El Gobierno de Susana Díaz se encuentra en una difícil encrucijada política que forzosamente tendrá que resolver en los próximos días. Este año, este mes, toca poner el contador a cero y decidir si se prorrogan las subvenciones públicas en los 598 colegios semiprivados que hay en Andalucía. Todas estas escuelas, la mayoría católicas, se encuentran en pleno proceso de renovación de conciertos. Una vez que se autorizan (la ley actual dice que por seis años), la Junta no puede retirarlos, a no ser que cambien las condiciones de escolarización por las que les fueron concedidos.

El problema es que en los últimos años ha habido un descenso demográfico evidente, que se traduce en menos alumnos de nuevo ingreso: la población infantil de 3 años lleva varios cursos disminuyendo y la oferta de plazas es cuatro veces superior al censo escolar. O sea, que a ojo de la Administración educativa sobran puestos escolares, y los estudiantes que antes ocupaban dos líneas (un 1º A y un 1º B de Infantil) ahora caben en una sola.

Por tanto, el Gobierno andaluz debe tomar de forma inminente dos decisiones de enorme calado político: Primero tiene que decidir si cierra las aulas que no van a llenarse, algo que, a priori, puede parecer evidente, pero no lo es en absoluto para los grupos de izquierda. Podemos e IU presionan a la Junta para que no elimine unidades escolares, al contrario, insta a la Junta a aprovechar que hay menos matriculaciones para bajar la ratio de alumnos por aula, y así mejorar la calidad educativa.

La ley fija un máximo de 25 niños por clase (ampliable hasta 28 en caso de escolarización sobrevenida) y Andalucía suele rebasar ese tope, sobre todo en los colegios de las ciudades. Una ratio menor, por ejemplo de 12 alumnos por aula, como sucede en el País Vasco (donde la población escolar es cinco veces menor), equivale a una mejor calidad educativa, según los expertos. Claro que el coste de un maestro para cada 12 estudiantes es mayor que para cada 25.

El Ejecutivo de Susana Díaz parece haber hecho números, porque ya ha sugerido que cerrará las aulas que no se ocupen con 25 niños. La explicación que ha ofrecido la consejera de Educación, Adelaida de la Calle es ésta: “Donde no existan niños, ¿no me pedirá que ponga un profesor, no? Porque eso sería ir en contra del aprovechamiento de los recursos públicos”.

De modo que esta solución conduce al segundo dilema: ¿Dónde cerramos unidades escolares: en los colegios públicos o en los privados concertados? Esta decisión es muy sensible, porque afecta a muchísimas familias y a su derecho a elegir libremente la escuela en la que estudiarán sus hijos.

Pero también es una decisión mucho más compleja desde el punto de vista político porque, aunque la Junta trate de hacer ver que es un mero asunto organizativo y de gestión de recursos (“La demografía no solo se sufre en la escuela pública, también en la privada”, dice la consejera), en realidad, se trata de una decisión de gran voltaje político, de esas que definen ideológicamente a un Gobierno: ¿seguimos subvencionando con dinero público escuelas católicas semiprivadas aun a costa de cerrar aulas en los colegios públicos más próximos? ¿Concebimos la concertada como una red escolar auxiliar, que complementa a la escuela pública, o que la sustituya? ¿Debe un Ejecutivo socialista financiar un modelo educativo contrario a sus principios -en Andalucía aún hay 12 colegios que segregan por sexos subvencionados por la Junta- aunque esto suponga sacrificar aulas en la pública?

De marea blanca a marea verde

Casi sin tiempo para reponerse de la crisis sanitaria que ha sacado a la calle a miles de manifestantes en Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, y que se ha cobrado la cabeza de los principales dirigentes y gestores de la Consejería de Salud, el Gobierno andaluz se ha dado de bruces con este asunto, extremadamente frágil, que además coloca a la presidenta Susana Díaz en la difícil tesitura de alinearse con un bando u otro. La presión le llega por ambos flancos, a modo de sandwitch:

En los últimos días, la marea verde en defensa de la escuela pública ha anunciado una semana de concentraciones y protestas de maestros en las ocho provincias (del 15 al 23 de febrero) para evitar el cierre de aulas en sus centros, bajo el lema El dinero público, para la pública. Escuela pública: de todos, para todos, criticando que la renovación de conciertos mientras se cierran unidades de la enseñanza pública supone una “privatización encubierta”. Al mismo tiempo, desde el flanco opuesto, la patronal de colegios privados concertados presiona a la Junta, anunciando movilizaciones y entregando 350.000 firmas en defensa de la renovación íntegra de todos los conciertos en las escuelas católicas.

Esta presión social inevitablemente se ha trasladado al Parlamento. Desde la izquierda, Podemos e IU empujan a la Junta para que retire conciertos a los colegios católicos y derive al alumnado de nuevo ingreso a las escuelas públicas con espacio disponible. “La escolarización no se rige sólo por criterios de oferta y demanda. Antes de proponer cualquier tipo de ajuste en la pública es necesario un replanteamiento de las políticas de concertación. Donde existan plazas públicas suficientes, no se deben mantener conciertos en centros privados”, dicen desde la coalición de izquierdas.

En la anterior legislatura, el PSOE cogobernaba con IU, y entonces la coalición de izquierdas sí forzó a sus socios a realizar un “estudio de proyección” por zonas escolares para lograr “el mayor aprovechamiento y optimización de los espacios en las escuelas públicas”. Se localizaron los colegios de titularidad pública que disponían de espacio para aumentar líneas (cursos), en detrimento de los concertados más próximos, que perderían las unidades sobrantes.

