El Parlamento de Andalucía ha contratado a dedo una campaña publicitaria a la empresa El Cañonazo Transmedia, donde trabaja el sobrino del presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán. El contrato ha costado 14.000 euros y se ha hecho sin concurso público ni publicidad, aunque la ley lo permite para contratos menores de obra por importes inferiores a 18.000 euros. Aun así, la adjudicación ha desatado las críticas encendidas de todos los grupos de la oposición, justo el día en el que la Cámara autonómica aprueba los Presupuestos Autonómicos para 2018. PP, Podemos, Ciudadanos e IU han exigido la convocatoria urgente de la Mesa cuando finalice el pleno, para que Durán dé explicaciones.

El presidente del Parlamento ha reconocido que sabía que su sobrino trabajaba en la firma adjudicataria del contrato, pero se defendido de las críticas asegurando que “el chico no ocupa ningún puesto de dirección en la empresa, ni toma decisiones ni cobra royalties por los contratos”. “Es un trabajador más. Nadie cayó en que esto fuese relevante”, dice.

La campaña que ha despertado tanta polémica consiste en la difusión en redes sociales de una serie de vídeos que tratan de desmontar tópicos andaluces, y con los que el Parlamento buscaba celebrar el 40 aniversario del 4 de diciembre de 1977. Esa fecha, el 4-D, conmemora la manifestación de un millón de andaluces reclamando la autonomía plena de Andalucía. La oposición también ha criticado a Durán por haber encargado la celebración del aniversario de la lucha por la autonomía andaluza a una empresa con sede en Madrid. “Es la metáfora perfecta de los 40 años del 4-D. Contratar a una empresa madrileña para que nos cuente cómo somos los andaluces, a una empresa además vinculada al PSOE”, ha dicho la coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez.

El Cañonazo Transmedia, con sede en Madrid, es una empresa de reconocido prestigio especializada en la estrategia, el diseño y la difusión de contenidos digitales. Hace un mes solicitó permiso al Parlamento andaluz para grabar imágenes en el interior de la sede parlamentaria -el antiguo hospital de las Cinco Llagas- para la serie La Peste, de Alberto Rodríguez. Tras esa colaboración, el gabinete de Presidencia de la Cámara andaluza decidió encargar a esta firma la dinamización de las cuentas del Parlamento en redes sociales (Instagram, Twitter…). Desde Presidencia explican que la campaña del 4-D fue idea de la empresa madrileña, que se le ofreció a la Cámara andaluza, y que ninguna otra firma se interesó por ello.

La legislación permite a las Administraciones hacer contratos menores de obra sin concurrencia competitiva con cantidades inferiores a 18.000 euros, y Durán dice que este encargo se hizo con “escrupulosa legalidad”. La oposición, en cambio, denuncia que la adjudicataria sea una empresa de Madrid donde trabaja como community manager Alejandro Fernández Durán, sobrino del presidente del Parlamento andaluz y, a la sazón, secretario de redes sociales de las Juventudes Socialistas de Córdoba.

La persona que cerró el contrato fue la jefa de prensa del presidente de la Cámara, Mercedes Pastor, que afirma que “desconocía” que en la firma beneficiada trabajase el sobrino de su jefe. Durán, en cambio, ha admitido que sí lo sabía, pero insiste en restarle importancia. “¿Creen de verdad que el que esta persona sea una trabajadora de esta casa desmerece lo que hemos hecho en el Parlamento? ¿De verdad? Claro que nadie pensó desde el gabinete de comunicación que esto fuera relevante”, dice el presidente.

El sobrino de Durán tiene 23 años y trabaja desde verano en El Cañonazo, donde entró como becario y ahora forma parte de la plantilla, dirigiendo la comunicación de la empresa en las redes sociales. Alejandro Fernández Durán es hijo de la dirigente socialista de Córdoba, Inmaculada Durán, que ha sido diputada, directora general de la Junta y concejala del Ayuntamiento de la capital. Al saltar la noticia, el joven ha insultado a un periodista de Abc a través de su cuenta en Twitter. “Eres una vergüenza para las nuevas generaciones que llegamos al medio. Saltarse el código deontológico periodístico es muy grave y debería ser motivo de despido”, ha escrito. Horas después ha eliminado el tuit.

Modificación de la normativa en septiembre

La polémica ha saltado justo el día en el que el Parlamento de Andalucía va a aprobar los Presupuestos Autonómicos para 2018, gracias al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. El contrato a dedo de la campaña de promoción del 4-D ha deslucido la jornada de este jueves y “no ha sentado bien” a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aunque el Gobierno andaluz se ha enterado del suceso por la prensa. El líder de IU, Antonio Maíllo, dice que “hasta para hacer nepotismo son cutres”, por haber fichado a una empresa madrileña para conmemorar una fecha tan significativa para los andaluces.

Respecto a esto, Durán ha explicado que han elegido a “los mejores”. “Seguro que tenemos más de mil empresas andaluzas en el sector, pero como el tiempo era muy pequeño y teníamos que decidir rápido y de forma práctica, fuimos a lo concreto, sin tener que gastar mucho dinero”, ha insistido. El presidente se ha mostrado orgulloso del efecto de la campaña, que tiene ya 210.000 reproducciones y ha sido compartido 10.000 veces en redes sociales. Pese a todo, Durán ha anunciado que el año que viene volverán a contratar una campaña de difusión en redes para llegar a los más jóvenes, pero lo harán con más presupuesto y a través de un concurso público.

Podemos ha denunciado claramente la “falta de moralidad” del presidente del Parlamento por contratar con la empresa para la que trabaja su sobrino, pero además su equipo jurídico estudia si “se han modificado las normas de contratación para obras menores en la Cámara con objeto de saltarse los controles”. La formación morada ha hecho públicas unas actas de la Mesa del Parlamento, a pesar de que son documentos reservados y de que sus miembros están obligados a preservar su secreto. Según esta documentación, en septiembre la Mesa aprobó una modificación de las normas de contratación en el Parlamento -por cuantías inferiores a 18.000 euros- para facilitar el libramiento de gasto para obras menores, como arreglar un grifo, comprar material fungible o arreglar una loseta.

Se aprobó el 27 de septiembre, pero dos semanas después, volvió a someterse a votación, y el artículo en cuestión había cambiado: se retiró la coletilla que advertía que, aunque fueran menores, esos contratos debían tener la salvaguarda del letrado mayor de la Cámara, esto es, sería el criterio del gabinete jurídico el que decidiera si se libra el dinero o no. Así quedó finalmente publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento Andaluz), y Podemos entiende que esta modificación normativa es un agujero en la ley de contratación pública.