El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado que la representante legal del Consistorio que comparecerá este jueves ante el Tribunal de Cuentas del Estado "defienda el interés general" y atienda a las conclusiones de la comisión de investigación sobre el alquiler de San Antonio, que apuntó al exalcalde y ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al actual primer edil, Javier Maroto (PP), como "responsables políticos directos" de un contrato "contrario al interés público".

El Tribunal de Cuentas del Estado ha emitido una providencia por la que cita a declarar este próximo jueves a Alfonso Alonso --alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007--, a Maroto --que era concejal de Hacienda con Alonso--, y al resto de los miembros del antiguo Ejecutivo municipal del actual ministro de Sanidad.

La comisión municipal de investigación concluyó que los contratos de alquiler eran "claramente contrarios al interés público"

El órgano fiscalizador está investigando el posible perjuicio para las arcas públicas generado por un contrato de alquiler de unos locales firmado en 2007 por Alonso y el empresario Gonzalo Antón.

A través de este documento, el Ayuntamiento de Vitoria arrendó unos locales en la calle San Antonio por un precio final de 7,6 millones de euros y un periodo de veinte años. La polémica se suscitó porque la tarifa del alquiler superaba con mucho el precio por el que el empresario compró los locales: 2,7 millones de euros. Tanto Alonso como Maroto han anunciado que no comparecerán ante el Tribunal de Cuentas y que, en su lugar, enviarán un representante legal.

Por ese motivo, los grupos de la oposición han aprobado una resolución por la cual piden que este representante "defienda el interés general" del Ayuntamiento. Esta iniciativa ha sido apoyada por el PNV, EH Bildu y el PP, mientras que el PP --que gobierna en minoría en la capital alavesa-- ha votado en contra.

El pleno del Consistorio vitoriano solicita al representante que acuda al Tribunal de Cuentas que tenga en consideración las conclusiones de la comisión de investigación constituida el año pasado en la capital alavesa para analizar este asunto.

Aquella comisión municipal determinó que Alonso y Maroto son los "responsables políticos directos" de los contratos de alquiler de los locales de la calle San Antonio, de los que denunció que --por su elevado importe-- son "claramente contrarios al interés público".

En la resolución aprobada este martes, el pleno pide que la representante municipal en la comparecencia del próximo jueves ante el Tribunal de Cuentas sea la secretaria general del Ayuntamiento, Idoia Martínez Peñalva.

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria ya instó a las Fiscalías del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a que "consideren la posibilidad" de abrir diligencias por la gestión municipal de Alonso y de Maroto.