no renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para proteger sus derechos".