Las elecciones generales del día 23 llegan en un contexto muy diferente al de las anteriores, celebradas el 10 de noviembre de 2019. Entre otras cuestiones, el conflicto político catalán tiene un peso claramente menor, ya que los comicios precedentes se realizaron apenas cuatro semanas después de que el Tribunal Supremo impusiera una condena a muchos años de cárcel a nueve dirigentes independentistas, entre los que estaba el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el actual secretario general de Junts, Jordi Turull.

Cuatro años después y cuando ya han pasado dos desde la concesión de los indultos a los antiguos presos independentistas, la carpeta catalana acapara menos atención mediática y tiene una presencia más reducida en las entrevistas y mítines de esta campaña, algo que no quiere decir que haya desaparecido. Mientras las formaciones independentistas siguen defendiendo la celebración de un referéndum de autodeterminación como vía de resolución definitiva del conflicto, ahora mismo ya no hay ningún partido estatal que apueste por él, una vez Sumar ha decidido no recoger lo que era una demanda histórica de los Comuns.

Repasamos a fondo lo que dicen los programas para el 23J de los cuatro grandes partidos estatales sobre el conflicto político catalán, la financiación autonómica, las inversiones en infraestructuras o la lengua catalana.

Conflicto político

A grandes rasgos, en este ámbito existe una rebaja de planteamientos y ambición en los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar- y un mantenimiento de la apuesta por la represión por parte de PP y Vox, que plantean recuperar delitos desaparecidos en la última reforma del código penal, como el de sedición.

El programa electoral del PSOE no hace ninguna propuesta concreta en torno al conflicto catalán y ni siquiera cita explícitamente la mesa de diálogo, el espacio donde reconoció la "naturaleza política" del conflicto. El partido de Pedro Sánchez se limita a reivindicar que "el Gobierno socialista ha trabajado para recuperar la convivencia [con Catalunya] con diálogo y respeto, en el marco constitucional".

También añade que "sólo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito conseguido: se ha superado la situación de ruptura que existía hace cinco años y el número de personas contrarias al marco constitucional ha descendido de forma abrupta en Catalunya, tal y como demuestran las encuestas realizadas por diferentes organismos, como el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya".

A partir de ahora, su objetivo es "consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural". Y culmina diciendo que la lección extraída es que la decisión más acertada es la que nace del acuerdo y del diálogo".

Sumar no ha incorporado en el programa la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya como vía de resolución del conflicto, cuando hasta ahora era una demanda constante de En Comú Podem. La apuesta de la candidatura de Yolanda Díaz se limita a que se vote el acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat y el Gobierno en la mesa de diálogo, una propuesta que previamente defendía el Partido Socialista, aunque no lo hace cara al 23J.

Díaz defiende que la mesa de diálogo se reactive rápidamente, para que ya en el 2024 se pueda consultar a la ciudadanía catalana sobre este acuerdo. Asimismo, En Comú Podem ha planteado que en la mesa de diálogo se aborde el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat y cómo debe ser la gestión del aeropuerto de El Prat.

La receta de la derecha y la extrema derecha no ha evolucionado y se limita a la represión y a un retorno a la judicialización total del conflicto. El PP promete recuperar el delito de sedición en el código penal, "para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional", así como tipificar como delito "otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referéndums o consultas no autorizadas". Asimismo, quiere recuperar la malversación "en su formulación anterior a la reforma de 2022" y modificar la ley del indulto "para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia". ¿Diálogo? Ninguno.

La extrema derecha de Vox va un paso más allá y directamente plantea la supresión del actual Estado autonómico, con una clara recentralización y devolución al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia y la progresiva supresión de las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra. Como el PP, plantea la reintroducción de los delitos de sedición y referéndum ilegal y añade el de "traición", con el objetivo de "aumentar las penas conforme el principio de proporcionalidad al ser graves delitos contra España, su unidad y soberanía y el patrimonio de todos los españoles".

También quiere aumentar la presencia del ejército en Catalunya y advierte que "suspenderá inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España". Por último, el programa habla de "prohibir los indultos por los delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial para así evitar que presidentes como Sánchez puedan beneficiar a separatistas por interés propio". Y, además, defiende la ilegalización de los partidos independentistas.

La financiación autonómica

Con un modelo vigente desde el 2009 y caducado desde hace una década, la reforma de la financiación autonómica aparece en los programas electorales de PSOE y PP -que no la han abordado mientras gobernaban en este período- y de Sumar. Vox no dice nada, algo lógico teniendo en cuenta que quiere liquidar el actual estado autonómico.

El programa del PP asegura que negociará el nuevo modelo "con todas las comunidades autónomas, buscando los consensos necesarios para su aprobación". El partido detalla que "la reforma partirá de la suficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y reforzará su responsabilidad financiera".

