Podemos ha cargado este jueves contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que tal y como avanzó Público 
utilizó su posición como alcalde de Vitoria junto a otros siete ediles para inflar el precio de un alquiler costeado con dinero público y beneficiar así a un empresario. 

"Parece que con el PP quienes ocupan el sillón de ministro de Sanidad tienen bastantes irregularidades, tanto en sus cuentas personales como en las administraciones", asegura a este diario Pablo Padilla, miembro de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, Padilla hace referencia a la predecesora de Alonso en el Ministerio, Ana Mato, que pagará una fianza de 29.000 euros y se sentará en el banquillo por el caso Gürtel, la trama corrupta que salpica de lleno al partido que gobierna.

"Es una muestra más de cómo entiende el Partido Popular las instituciones, que lejos de estar al servicio de la ciudadanía sólo sirven para beneficiar a unos pocos: a ellos y a sus amigotes", señala.

Padilla: "PP y PSOE se indignan cuando les llamamos casta, pero reconocen que prostituyen la función pública"

"No tiene sentido que tengamos que padecer a un ministro de Sanidad que aprovechó su posición anterior para favorecer a un empresario. Mientras se dedican al saqueo de lo público para engordar las cuentas corrientes de sus amigotes, señalan a chivos expiatorios para que nos peguemos entre nosotros, en vez de señalar a esa casta político-empresarial que se aprovecha de sus privilegios", apunta.

En 2007, cuando Alonso era alcalde de Vitoria, su Ayuntamiento firmó un contrato de alquiler de dos locales por un importe muy superior al que fijaba el correspondiente importe técnico
(2.500 euros más cada mes), cuyo precio crecía además nueve puntos porcentuales por encima del IPC cada año, y por el que el Consistorio se hacía cargo de los gastos de comunidad, que según el informe correspondían al arrendatario, el empresario Gonzalo Antón.

En total, Alonso y su equipo fijaron en 6,2 millones de euros el importe de arrendar los locales durante 20 años, más del doble de lo que desembolsó su propietario apenas un año antes, cuando adquirió estas propiedades.

Alonso y los 7 ediles han accedido a pagar los 500.000 euros que les pide el Tribunal de Cuentas, lo que Podemos considera "una asunción de lo que les atribuyen"

El Tribunal de Cuentas ya ha emitido una resolución en la que confirma que hubo una presunta responsabilidad contable por parte de los dirigentes de entonces, y ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al ministro y a otros siete ediles. 

Casi 24 horas después de que este diario avanzara la existencia de ese informe, el titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no se ha pronunciado sobre los hechos que le imputa el Tribunal de Cuentas, pero sí ha accedido a pagar la fianza, junto a los otros siete políticos involucrados, entre ellos una edil socialista y otros tantos del PP.

"El hecho de que admitan el pago es una asunción de lo que les está atribuyendo el Tribunal. PP y PSOE se indignan cuando les llamamos casta, pero reconocen que prostituyen la función pública", zanja Padilla.