El PP de Andalucía, que cuenta con mayoría absoluta, votó este jueves en el Parlamento autonómico a favor de que la Junta retire de oficio los nombres franquistas de los colegios que aún lo conservan, pero rechazó poner una fecha para hacerlo. Aún hay, según el sindicato educativo Ustea, unos 40 colegios e institutos públicos con nombres vinculados al franquismo.

Por Andalucía había exigido en una proposición no de ley (PNL) el listado completo, su retirada inmediata y un calendario. Solo obtuvo un pírrico compromiso del PP: según lo aprobado –con los votos en contra de Vox– todo queda en manos ahora de un comité técnico previsto en la ley que el Gobierno andaluz debe impulsar, lamenta la diputada Alejandra Durán (Podemos), que defendió la PNL.

"Vamos a estar pendientes. En seis meses vamos a ver qué han hecho", indicó a Público la parlamentaria. Durán recordó también que "la Consejería puede actuar de oficio" sin esperar a ningún comité.

"Hace cinco años que la Junta de Andalucía y en concreto la Consejería de Educación anunció la creación de una comisión de expertos para evaluar la existencia de centros educativos cuya denominación pudiera ser contraria a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. A día de [hoy] nada ha cambiado", recoge Por Andalucía en su proposición.

La ley estatal de memoria establece que "serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

El olvido y los vencidos

Para Alejandra Durán, "la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El olvido nunca debe ser una opción si queremos construir una democracia plena". Durán tuvo un enfrentamiento dialéctico muy áspero con un diputado de Vox, quien había tenido una intervención propia de este partido, de desprecio a la memoria de las víctimas de la dictadura.

El texto que defendió Durán recogía estas reflexiones: "La memoria democrática se ha convertido en un deber ético y moral que es indispensable proteger por todas las Administraciones Públicas con el objetivo de neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de nuestra historia. Debemos poner el foco en la conocimiento, reparación y dignificación de la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista, ya que esto es seña inequívoca de calidad democrática".

El PP votó en contra de estos dos puntos. Uno: "Publicar el listado completo con todos los centros educativos andaluces que tengan una denominación contraria a la legislación relativa a la memoria democrática". Y dos: "desarrollar y publicar una calendarización en la que se establezcan cada uno de los hitos más destacados hasta alcanzar el objetivo de renombrar cada uno de los centros educativos que actualmente tiene una denominación contraria a la legislación relativa a la memoria democrática".

En su intervención, el portavoz del PP, Alejandro Romero, defendió que su partido es "demócrata" y "defiende la democracia" y tuvo palabras para el PSOE, partido al que espetó: "Si aún hay tantos símbolos, [es su responsabilidad] han tenido 37 años para quitarlos". Romero defendió las exhumaciones que, dijo, "eran la asignatura pendiente". Y también se refirió a Vox, que había reclamado la derogación de la ley de memoria. "Entiendo que estén cabreados con nuestra manera de actuar", le dijo a la ultraderecha.