Entonces, cuando PSOE gobernaba con IU, y no con Ciudadanos, la Junta admitió que “el trasvase de alumnos de nuevo ingreso de unos a otros centros permitiría aumentar la plantilla de profesores en la pública: 1,2 maestros por cada curso de más en Primaria; y 1,6 en Secundaria, según datos de la Consejería de Educación. Este jueves, durante la sesión de control al Gobierno, tanto la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, como el líder de IU, Antonio Maíllo, tienen previsto interpelar a Susana Díaz sobre el “blindaje” de la educación pública, e intentarán un pronunciamiento claro de la presidenta sobre este asunto.

Faltan dos semanas para que en Andalucía se inicie el proceso de matriculación de alumnos de nuevo ingreso (Infantil, 3 años), que dura todo el mes de marzo. Respecto a la posible renovación de muchos conciertos, las Delegaciones territoriales de Educación en las ocho provincias ya han informado de que “no existen necesidades de escolarización que no puedan ser satisfechas de otra forma”, es decir, que para el número de alumnos que se prevé, hay espacio en las escuelas públicas.

Pero la decisión no es sólo organizativa. Las familias que defienden un modelo de educación católico para sus hijos quieren colegios concertados, no les vale la pública como alternativa. El PP siempre ha apoyado sus reivindicaciones, y ahora también lo hace Ciudadanos, socio de Gobierno de Susana Díaz, que ya se ha reunido y tranquilizado a la patronal de escuelas religiosas.

Las primarias del PSOE, de fondo

El que la presidenta andaluza incline la balanza del presupuesto educativo hacia un lado u otro va a ser determinante también para otros debates de gran calado que se están produciendo justo ahora. Los grupos en el Congreso de los Diputados acaban de iniciar el debate para lograr un pacto de Estado por la Educación.

La polémica Lomce del PP (Ley para la Mejora de la Calidad Educativa) está en la picota, porque todos los partidos de la oposición quieren derogarla, y el Gobierno de Mariano Rajoy parece estar dispuesto a ceder. Precisamente fue la Lomce la que blindó los conciertos durante seis años (en vez de los cuatro que había hasta entonces), e introdujo un controvertido cambio normativo de última hora: las subvenciones públicas para los colegios católicos ya no estarían condicionadas a las necesidades de escolarización, sino a la “demanda social”. Es decir, que si los colegios y las familias reclaman más escuelas concertadas, los gobiernos autonómicos están obligados a subvencionarlas. Mientras no se derogue esta disposición adicional de la Lomce, el blindaje de los conciertos andaluces está garantizado por ley.

Por último, está la lectura que tiene que ver exclusivamente con la figura política de Susana Díaz, en el punto de mira de todos los socialistas, porque se encuentra a un paso de anunciar su candidatura a la secretaría general del PSOE. Una de sus fortalezas es el Ejecutivo andaluz, pues ella se jacta de haber gestionado los peores años de la crisis desde la izquierda, sin recortes drásticos en el gasto público y sin privatizar, contrastando así con el modelo de los gobiernos del PP.

Su handicap, en cambio, es que en la larga carrera a la secretaría general del PSOE, Díaz es vista por algunos como la candidata más próxima a la derecha. Esta tesis, difundida sobre todo por el entorno de Pedro Sánchez, recuerda que la andaluza empujó al partido a abstenerse en la investidura de Rajoy, facilitándole la presidencia; que la Gestora está pactando acuerdos en el Congreso con el PP y que en las encuestas, Díaz se identifica más con el votante de derechas, y Sánchez con el de izquierdas.

La política educativa, probablemente la cartera más ideológica de todas, puede esclarecer muchas dudas a los escépticos. Andalucía ha mantenido desde hace 30 años un equilibrio desigual entre la red de escuelas públicas (80%) y la concertada (20%), a diferencia de Madrid, donde el reparto es casi del 50-50. Esto es algo que todos los presidentes andaluces -Manuel Chaves, José Antonio Griñán y la propia Díaz- han recordado cada vez que el complejo asunto de la renovación de conciertos a colegios católicos salía a la luz. Y el dato es cierto, aunque relativamente.

La concertada apenas tiene escuelas en las zonas rurales y en los municipios pequeños. Sus colegios se concentran exclusivamente en las grandes ciudades, como Sevilla capital, donde la diferencia entre públicos y semiprivados es mínima (de hecho en los barrios más pudientes, como el Casco Antiguo, hay muchos más colegios privados concertados que públicos).

Está por ver si Díaz gestiona este asunto apoyándose en Ciudadanos, que defiende preservar todos los conciertos, o si busca el respaldo de Podemos e IU. Estas dos formaciones ya han llevado a la Cámara una proposición de ley conjunta para fijar un suelo de gasto mínimo en educación del 5% del Presupuesto Autonómico, que aún no ha sido debatida, aunque el Consejo de Gobierno ya anticipó su voto en contra. En el curso 2011-2012, justo antes de la aprobación de la polémica Lomce (que blindó las ayudas a los colegios semiprivados), en Andalucía se concertaron 6.590 cursos en Infantil y Primaria (3.011 en Secundaria).

El presupuesto asignado ascendió a 314 millones de euros, el mismo que en las cuentas de este año (aunque la consejería se niega a facilitar el número de unidades actuales en la pública y en la concertada). En los casi 600 colegios semiprivados de Andalucía trabajan alrededor de 19.000 profesores, cuyas nóminas representan un importe anual neto de 650 millones de euros, según datos de la Consejería de Hacienda.