MADRID.- El Tribunal Constitucional anuló este jueves la ley catalana que prohíbe las corridas de toros en dicha comunidad autónoma y que llevaba cinco años en vigor. El alto tribunal ha argumentado que esta norma invade la competencia del Estado ya que éste declaró la tauromaquia como patrimonio cultural.

La ley 20/2010 fue aprobada por el Parlamento catalán en julio de 2010 con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, como respuesta a una Iniciativa Legislativa Popular que logró 180.000 firmas, tres veces más que las requeridas. La prohibición de las corridas de toros en Catalunya entró en vigor el 1 de enero de 2012 y ha estado vigente hasta ahora. Y con respecto a la sentencia de ayer, la Generalitat ya ha anunciado que no la acatará.

En cuanto la ley catalana se aprobó, el mundo de la tauromaquia se movilizó para reclamar una marcha atrás y el Partido Popular puso en marcha toda su maquinaria para que así fuera. Así, lideró toda la ofensiva política para recuperar las corridas de toros en el territorio catalán. Y lo primero que hizo fue presentar un recurso de inconstitucional ante el TC. Fue el grupo parlamentario popular en el Senado el encargado de presentarlo el 28 de octubre de 2010.

Mientras, el mundo taurino presentó en el Congreso en marzo de 2012 una Iniciativa Legislativa Popular para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 590.000 firmas. Esta iniciativa llegó a las Cortes en 2013 y tras superar los trámites en el Congreso y en el Senado (gracias a las mayorías absolutas del PP en ambas cámaras), se aprobó la Ley para la Regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, entrando en vigor el 12 de noviembre de 2013.

Las organizaciones ecologistas valoran la sentencia del Constitucional como una acción "política" contra el proceso soberanista catalán

Precisamente, esta ley que regula la tauromaquia es el argumento principal del Constitucional para anular la prohibición catalana. Una sentencia que las organizaciones ecologistas valoran como una acción "política" contra el proceso soberanista catalán.  Así lo expone Ana Bayle, miembro de la directiva del Partido Animalista (Pacma), que ha afirmado que esta es una "sentencia exprés", en la que han tardado "solo seis años", y se puede considerar un "arma política" contra el debate independentista.

La sentencia, según Bayle, se basa en tres pilares: el ámbito competencial, el cultural, y el económico, y "el TC se ha pronunciado sobre el primero", en el sentido de que "se ha invadido una ley nacional, no valora ni la parte cultural ni la de libre mercado". Ha añadido que es una situación "lamentable" al ser una "forma de utilizar a los animales, que no entienden de fronteras ni de banderas".

Además, desde Pacma aseguran que van a dar una respuesta contundente en cuanto conozcan con detalle la Sentencia del Tribunal Constitucional, llevando adelante una campaña de presión social y política para poner fin a la tauromaquia, no solo en Catalunya sino en todo el Estado. "Ya hemos ganado la batalla de la concienciación social. La tauromaquia está en caída libre porque la mayoría de los ciudadanos españoles consideran las corridas de toros una terrible forma de maltrato animal, de modo que ahora sólo hace falta la valentía política para ponerle fin por la vía legal", asegura Silvia Barquero, presidenta de la formación animalista.

En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de la Plataforma 'La tortura no es cultura', Marta Esteban Miñano, recordando que ya hace años las corridas de toros "se eliminaron en Canarias y no se hizo nada". Esteban ha afirmado, además, que la sentencia "afecta a la máxima expresión democrática" y es una "medida desafortunada", por lo que "no descartan acudir a instancias superiores".

Miñano también ha recordado que la Plaza de toros Monumental "se rige por la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona y en ella no se permiten corridas", y los otros dos cosos, "el de Olot y el de Tarragona, no cumplen los requisitos técnicos legales". Ayer mismo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también aseguró que "Barcelona es una ciudad antitaurina desde 20024. Diga lo que diga el TC, haremos cumplir la normativa que impide el maltrato a los animales".

La portavoz de Ecologistas en Acción, Teo Oberhuber, ha coincido con las demás organizaciones y ha considerado que la anulación del TC es una "provocación y acción política" y "de enfrentamiento territorial" ya que al igual que en el caso canario nadie se pronunció al respecto. "En el caso de Canarias ya no había afición, y allí ninguna organismo tomó medidas. En Catalunya existen otros aspectos", ha asegurado.

