En principio, todo está dispuesto para que el próximo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presenten conjuntamente las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, aunque el anteproyecto definitivo todavía se está ultimando y persisten diferencias entre los dos socios de Gobierno. 

Los principales escollos -aunque la ministra portavoz, María Jesús Montero, rechace utilizar esta palabra-, tienen que ver con la subida de impuestos a las clases más altas, así como con la regulación del precio de los alquileres, como ya avanzó Público.

En la misma tarde del viernes, PSOE y Unidas Podemos celebraron una nueva reunión para intentar llegar a un punto de acuerdo, si bien los contactos se prolongarán  durante el fin de semana. De no llegar a un acuerdo, distintas fuentes apuntan a una posible reunión entre Sánchez e Iglesias en los próximos días, para dirimir las últimas cuestiones.

Por  otro lado, en cuanto a la fiscalidad, Unidas Podemos asumió hace semanas que aún no se puede afrontar la reforma fiscal pactada con el PSOE -como defiende su socio-, pero la formación morada "aprieta" para subir los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios. En el umbral en el que hay que aplicar estas subidas está el debate, y hoy por hoy los morados apuntan a los 200.000 euros, mientras que los socialistas se quedan varias decenas de miles de euros por encima.

Con todo, el campo de batalla -también en lo comunicativo- es la regulación de los alquileres: desde del PSOE afirman que Unidas Podemos ha puesto el tema sobre la mesa recientemente, cuando no había sido objeto de debate en toda la negociación previa.

Esta norma aparece entre los compromisos del acuerdo de coalición, y el Ejecutivo se mantiene en que la regulación se abordará a través de una ley estatal sobre la función social de la vivienda, que ya está elaborando el ministro de Transportes, José Luís Ábalos.

En este borrador se establecen mecanismos para que las comunidades autónomas puedan regular el precio del alquiler en determinadas zonas y en determinados momentos, si bien ni Ábalos ni Montero, que el pasado martes minimizó las diferencias con Unidas Podemos y defendió esta forma de abordar la regulación, se han comprometido a aprobarla en un plazo determinado. 

Desde el PSOE afirman que la norma puede entrar en vigor "en cuestión de meses", y, de momento, no contemplan moverse de sus posiciones.

Además, aún siguen sin acuerdo sobre posibles mejoras del ingreso mínimo vital -IMV- ; el Gobierno introdujo algunas modificaciones a su medida social estrella en sendos Consejos de Ministros, en septiembre. En última instancia, tampoco está acordada la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el indicador de referencia para las ayudas sociales. Las diferencias, una vez más, están en cuánto debe incrementarse, con Unidas Podemos defendiendo las posiciones más ambiciosas. 

No obstante, en el PSOE no creen que estas diferencias retrasen la aprobación de los Presupuestos, prevista para el martes de 27 de octubre. La idea para esta jornada es que Sánchez e Iglesias hagan una breve introducción con las líneas generales, antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde a la tramitación de las cuentas.

A su vez, en Unidas Podemos se muestran menos optimistas, e insisten en las diferencias que aún toca dirimir. También afirman que no está claro que los Presupuestos vayan al Consejo de Ministros del martes, y dejan la puerta abierta a un posible Consejo extraordinario, el viernes.

El Ejecutivo quiere dar imagen de unidad y de consenso entre los socios de la coalición en cuanto al contenido de las Cuentas del Estado. Y, si logra recabar los apoyos necesarios, espera que las cuentas entren en vigor en las primeras semanas de 2021. 

Unidas Podemos, ERC y Bildu presionan desde el Congreso

Por su parte, Unidas Podemos ha redoblado esta semana la presión sobre su socio en lo que toca, fundamentalmente, a la regulación de los precios del alquiler. Este mismo viernes, el grupo parlamentario confederal, junto con otras fuerzas del Congreso de los Diputados -ERC, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís y BNG- han firmado un comunicado conjunto en este sentido, a propuesta del Sindicato de Inquilinos. 

Salvo la CUP, todas estas fuerzas forman parte del bloque de investidura. La moción de censura fallida del grupo ultraderechista Vox ha servido para ensanchar y acercar a este grupo de fuerzas, y una buena relación con los aliados parlamentarios es hoy especialmente importante para el Ejecutivo, que lleva semanas tanteándolos discretamente para sumar apoyos a las Cuentas Públicas.

El propio portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó esta semana que la regulación de alquileres es una condición "trascendental" de su grupo para negociar con el Gobierno, si bien no ha vinculado esta regulación con la tramitación de los Presupuestos. 

La idea de Unidas Podemos es lograr que el PSOE se comprometa a impulsar esta regulación en un plazo determinado, y que ésta sirva para prestar "seguridad jurídica" a la reciente norma aprobada en Catalunya en esta materia.

Lo cierto es que hasta el jueves 15 de octubre Unidas Podemos no había explicitado públicamente que reclamaba abordar esta regulación en el marco de los Presupuestos. El propio Iglesias se comprometió entonces con el Sindicato de Inquilinos a promover esta regulación, y entre sus filas afirman que ya hace semanas que abogan por esta regulación, que debería discurrir en paralelo a la tramitación presupuestaria.