El PP, Ciudadanos y Vox exigirán activar el control parlamentario al Gobierno en funciones y la constitución de las principales comisiones del Congreso si se sigue retrasando la investidura del candidato socialista, que desde el Ejecutivo han fijado a priori para la primera o segunda semana del próximo mes de julio.

Desde que el nuevo Congreso se constituyera el pasado 21 de mayo, la oposición ha venido solicitando comparecencias de diferentes ministros, singularmente del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bien éstas no se podían materializar debido a que aún no se han constituido las comisiones parlamentarias para albergarlas.

Habitualmente, el Congreso de los Diputados pone en marcha estas comisiones una vez elegido el nuevo Gobierno con el objetivo de adaptarlas a la estructura ministerial decidida por el presidente de turno.

Así ha ocurrido en las últimas legislaturas salvo en la llamada corta, que duró de enero a mayo de 2016. Entonces, la Mesa del Congreso, presidida por el socialista Patxi López, decidió activar las comisiones parlamentarias para poder controlar al Ejecutivo interino de Mariano Rajoy antes de celebrarse el primer Pleno de investidura.

Rajoy rechazó someterse al examen del Congreso 

Pero lo hizo con la oposición de los representantes del PP, que no apoyaban que los miembros del Gobierno acudieran al Parlamento a dar cuentas de su gestión estando en funciones. De hecho, el Ejecutivo de Rajoy rechazó someterse en esa breve legislatura al examen de la oposición, lo que provocó que la Mesa presentase un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, la actual Mesa del Congreso, que dirige la también socialista Meritxell Batet, ya ha calificado las diversas iniciativas parlamentarias presentadas por la oposición en este mes de legislatura, incluidas diversas peticiones de comparecencias de ministros, y lo ha hecho sobre la base de la sentencia dictada por el Alto Tribunal, que avaló que la oposición pudiera controlar al Gobierno aunque esté en funciones.

No obstante, ninguna de éstas se ha podido convocar porque aún no están siquiera creadas las distintas comisiones. Pero tanto el PP como Ciudadanos y Vox creen que el Gobierno de Sánchez tiene la obligación de responder a las peticiones de cuentas en comisión de la oposición sobre decisiones que ya está adoptando, sin esperar a que haya un nuevo Gobierno.

El PSOE prefiere esperar

Pero desde el PSOE son partidarios de esperar para poder adecuar estos órganos a la estructura del futuro Ejecutivo. El Reglamento del Congreso fija en su artículo 46 el listado de comisiones parlamentarias, pero su redacción se modifica en cada inicio de legislatura del Congreso para adaptarse a las carteras del gabinete.
Eso sí, en ese listado hay una serie de comisiones legislativas que no cambian, como la Constitucional, la de Interior o la de Defensa, y también otras que son estrictamente de la Cámara, como las del Estatuto del Diputado, el Reglamento y de Peticiones.

Lo primero que deben acordar los grupos parlamentarios es el tamaño y la composición de las comisiones y de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios (a partir del próximo 1 de julio). Este asunto se espera cerrar la última semana de junio.

Y en esa negociación deberán empezar a hablar también de los cupos de cada grupo parlamentario a la hora de defender en el Pleno del Congreso preguntas de control e interpelaciones al Gobierno, así como las proposiciones de ley y no de ley.
Eso sí, de momento no está previsto aún ningún Pleno de control al Ejecutivo, que, de convocarse, ya sería en periodo extraordinario. Vox ya registró una interpelación, dirigida a que el Gobierno protestase ante las autoridades francesas por inmiscuirse en los pactos poselectorales, pero no llegó a ser calificada en la Mesa al no haberse completado los trámites para poner en marcha el control al Gobierno.

Paralelamente, y además de la sesión de investidura, Pedro Sánchez podría solicitar comparecer para explicar las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo previsto para finales de junio o bien la oposición podría reclamar su presencia en sede parlamentaria.