Canarias es la comunidad autónoma con la ley más antigua (1991) contra las corridas de toros y todo tipo de festejos populares taurinos

Y es que el caso de Canarias es el más paradigmático a la hora de observar esta doble vara de medir del Partido Popular a la hora de arremeter contra medidas antitaurinas en unos lugares y en otros no. El archipiélago canario es la comunidad autónoma con la ley más antigua contra las corridas de toros y todo tipo de festejos populares taurinos. La ley canaria de protección de animales fue aprobada en 1991 y prohíbe "la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento". 

Cambio en el mapa taurino desde las elecciones de 2015

Tampoco se ha visto una reacción tan feroz por parte de los conservadores cuando los llamados Ayuntamientos y Comunidades del cambio anunciaron sus intenciones de poner coto a las celebraciones taurinas. La llegada de nuevas formaciones a los gobiernos locales y autonómicos tras las elecciones de 2015 está dibujando un nuevo mapa en lo que respecta a los festejos taurinos. Muchos de ellos han prohibido el uso de lugares públicos para la celebración de corridas, otros han consultado a la ciudadanía al respecto y también se han puesto freno a las subvenciones.

En Galicia, donde el PP acaba de revalidar su mandato al frente de la Xunta, la afición a los toros cada vez es más minoritaria. Tanto que a día de hoy tan solo se celebran ferias taurinas en Pontevedra

En Galicia, donde el PP acaba de revalidar su mandato al frente de la Xunta, la afición a los toros cada vez es más minoritaria. Tanto que a día de hoy tan solo se celebran ferias taurinas en Pontevedra. Aun así, en las últimas fiestas de agosto la asistencia a la plaza de toros pontevedresa fue muy pobre. Mientras, en las calles se celebró una gran marcha contra las corridas. En el resto de capitales gallegas no se celebran ferias taurinas, motivadas por las retiradas de las subvenciones y en numerosas localidades también se han ido suspendiendo. Es el caso, por ejemplo, de Padrón, que en las fiestas de marzo sustituyó la corrida de toros por una exhibición de caballos.

En Valencia, la llegada de Compromís a la alcaldía, también provocó que se retiraran todo tipo de subvenciones municipales y se han prohibido festejos como el ‘bou embolat’ y el ‘bou amb corda’

En Valencia, la llegada de Compromís a la alcaldía, también provocó que se retiraran todo tipo de subvenciones municipales y se han prohibido festejos como el ‘bou embolat’ y el ‘bou amb corda’. Tanto en la provincia de Valencia como en la de Alicante un total de 21 ayuntamientos han aprobado restricciones a las fiestas con toros. En Xàtiva, por ejemplo, se eliminaron los festejos taurinos en las fiestas de agosto tras un referéndum a sus ciudadanos. 

El Gobierno de Baleares está estudiando fórmulas para prohibir las corridas de toros, ya que estaban a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional sobre las corridas en Catalunya. En concreto, Palma de Mallorca se ha declarado antitaurina y ciudad amiga de los animales. En la ciudad de Zaragoza se han dejado de subvencionar todos los actos relacionados con lo taurino. O la ciudad de Córdoba, de larga tradición taurina, también retiró a principios de año las subvenciones a espectáculos que incluyeran el maltrato animal, incluidas las corridas de toros. Y en Madrid, de momento, se ha retirado la ayuda de 61.000 euros que recibía la Escuela Taurina de Madrid.

Otro festejo que siempre ha estado rodeado de polémica debido a su crueldad es el Toro de la Vega de Tordesillas, que este año mutó a denominarse el Toro de la Peña tras la prohibición por parte de la Junta de Castilla y León del lanceo y muerte del toro en presencia de público. Sin embargo, Pelado terminó muriendo también tras el festejo de este año.

Todas estas decisiones políticas en el mundo de la tauromaquia son también un reflejo del declive continuo que sufre este tipo de festejos en España. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el número de festejos taurinos profesionales ha ido decayendo hasta un 70% en la última década. Y si nos centramos en los últimos años, de los 2.290 celebrados en España en 2011, el año pasado se rebajaron a 1.736.

Donostia, la excepción

Pero como en toda regla siempre hay una excepción, ésta ha tenido lugar en Donostia. En la capital guipuzcoana el PNV desbancó de la alcaldía a Bildu y una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo alcalde, Eneko Goia, fue la de levantar la prohibición de la anterior corporación de que se festejen corridas de toros en la Plaza de Illumbe. Pese a que iba a convocar una consulta sobre las corridas para el año que viene, un recurso de la delegación del Gobierno central en el País Vasco ha provocado que un juzgado no admita esa consulta. Aun así, la sociedad vasca se encuentra muy dividida con respecto a la celebración de cualquier festejo taurino.