El recelo se apodera de los que serían los últimos compases de la larga tramitación de la ley de vivienda en el Congreso. Esta gran cuenta pendiente del Gobierno de coalición y de la legislatura camina por una vía mucho más optimista que la transitada por la reforma de la ley mordaza. El fiasco en torno a esta última (su tramitación decayó en la Comisión de Interior tras el no de ERC y EH Bildu) convierte a la ley de vivienda en la gran esperanza en cuanto a los retos aún pendientes.

La norma suma un retraso de más de dos años y medio entre las negociaciones en el seno del Gobierno, primero, y en la Cámara Baja, después. De cara a los comicios locales y autonómicos del próximo 28 de mayo, este asunto se coloca entre uno de los prioritarios para el Gobierno de coalición. No solo porque supondría dar salida a uno de sus proyectos más ambiciosos, sino porque entienden que es una "baza" de cara a esta importante cita con las urnas.

Ante las aspiraciones del PSOE de darle salida "lo más pronto posible", como llevan repitiendo meses sus dirigentes, y las previsiones de que esté lista con la mirada puesta en el28M, sus socios de la coalición y los aliados parlamentarios, esto es, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, ponen en duda estas proyecciones y echan la pelota en el tejado de Ferraz.

Optimismo en el PSOE

"Me gustaría mantener la esperanza y yo creo que sí, que vamos a conseguir la aprobación de esa ley", afirmó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, incidió en que se están ajustando y perfilando los "últimos flecos" con los grupos, una idea repetida en Moncloa y el grupo socialista desde hace semanas que se ha topado constantemente con la rebaja de expectativas de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE.

La entrada de escena del Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, en las negociaciones entre el PSOE, en representación de Transportes, y sus aliados parlamentarios enfrió las buenas previsiones sobre la tramitación parlamentaria de la norma al vetar varias de las propuestas inicialmente bien vistas en las conversaciones multidireccionales.

Entre los avances se encontraba la limitación de manera estructural y con una cifra concreta las revisiones de los contratos en vigor, cuya actualización suele estar ligada al IPC. En su lugar, el departamento de Calviño ofreció un índice para regular estos precios, que se diseñaría después de aprobar la norma y se referenciaría en la evolución del mercado inmobiliario, según confirmaron fuentes de la negociación.

Hasta el diseño de dicho índice, la propuesta del Gobierno pasa por fijar un límite temporal del 3% durante 2024, pero tanto los morados como los partidos independentistas han mostrado sus reticencias, y apuestan directamente por fijar ese límite del 3%, o incluso del 4%, de manera permanente (ahora está establecido en el 2% como medida extraordinaria por la crisis).

Por tanto, la discusión en torno a cómo regular las actualizaciones ante las subidas que se pueden producir en el precio de los alquileres por el IPC es una de las cuestiones que se sigue analizando y que separa a los socialistas de sus socios de un acuerdo. "Está en manos del PSOE aprobar ya la ley", agitan desde la formación de Ione Belarra.

En el caso de ERC y EH Bildu, las otras dos formaciones implicadas en la negociación e imprescindibles para que la norma vea luz verde, recuerdan que todavía hay "varias cuestiones pendientes de responder desde hace semanas" y de las que no se han producido cambios. Dentro de la "máxima discreción" que otorgan a las conversaciones, estas fuerzas también apelan a los socialistas y les apremian a "ponerse las pilas" a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa para llegar al 28 de mayo con la ley de vivienda debajo del brazo.