Partido Popular y Ciudadanos han difundido en el mediodía de este martes el contenido íntegro del acuerdo programático para un nuevo Gobierno de Andalucía. El pacto incorpora un total de 90 medidas tras cerrar el último bloque relativo a reactivación de los servicios públicos en la comunidad, que se suma a los referentes a regeneración democrática y reformas económicas y fiscales hechos públicos desde el pasado domingo.

El documento, de 29 folios de extensión, incluye una disposición final en la que ambos partidos se comprometen a crear una comisión de seguimiento del pacto de gobierno que se reunirá "con carácter trimestral o cuando lo solicite una de las partes".

La difusión del acuerdo programático completo entre Cs y Ciudadanos se produce a 48 horas de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz, convocada a mediodía del próximo jueves, sin que ambos partidos hayan abierto oficialmente la negociación sobre la composición de la Mesa de la Cámara y del futuro Ejecutivo.

Según han informado ambos partidos en un comunicado conjunto, el acuerdo prevé también la separación de cualquier cargo público que sea "imputado formalmente" por un delito de corrupción. La separación de los imputados de la función pública se realizará "hasta la decisión definitiva del órgano judicial, además de que "las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos".

El documento cita que pondrán en marcha el proyecto de ley de Despolitización de la Junta de Andalucía, "que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas". Además, acuerdan la "reducción de los altos cargos de la Junta de Andalucía a los estrictamente necesarios, que los altos cargos de la Junta de Andalucía tendrán dedicación exclusiva en su trabajo para todos los andaluces y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones".

El acuerdo también prevé definir la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político, y establecer unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía. "Todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos", explica el documento, que muestra además un proyecto de ley andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude de la Corrupción.

También han acordado suprimir el Consejo Consultivo, cuya función será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta, y constituir un grupo de expertos "que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia".

El comunicado conjunto recoge la petición de creación en el Parlamento de Andalucía de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE), y el compromiso de promover la creación "de todas aquellas Comisiones de Investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos de la Junta". También se comprometer a establecer "los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los eres".