El PSOE se compromete a impulsar "la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del Estado del bienestar -la sanidad, la educación o la dependencia- como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social, entre los que destacan la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura". Además, defiende que el nuevo modelo de financiación debe ser "justo y equitativo" y debe alcanzarse con un consenso que sólo será posible si se superan "el debate maximalista entre territorios".

Por último, Sumar también habla de impulsar inmediatamente la reforma del sistema de financiación autonómica, así como la financiación local. Entre otras cuestiones, las reformas estarían basadas en "garantizar recursos suficientes para prestar los servicios públicos descentralizados de acuerdo con la población beneficiaria, incorporando bases mínimas de gasto sociales y teniendo en cuenta los criterios necesarios para contemplar las necesidades financieras de cada comunidad, por las vías jurídicas coherentes con el marco constitucional". Y también en "potenciar la capacidad de autogobierno para comunidades autónomas y municipios, garantizando en este caso su participación de los ingresos autonómicos. (...) Siempre que se asegure una cartera básica de servicios, la ciudadanía de cada territorio debe de tener la posibilidad de ajustar gastos e ingresos fiscales a las preferencias mayoritarias".

Inversión en infraestructuras

La baja inversión en infraestructuras del Estado en Catalunya es una denuncia recurrente que va más allá de los partidos soberanistas y hacen suya también las principales organizaciones económicas del territorio. ¿Qué plantean los partidos estatales de cara al 23J? Como con la financiación autonómica, Vox tampoco hace ninguna mención explícita. El PSOE se compromete a "mejorar y modernizar la red de Cercanías, acelerando los planes de Cercanías que ya estamos ejecutando con gran ritmo inversor".

También promete ampliar las redes de Cercanías y aumentar el número de trenes que prestan el servicio, "de forma que se reduzcan las incidencias por errores en el material rodante". Sobre el aeropuerto de Barcelona habla de realizar inversiones para "desarrollar" su "conectividad intercontinental".

En una línea similar, el programa del PP plantea actualizar el plan director del aeropuerto de Barcelona, "con especial atención al desarrollo de infraestructuras logísticas del entorno que le transformen en hub de movilidad de referencia mundial y estratégica en el desarrollo de la industria turística y de la Marca España". Sobre Rodalies, asegura que desplegará un plan de choque para "mejorar la calidad del servicio" en todas las comunidades autónomas y a nivel ferroviario también defiende impulsar el desarrollo de corredores, pero no sólo del Mediterráneo, sino del Atlántico y el Central, más cuestionados a nivel europeo.

Finalmente, Sumar defiende aumentar la financiación estatal del transporte público para mejorar su oferta y propone redirigir las inversiones ferroviarias de alta velocidad en Cercanías y en las líneas de ferrocarril convencional.

Lengua catalana

En la cuestión lingüística, el PSOE plantea mantener la situación actual -no hay nuevas propuestas, más allá de menciones a la realidad plurilingüe del Estado-, Sumar apuesta por ampliar la presencia de las lenguas cooficiales -y, por tanto, del catalán-en todo el Estado, mientras que PP y Vox defienden dar pasos atrás que debilitarían la situación de la lengua catalana, de una manera más radical en el caso del partido de extrema derecha.

El programa del partido de Santiago Abascal afirma que garantizarán "el uso del español en todo el territorio nacional" y que exigirán que "todas las administraciones públicas, de cualquier nivel territorial, presten atención presencial, sin cita previa y, al menos, en español". Asimismo, quieren que todas las carreteras y vías urbanas tengan la señalización como mínimo en español, una situación que debilitaría la actual situación del catalán.

Si gobierna, Vox quiere que el Estado recupere las competencias en Educación, lo que supondría liquidar el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana y, de hecho, quiere uniformizar los modelos educativos a todas las autonomías, una idea que también defiende al PP. El argumento es que los modelos educativos distintos "han dinamitado la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional y han permitido el adoctrinamiento separatista en algunas regiones".

Asimismo, promete asegurar "de forma clara e inmediata el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional" y quiere impedir que el conocimiento de lenguas como catalán sea un requisito en los procesos de oposición a plazas de personal sanitario.

Además de uniformizar el modelo educativo, el PP también liquidaría la inmersión lingüística, ya que quiere garantizar que "en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrían la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico". En pocas palabras, impondría una cuota de castellano en la escuela catalana y reduciría las horas de enseñanza en catalán.

Sumar, en cambio, defiende que la pluralidad lingüística "no debe limitarse a las comunidades autónomas con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE. El Gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos los habitantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales".
Asimismo, defiende promover una enseñanza plurilingüe "para garantizar la igualdad lingüística", que pasaría por el impulso de una Ley estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas. Uno de los objetivos sería asegurar el plurilingüismo en todas las instituciones del Estado y promover el uso de las lenguas cooficiales, también por parte de instituciones como el Instituto Cervantes.