El indulto parcial que el Gobierno ha concedido a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, destapa la postura del PP en materia de violencia de género. Un argumentario interno del partido para confrontar al Gobierno asume postulados defendidos por los ultraderechistas de Vox sobre esta materia como el de las denuncias falsas. 

Para el PP, "indultar a personas que han tenido a niños retenidos de forma irregular, sin escolarizar y con denuncias falsas de por medio" es "un flaco favor a nuestro Estado de Derecho y a la separación de poderes", defiende el argumentario interno de los populares que ha avanzado el diario El Mundo y ha podido confirmar este medio. 

Con estas afirmaciones, el Partido Popular, sin rubor, se hace eco de informaciones falsas y que ya han sido rebatidas en el caso de María Sevilla por la Fiscalía y por el propio juzgado que la condenó en 2020, y abre la puerta a un discurso mucho más cercano a las proclamas de Vox en relación a las denuncias falsas, que al de una formación como la de Alberto Núñez Feijóo que selló el Pacto de Estado contra la violencia de Género en el Congreso en 2017. 

Según ha podido saber Público, el pasado viernes el PP registró una petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que tres ministras del Ejecutivo (Pilar Llop, de Justicia, Irene Montero, de Igualdad, e Ione Belarra, de Derechos Sociales) expliquen el indulto aprobado por el Gobierno a María Sevilla. 

No existen denuncias falsas

Desde que fue detenida por la Policía en abril de 2019, tanto fuentes policiales como medios de comunicación extendieron la idea de que María Sevilla, como otra veintena de madres que fueron relacionada con la organización Infancia Libre, se habían dedicado a interponer denuncias falsas para arrebatar la custodia de sus hijos a sus exparejas. La propia Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, realizó durante meses un informe en el que afirmaban que Infancia Libre era, en realidad, una organización criminal. El documento contenía información sobre casi una veintena de mujeres, la mayoría de ellas sin relación entre ellas, que según la Policía habían utilizado el mismo modus operandi. También incluyeron a abogados y a profesionales de la sanidad pública como parte de esta supuesta trama.  Dicho informe fue rechazado de plano por la Fiscalía, que investigó los hechos y decidió archivarlo rehusando abrir una causa judicial. 

El informe de la Fiscalía fue rotundo: "no consta dato alguno" de un posible delito de "denuncia falsa" por parte de la asociación o de sus miembros. E insistió en que no había "quedado acreditado, siquiera de forma indiciaria, que se haya incoado procedimiento alguno por este delito contra alguna de las mujeres supuestamente implicadas", afirmaba el escrito del Ministerio Público. 

También el Partido Popular se sube al carro de los supuestos malos tratos de María Sevilla hacia su hijo mayor, lo que ha sido descartado de plano por la Justicia, que acabó condenándola solo por el delito de sustracción de menores. 

En la sentencia que la condenó a dos años y cuatro meses de prisión y a cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, el juez descarta el delito de abandono familiar al no considerar acreditado que el menor no estuviera escolarizado "aunque fuese en un régimen especial, adaptativo y con prolongados períodos de estudio en casa". Sobre la falta de asistencia al pediatra, también la descarta asegurando que tal vez no fueron todo lo frecuentes, pero "no hay evidencia de enfermedad alguna en el menor que haya dejado de ser tratada". También desecha el supuesto aislamiento del hijo de Sevilla y su hermana menor (hija de su actual pareja) que fue incluido en un auto de la Policía Judicial cuando detuvieron a María Sevilla.

De hecho, María Sevilla nunca denunció a su expareja. Lo hizo de oficio el juzgado por los indicios de que el menor hubiera sufrido abusos sexuales por parte de su padre. La causa fue archivada por falta de pruebas.

El pasado 24 de mayo, el Consejo de Ministros decidió conceder a María Sevilla un indulto parcial. Le rebajó cuatro meses a su condena de prisión (dejándola en dos años) y le conmutó la prohibición al ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en favor de la comunidad.

Irene Montero, en la diana del PP

La petición de comparecencia que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso debe ser calificada por la mesa y solo entonces se remitiría a la comisión pertinente para que las tres ministras sean llamadas a dar explicaciones. 

El Partido Popular pone en la diana a la ministra de Igualdad por hablar de María Sevilla como "una madre protectora". "Que expliquen si secuestro es lo mismo que protección", aseguran fuentes populares, que cargan contra Montero por "utilizar los indultos para hacer política". "Es escandaloso", dicen las mismas fuentes. Lo cierto es que más de 168 colectivos sociales y feministas reclamaban la medida de gracia para la expresidenta de la Asociación Infancia Libre. 

María Sevilla huyó en 2017 cuando un juzgado estaba a punto de cambiar la custodia de su hijo mayor en favor de su padre. Siempre defendió que lo hacía para proteger a su hijo de posibles abusos sexuales por parte de su padre. Éste había sido denunciado e investigado por dicha conducta. Si bien diversos informe psicológicos (más de una decena), tanto públicos como privados a los que ha tenido acceso este diario, afirman que el estado y el relato del menor coincidía con dichos abusos, el juzgado acabó archivando la causa.

Tal como resaltan diversos informes de organizaciones de derechos de la infancia, especialmente Save the Children, uno de cada cuatro menores es víctima de violencia sexual intrafamiliar. De estos abusos, sólo se denuncia entorno al 15% y de éstos, el 70% nunca llega a juicio.