La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes el macroproceso por el caso Perla Negra. El juicio se iba a celebrar en marzo de 2022, pero se suspendió a los pocos días de empezar para garantizar que todas las partes personadas en el proceso judicial recibían la documentación de la causa.

En el juicio se investigan delitos relacionados con el sobrecoste en la construcción y compra por parte de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León de un inmueble denominado Perla Negra en Arroyo de la Encomienda -municipio a las afueras de la capital vallisoletana- y de unos terrenos destinados a la implantación de un polígono industrial en el término municipal de Portillo (Valladolid) durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera (PP).

La Fiscalía considera que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias. Todos estos delitos se cometieron entre 2005 y 2011. Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la Junta, fue consejero de Presidencia y de Justicia durante la época en la que esta trama tuvo lugar.

De estos presuntos delitos tendrán que responder 12 acusados, entre los que se encuentran excargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León -en concreto dos viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández- y varios empresarios, como Francisco Armero, Alberto Esgueva, Francisco Esgueva, Carlos González Maestro, Germán José Martín Giraldo, Salvador Molina, Luis Antonio Recio, Ángel Román Montes López, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Juan Carlos Sacristán. Otro de los imputados era el propio consejero popular de Economía, Tomás Villanueva, que falleció repentinamente en su domicilio en 2017 antes de poder declarar.

En cuanto a las peticiones de pena de cárcel, éstas oscilan entre los 79 años que pide la Fiscalía para los 12 imputados, los 221 años que solicita el Partido Socialista de Castilla y León como acusación popular, y los 20 años que pide la Junta, para ocho de los encausados. Las penas más elevadas solicitadas por la Fiscalía están dirigidas a los integrantes de la Consejería de Economía de aquella época: los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años para cada uno. Curiosamente, la Junta de Castilla y León, que negó la trama durante años, ahora reclama 16 millones de euros y penas de prisión para los principales acusados.

Por la Audiencia Provincial de Valladolid pasarán en estos días cerca de 70 testigos, entre ellos personas muy conocidas en la política castellano y leonesa, como el que fuera presidente de la Junta desde 2001 hasta 2019, el popular Juan Vicente Herrera, y su exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además, se solicitará la colaboración de más de 20 peritos para desgranar lo que se ha considerado como trama, sobre todo desde el PSOE de Castilla y León, que se ha presentado como acusación particular al caso.

Dinero público para un imputado

Uno de los empresarios implicados en la trama de Perla Negra sigue teniendo vínculos con el actual Gobierno de la Junta de Castilla y León presidido por Mañueco. Durante la pasada semana, con la fecha de la reanudación del juicio ya en el horizonte, Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León, denunció que la Junta de Castilla y León adjudicó 15 millones de euros de fondos europeos en julio de 2023 a la empresa Clave Mayor, en la que Francisco Armero era director de fondos y responsable autonómico. La Fiscalía pide cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para Armero, imputado por tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en el caso de la Perla Negra.

El socialista Tudanca explicaba que por la gestión para mejorar la eficiencia energética de las pymes de la Comunidad, la sociedad de Armero cobrará una comisión del 2,5%, lo que se traduce en 3,7 millones de euros y que podría alcanzar los 28 millones como máximo de dinero público.

El secretario autonómico del PSOE exigió a Mañueco y a su actual consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que den explicaciones sobre este asunto cuanto antes, y que asuman responsabilidades políticas por esta adjudicación.