Al límite, otra vez. Este lunes, se cumplen dos semanas desde que la Mesa del Congreso de los Diputados aceptara la prórroga que el Grupo Socialista pidió para poder alargar las negociaciones sobre la ley de amnistía con Junts per Catalunya. Son dos semanas, eso sí, en las que han pasado muchas cosas, aunque los contactos entre socialistas y posconvergentes se han mantenido a un nivel subcutáneo. Fuentes socialistas, en cualquier caso, apuntaban la semana pasada que el acuerdo, casi con total seguridad, volverá a llegar in extremis.

El caso Koldo, con el consiguiente goteo de informaciones y el derivado interés informativo que ha despertado el destierro del exministro José Luis Ábalos del PSOE, ha permitido que las negociaciones para la amnistía, en todo momento activas de acuerdo con lo que dicen PSOE y Junts, se hayan desarrollado en una intimidad inaudita. Pocos titulares, pocas portadas e incluso pocas preguntas. 

Pero el calendario manda y este jueves 7 de marzo es el límite para que la comisión de Justicia se reúna otra vez y emita un nuevo dictamen. Hasta el martes, día 5, se puede convocar la comisión. Una vez superado el paso por comisión, la Junta de Portavoces decidirá cuándo vuelve a ir a pleno la ley. Todo eso si no se confirman los rumores, por el momento poco consistentes, de que se pudiera solicitar una nueva prórroga para prolongar las negociaciones. Las fuentes del Congreso consultadas no descartan que el reglamento pueda permitir esa nueva ampliación del plazo.

De todas formas, en conversación con Público, aclaran que, en caso de que algún grupo parlamentario solicite esa nueva prórroga, se pondrá la decisión en manos de los letrados, cuya función es aconsejar sobre la aplicación de la norma. El artículo clave es el 91 del reglamento del Congreso, que da a la Mesa la potestad de acordar la prórroga de los plazos establecidos, aunque especifica que, "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo".

Aunque ese es un escenario al que no quieren dar lugar ni PSOE ni Junts. Ambas formaciones confían en llegar a un acuerdo antes del día 7. De hecho, fuentes socialistas comentaban hace unos días que tienen confianza en que los de Carles Puigdemont no vuelvan a "tirar" la amnistía en el último minuto. Los propios socialistas reconocieron que la amnistía es crucial para que las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se desarrollen sin más complicaciones que las tradicionales y dan por descontado que Junts vincula ambas cosas.

Es cierto, por otra parte, que el infarto que sufrió el secretario general de Junts, Jordi Turull -personaje clave en las negociaciones, y que le obligó a guardar reposo varios días-, además del papel que presumiblemente ha tenido que jugar Santos Cerdán —su homólogo socialista y también pieza crucial para desenmarañar la amnistía— en los intentos del PSOE de sofocar el incendio provocado por el caso Koldo pueden haber ralentizado algo las conversaciones, pero ninguna de las partes interesadas da muestras de preocupación ni nerviosismo.

Unos y otros insisten en la discreción. El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, lo repitió el 29 de febrero en una comparecencia, en la que, por otra parte, criticó duramente la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa por terrorismo al expresident Carles Puigdemont. De todas formas, el nuevo revés judicial no estaría interfiriendo, al menos de forma decisiva, en las negociaciones.

Los puntos calientes

La eliminación de cualquier referencia al terrorismo en la ley sigue siendo la principal demanda de Junts, que se esmera en mantener la negociación en torno a su articulado. Más allá de que el PSOE pueda comprometerse a no abandonar a aquellos que puedan quedar fuera de la amnistía u ofrecer soluciones como la limitación de los plazos de instrucción la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), algo que han ido deshinchando con el paso de los días, los junteros quieren perfilar al máximo el texto. Alicatarlo para que cubra todo el terreno posible. Pero la del terrorismo es una línea roja que Pedro Sánchez no tiene pensado cruzar. Al menos, no de forma drástica. 

Según ha podido saber Público, las posturas de las dos partes son ahora algo más flexibles que hace dos semanas, cuando la amnistía se estrelló contra la falta de entendimiento entre unos y otros. 

Alrededor de las dos piezas principales de la negociación orbita todo el resto de partidos. Esquerra Republicana de Catalunya, el otro principal interesado en que la ley de amnistía prospere, insiste, en conversación con este medio, en que ellos "creen que la ley es fuerte y garantista tal y como está" y que no debe ir cambiando al ritmo que aparecen nuevas actuaciones judiciales.

Un eventual acuerdo entre PSOE y Junts volvería a activar el mecanismo parlamentario. Después de que se vote en pleno, previa entrega del dictamen de la comisión de Justicia, la ley de amnistía pasará al Senado, donde el PP la espera con toda la artillería lista para que quede varada en la Cámara Alta, al menos, dos meses. Entretanto, a mediados de marzo, la Comisión de Venecia publicará su informe definitivo -ya ha publicado un borrador- y es de esperar que los letrados del Senado hagan lo propio.