La operación de compra de la sede de Abengoa, para levantar allí la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que ha aprobado el Gobierno andaluz para la que ha usado de manera indirecta los fondos europeos REACT-UE –a través de una "reorientación" de recursos propios destinados a sanidad y educación–, llegó este jueves al Parlamento de Andalucía. En la sesión de control al presidente de la Junta, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, acusó a Juanma Moreno de haber practicado un recorte en sanidad y educación para disponer de los 78 millones de euros.

"Le parecía mucho [poner] 20 millones [para el rescate de Abengoa] y sin embargo destinan 78 millones de la sanidad y la educación a comprarle la sede a acreedores internacionales que no garantizan el mantenimiento del empleo. Sevilla necesita la ciudad de la justicia, pero en lugar de quitar el dinero de la sanidad y la educación pública en Andalucía, quítelo de la propaganda, de la publicidad que no ayuda y se ha convertido en la prioridad de su Gobierno", le dijo Díaz en la sesión de control.

Moreno lo negó: "Aquí no se le quita ningún dinero a la sanidad. Que usted lo sepa. Aquí lo que se le pone a la sanidad y a la salud 2.000 millones en sanidad. Lo que usted no hizo". El presidente también manifestó que a Díaz le "faltaba información" y habló, igual que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el día anterior, que los fondos utilizados eran propios de la Junta de Andalucía, de lo que se conoce como "autofinanciada". Moreno remachó: "La Ciudad de la Justicia lleva 25 años esperando. Promesas de su gobierno".

Aunque formalmente se pague la sede de Abengoa con recursos propios, en realidad son los fondos europeos REACT-UE, creados con la idea de hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, los que financian esa "reorientación" del gasto, que consiste en destinar en efecto, como dijo Díaz, partidas de educación y sanidad, destinadas al salario de profesores y sanitarios, al pago de la sede de la multinacional. Como esa merma en el dinero destinado a salarios, si no se cubre, supondría un escándalo mayúsculo, los fondos europeos permiten evitarlo. Así consta en la documentación elevada por Hacienda al Consejo de Gobierno.

La Memoria que justifica la modificación presupuestaria y que se puede consultar aquí lo recoge de este modo: el expediente instado para la generación de crédito procedente de los recursos extraordinarios del instrumento REACT-UE ofrece "la oportunidad de reorientar parcialmente los recursos autofinanciados incluidos en el presupuesto de 2021 hacia atenciones prioritarias cuya cobertura presupuestaria no hubiera sido posible sin contar con dichos recursos adicionales".

"Así, –se añade– conforme a las memorias aportadas por las consejerías competentes en materia de educación y salud respectivamente, resulta un volumen de crédito del que puede disponerse como consecuencia de la financiación con los fondos REACT-EU de parte del coste de las nóminas del personal sanitario y educativo".

En resumen, lo que la propia Consejería de Hacienda recoge en el expediente de modificación presupuestaria, es que sin los fondos europeos para salir de la crisis de la covid, la operación de compra de la sede de Abengoa no podría haberse hecho.

A la Junta de Andalucía le corresponden 1.880 millones de euros de los fondos REACT-UE, un dinero extra para invertir en la recuperación económica y en los sectores más afectados por la pandemia. Como parte de ese dinero se traslada a la compra de Palmas Altas y a otros fines, al final, habrá que descontar de los finalmente destinados a la sanidad y la educación los utilizados para la Ciudad de la Justicia, en este caso 78 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Público, indicaron que estas transferencias de créditos del Gobierno andaluz es "fea, poco ortodoxa, pero no es ilegal" –está, de hecho, avalada por la Intervención General de la Junta de Andalucía–. Otras fuentes conocedoras del funcionamiento de la administración afirmaron con un punto de ironía: "Claro que no es ilegal. Uno puede recortar lo que quiera de su presupuesto".

La Ciudad de la Justicia

Abengoa es una empresa que emplea a unas 1.500 personas en la capital andaluza y 14.000 en todo el mundo, y que está ahora mismo fagocitada por la deuda e inmersa en un proceso concursal. El gabinete de Moreno se negó a poner 20 millones de euros para el último plan de salvación en el que estaban de acuerdo el Gobierno de España, que iba a avalar la operación, y la banca, y con ello dificultó que este pudiera llegar a buen puerto. El Ejecutivo andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía. Ahora, cuando la gestión de la multinacional se lleva desde el juzgado 3 de lo mercantil de Sevilla, el Gobierno andaluz acomete esta operación.

El proyecto del Gobierno andaluz para la Ciudad de la Justicia es a medio plazo. El actual Campus de Palmas Altas se levanta sobre un recinto cerrado de 42.189 metros cuadrados y se compone de un conjunto de siete edificios de entre tres y cinco plantas, agrupados en dos áreas y dispuestos alrededor de la plaza central con zonas ajardinadas. Tiene una superficie construida de 51.466 metros cuadrados para uso de oficinas y 983 plazas de aparcamiento subterráneo, según el Gobierno andaluz.

La Ciudad de la Justicia llegará a superar los 215.000 metros cuadrados entre el espacio destinado a oficinas y aparcamientos tanto subterráneos como sobre rasante, una vez que esté finalizada al completo, tras una inversión total en obras de 128 millones de euros entre la readaptación del actual Campus a sede judicial y de construcción de los nuevos edificios, asegura la Junta de Andalucía.