El juez ha avalado el régimen de semilibertad que la Generalitat concedió en julio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera de Dolors Bassa, al concluir que no presentan riesgo de reincidencia y que la gravedad de sus condenas no son un "obstáculo insalvable".

En sendos autos, el titular del juzgado de vigilancia número 1 de Barcelona ha acordado desestimar los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado concedido a ambas condenadas por el "procés", quienes, a diferencia de los presos en Lledoners (Barcelona), han seguido disfrutando del régimen abierto porque la justicia descartó suspendérselo.

La decisión puede ser impugnada ahora por el ministerio público ante el propio juzgado de vigilancia o, directamente, ante el Tribunal Supremo, que tiene todavía sobre la mesa los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado que la Generalitat concedió a los nueves líderes independentistas presos en Lledoners.

Con la confirmación del tercer grado de Bassa y Forcadell, los nueve presos del "procés" tienen avalado el régimen de semilibertad, aunque el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquim Forn y los Jordis lo tienen suspendido desde el pasado 30 de julio, a la espera de que el Supremo se pronuncie, por orden de la juez que revisó su situación.

Primera condena y asunción de hechos

El juez de vigilancia considera que Bassa y Forcadell cumplen los requisitos para pasar al régimen de semilibertad, y destaca de ambas que es su primera vez en prisión y su primera condena penal y, además, que las dos han reconocido los hechos, pero no el delito por el que fueron condenadas, y han asegurado ser conscientes de las consecuencias de sus actos.

Asimismo, recuerda que el tercer grado "no es una gracia o indulto atenuado", sino una modalidad de cumplimiento de la que es un "eje esencial la asunción de los hechos objeto de condena como indicativo de la reeducación y reinserción". Para el magistrado, "la gravedad delictiva y el tiempo de cumplimiento" no constituyen "obstáculos insalvables si la respuesta al tratamiento penitenciario es la adecuada", y señala que incluso es posible, aunque sea "excepcional", conceder el tercer grado ya desde el inicio.

En el caso de Forcadell, el juez valora que ha seguido con "óptima implicación" el tratamiento encaminado a revisar los hechos por los que fue condenada, lo que se concreta en "una actitud favorable de autocrítica" y una identificación de "los riesgos y el comportamiento pasado". El magistrado apunta además que la condenada presenta "niveles bajos en los factores de riesgo, buena empatía y óptima estabilidad", sin proyectos de "efectividad en la vía política".

También en el caso de Bassa el juez sostiene que, "sin renunciar a la ideología, materia no punible obviamente", la exconsellera muestra los recursos adecuados para abordar "alternativas diferentes" a los hechos por los que fue condenada, los cuales reconoce, igual que las "consecuencias de los propios actos". Según el auto, Bassa presenta niveles bajos de riesgo de reincidencia y ha manifestado que no tiene "ninguna intención de retornar a la esfera política", porque sus planes de futuros son trabajar, jubilarse, cuidar a su madre y vivir en familia.

El juez añade que la exconsellera ha seguido actividades "orientadas a potenciar los valores prosociales", incluyendo entrevistas personales para trabajar los factores que la "predispusieron" a los hechos por los que fue condenada. De igual modo,  la exconsellera ha completado un máster en filosofía y ha participado en tareas de "ayuda, colaboración y formación" a otras reclusas. Por lo que, en opinión del juez, Dolors Bassa "no presenta necesidades personales susceptibles de terapia, y sí recursos para reorientar su vida lejos de factores de riesgo", a lo que se suma su petición de asesoramiento legal "como elemento de control ante cualquier intervención de carácter público".