Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) coinciden en que hay que hacer una especie de último gran esfuerzo antes del día 30 de enero, cuando, previsiblemente, se votará en el pleno del Congreso de los Diputados la aprobación de la ley de amnistía. Varias figuras del PSOE han trasladado en más de una ocasión que el texto legislativo era "muy sólido", pero las negociaciones con las distintas partes han ido moldeándolo en varios de sus artículos.

Junts y Esquerra, en privado, apuntan que los distintos movimientos judiciales que se han ido sucediendo en los últimos meses les han dado una información "valiosa" para colocar contrafuertes a la compleja arquitectura de la ley de amnistía.

Fuentes de Junts hablan de que los equipos jurídicos de las distintas formaciones implicadas en los diálogos para alicatar la amnistía prácticamente han podido "hacer un manual" con todos los posibles flancos por los que se podría agrietar la ley. En el entorno de ERC dicen que la intención de Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo "ha señalado de forma muy clara por dónde se podría atacar el texto".

Uno de los asuntos que más preocupan es el relativo a la aplicación de la ley cuando, eventualmente, se involucre al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el juego. Las negociaciones hasta el último minuto tendrán ese telón de fondo. Los socialistas, desde el primer momento, consideran que la ley, con su redacción actual, podrá resistir. Desde Junts la ven "mejor que al principio", pero quieren apuntalarla aún más. 

Tampoco renuncia a ello en Esquerra Republicana, tal y como ha podido saber Público. La propia diputada Teresa Jordà, a la entrada de la Diputación Permanente, ha confirmado que el diálogo continúa.

Eliminar el "terrorismo" de la ecuación

En las mesas de Junts, PSOE o ERC hay dos carpetas. Una, con los puntos de encuentro que ya han alcanzado. Otra, con un grueso de objetivos especialmente de Junts, aunque también de ERC, que tratarán de añadir a la ley antes del día 30. Se ha hablado mucho ya de los matices en el artículo 2 de la ley, el dedicado lo que queda fuera de su paraguas. Sobre todo de los que tienen que ver con el terrorismo. 

"Cada uno venderá la enmienda sobre la exclusión del terrorismo de la amnistía como mejor encaje con su parroquia", desliza una fuente cercana a las negociaciones. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistió en que "el terrorismo se mantiene fuera de la amnistía". Desde Junts señalan que la enmienda que se transaccionó este martes estrecha la capacidad de maniobra de los jueces para utilizar causas de terrorismo con el objetivo de dificultar la aplicación de la amnistía. 

Junts y ERC aborrecen hablar de terrorismo en el marco del procés, si no consiguen desterrarlo por completo del texto legislativo, prefieren concretarlo todo lo posible para limitar la acción de los jueces.

Pero, ¿cómo se ha resuelto, a día de hoy, la cuestión del terrorismo? El nuevo apartado "d" del artículo 2 especifica que los actos tipificados como terrorismo en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal se excluyen de la amnistía, pero lo matiza de dos formas distintas.

Por un lado, concreta que solo quedarán fuera de la amnistía "los que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos", es decir, matar o torturar. Y que, por otra parte, tendrán que haber sido perpetrados "de forma manifiesta y con intención directa". Junts considera que es una redacción que acota más la actuación de los jueces. También ha quedado retirada la puntualización que aparecía en el texto original del PSOE y que concretaba que solo quedaban excluidos de la amnistía los actos de terrorismo sobre los que hubiera recaído una "sentencia firme". El actual texto no lo especifica.

Sobre Carles Puigdemont o Marta Rovira no ha recaído, por el momento, una sentencia firme y es prácticamente imposible que las cosas vayan tan rápido como para que recaiga antes de que la ley entre en el BOE. Por eso, algunas voces señalan que la ley ya era lo bastante robusta antes de la última modificación. Sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que los retoques la fortalecen.

Junts no renuncia a sus enmiendas

"No renunciamos a ninguna enmienda", han aseverado los junteros en varias intervenciones públicas. La certeza tanto para ellos, como para Esquerra es que, además de los ya transcurridos, los días clave para parir una ley de amnistía con garantías son los que quedan hasta que se vote en pleno. Su proceso de mejora frenará de golpe cuando la ley encuentre la mayoría popular en el Senado y, una vez vuelva al Senado, tampoco se podrá ampliar. "Parchearla" una vez se publique en el BOE no es un escenario que se contemple.

Fuentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) explican que han firmado algunas enmiendas transaccionadas con Junts precisamente para dotar de razones a los junteros en sus diálogos con el PSOE.

Además de no dejar rastro de "terrorismo" en la ley, Junts tampoco da por perdido ampliar la horquilla de la amnistía hasta noviembre de 2011 para cubrir las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas que incumben al personal de la conselleria catalana de Exteriores. 

El gran 'melón' de las medidas cautelares y el TJUE

Que abarque todos los casos posibles y blindarla ante el Tribunal Constitucional (TC) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En Junts insisten en que la actual redacción de la ley en este campo mejora la original. La enmienda que se introdujo el martes señala que el alzamiento de las medidas cautelares —órdenes de detención, inhabilitaciones, etc.— no se verá afectado por "la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa".

No obstante, el partido que lidera Carles Puigdemont aspira a que se profundice más en la cuestión y se cite, concretamente, que, a pesar de que se eleve una cuestión prejudicial al TJUE o un recurso de inconstitucionalidad al TC, en ningún caso se verá afectado el alzamiento de las medidas cautelares. Los expertos en esta materia con los que ha podido hablar Público coinciden en que se trata de uno de los aspectos más delicados de la ley porque podría entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico europeo.

Fuentes de ERC y Junts coinciden en que los próximos días serán clave. Es más una cuenta atrás, que unos minutos de la basura.