El Gobierno se ha acogido al precepto constitucional que le permite vetar la tramitación de iniciativas parlamentarias que supongan un aumento del gasto público para impedir tramitar una proposición de ley de ERC sobre víctimas del franquismo por su alto coste, superior a 4.293 millones de euros.

Un veto que, junto a otro a una proposición del Parlamento gallego sobre preferentes, será analizado este martes por la Mesa del Congreso, que tiene que decidir si paraliza la tramitación parlamentaria de estas dos iniciativas o si permite su admisión a trámite.

El artículo 134.6 de la Constitución dice que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Las medidas incluidas en la iniciativa de ERC arrojarían, cuanto menos, un incremento presupuestario de 4.293.978.895,16 euros, según el cálculo del Ministerio de Hacienda y Función Pública en un informe económico que sirve de base para oponerse a su tramitación.

Pretende la proposición de ERC el "reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica", incluidas aquellas que aún no han obtenido su "justo reconocimiento y reparación", modificando la Ley de Memoria Histórica.

Con ese fin se propone una amplia serie de medidas como el apoyo económico y jurídico del Gobierno a las reclamaciones por delitos cometidos durante el franquismo, la reparación "jurídica, moral y económica" a los represaliados o la exención del IRPF para las indemnizaciones que se pudieran percibir.

Documental de TVE sobre la II República

Entre estas indemnizaciones figuran 135.000 euros para los beneficiarios de todas las personas fallecidas por la represión franquista, u otras para las "organizaciones armadas antifranquistas".

También planteaba ERC que el Estado se ocupara de localizar las fosas comunes de los desaparecidos, con cargo a los presupuestos generales del Estado, la restitución de los bienes y dinero incautados durante la dictadura a los perseguidos políticos o la reparación de daños por uso de armas químicas en la guerra del Rif.

Una serie documental producida por TVE sobre la II República y otra sobre la represión franquista figuran también entre las medidas solicitadas por ERC.

El Gobierno argumenta que estas disposiciones conllevan un "incremento significativo del gasto público" y, aunque reconoce que muchas de ellas son de imposible cuantificación por su "ambigüedad", sí hace un cálculo de otras.

Así, calcula que si se pagaran los 135.000 euros de indemnización prevista a los 31.656 beneficiarios que actualmente perciben algún tipo de prestación derivada de la Guerra Civil, el coste alcanzaría los 4.273.560.000 euros.

Respecto a las series televisivas, apunta como referencia que una de las últimas de naturaleza histórica realizada por TVE, de 17 capítulos, tuvo un coste global de 10.209.447,58 euros más IVA, cantidad que se multiplicaría por dos series y se sumaría al monto previsto para las indemnizaciones.

Estas cifras, junto a la pérdida de ingresos que supondría la exención del IRPF en las indemnizaciones, lleva a Hacienda a no prestar la conformidad para la tramitación de la proposición.

Proposición de ley sobre preferentes

También ha vetado el Gobierno una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia por unanimidad que pretende reformar una norma estatal para que a los pequeños ahorradores no les sean aplicadas quitas en sus preferentes o subordinadas.

Analizada la proposición de ley, el Gobierno considera que su aplicación derivaría en un impacto en los recursos públicos vía participación en el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y la activación de garantías concedidas en desinversiones previas.

Dichos recursos públicos procederían del presupuesto del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), integrado a su vez en los presupuestos generales del Estado, de manera que se generaría un aumento del déficit público.

El Gobierno recuerda que en 2013 se hizo un proceso para minimizar la situación sin el cual el FROB hubiera tenido que hacer una inyección adicional de recursos públicos de más de 13.640 millones de euros.

Y subraya que los tenedores minoristas han recuperado entre el 75 y el 80 por ciento del capital nominal invertido a través de mecanismos como procesos de arbitraje de consumo; sentencias judiciales y medidas de liquidez.

Si se aprobase la proposición, tendría efecto sobre ese 20 o 25 por ciento no recuperado, que finalmente derivaría en un impacto en los recursos públicos vía participación en BFA y activación de garantías concedidas en desinversiones previas, arguye Economía.