La gestión de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid ha estado marcada por las discrepancias, desencuentros y hasta deslealtades que ha sufrido por parte de algunos de los miembros de su equipo de Gobierno. La alcaldesa trató siempre de manejar esos episodios con discreción y prudencia, pero no siempre pudo evitar que esas diferencias saltaran a la luz pública.

Al poco de acceder al sillón municipal, en junio de 2015, Carmena fue testigo del escándalo protagonizado por el concejal Guillermo Zapata, de Ahora Madrid, de quien se supo que en 2011 había publicado en Twitter una serie de comentarios ofensivos contra Irene Villa y los judíos.

“¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un ‘seiscientos’? En el cenicero”. Así rezaba un comentario de Zapata en la red social cuando todavía no desempañaba el cargo de concejal. “Han tenido que cerrar el cementerio de Alcásser para que Irene Villa no vaya a por repuestos”, dijo en otra ocasión de la víctima de ETA.

El caso acabó en la Audiencia Nacional, que absolvió al concejal Zapata por entender que el comentario en Twitter sobre Irene Villa formaba parte de una suerte de humor macabro, aunque no constituía un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Fue el primer aviso para la alcaldesa, que entonces debió entender que la convivencia y el modo de entender la gestión política entre las distintas sensibilidades políticas que formaban parte de su Gabinete le iba a dar más de un quebradero de cabeza.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, conversa con Guillermo Zapata en una imagen de archivo. - EFE

Otro episodio sonado fue el de la querella presentada por los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer contra el acuerdo que firmó en su día Alberto Ruiz-Gallardón y Madrid Trophy Promotion, encargada de organizar el torneo Mutua Open de Tenis que se celebra en la Caja Mágica.

A espaldas de la alcaldesa

Sánchez Mato, entonces delegado del Área de Economía y Hacienda, y Mayer, responsable de Políticas de Género y Diversidad, denunciaron el convenio ante la Fiscalía Anticorrupción en su condición de miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal Madrid Destino, sin que Carmena, como reconoció ella misma en su día, tuviera conocimiento de tal acción.

Los concejales entendían que el convenio del Mutua Open de Tenis podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, pero finalmente el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid archivó la denuncia.

En diciembre del año pasado, Sánchez Mato protagonizó otro terremoto político que acabó con su destitución, ordenada por Carmena. El concejal de Hacienda echó otro pulso a la regidora al negarse a aprobar en pleno la propuesta del Plan Económico Financiero, que incluía una serie de recortes impuestos por el ministro Cristóbal Montoro, y que había sido aprobado previamente por la Junta de Gobierno.

Por su parte, Celia Mayer ha sido en numerosas ocasiones un dolor de muelas para la alcaldesa y siempre ha estado en el punto de mira de los grupos municipales de la oposición, que frecuentemente han pedido su cese.

El proceso de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, con el consiguiente plan integral y el cambio de nombre de una serie de calles, fue mal gestionado por Mayer, quien entonces estaba al frente del proyecto, lo que supuso la retirada de varias placas y monolitos que luego tuvieron que ser repuestos porque Mayer había cometido errores administrativos.

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla tras declarar como investigados en el juzgado número 21 de Madrid. - EFE

Titiriteros encarcelados

A Mayer se le atribuye también graves errores en la programación de los carnavales de 2016, donde se celebró un espectáculo, en horario infantil, en el que se escenificaban acciones violentas como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía o la violación de una monja. En aquel acto se exhibió también una pancarta con el lema “Gora Alka-Eta”, por la que los dos titiriteros que participaban en el acto fueron encarcelados por enaltecimiento del terrorismo.

Otra de las concejales díscolas que más problemas ha causado a Carmena ha sido Rommy Arce, quien en marzo de este año, tras la muerte de un mantero senegalés en Lavapiés y los altercados que se produjeron posteriormente en el barrio, publicó el siguiente tuit: “Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy Mame Mbaye. Los ‘nadie’ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo”.

Este comentario hizo que la concejal presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela fuera imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por un presunto delito de incitación al odio y otro de injurias y calumnias a la Policía Municipal.

Oposición en Venezuela

Asimismo, durante la presente legislatura municipal, Arce estuvo en el foco mediático por votar en contra, junto a otros cinco ediles de Ahora Madrid, de condenar el encarcelamiento de políticos de la oposición en Venezuela, mientras que su grupo municipal se abstenía y la propia alcaldesa votaba a favor.

Otro frente que se la ha abierto a Carmena durante su mandato como alcaldesa ha sido el de la “Operación Chamartín”, conocida también como “Madrid Nuevo Norte”. Tanto el sector anticapitalista de su equipo de gobierno como destacados dirigentes de Podemos, como Lorena Ruiz-Huerta, censuraron la actitud “pusilánime” de la alcaldesa por permitir lo que consideran un “pelotazo urbanístico”.

Con el desgaste sufrido por todos estos episodios, y en función de su gravedad, Carmena debe recordar ahora con cierta ironía la polémica suscitada con la Cabalgata de Reyes en su primer año de gobierno. Aquellas críticas por la imagen poco navideña y demasiado étnica que ofrecían los magos de Oriente y esa frase que se acuñó: “No te lo perdonaré jamás, Manuel Carmena”, deben parecerle ahora peccata minuta.