En las fuerzas de seguridad del Estado que persiguen el tráfico de drogas y ponen multas aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana por consumo en espacios públicos también hay sectores que consideran ineficaces las medidas prohibicionistas. Es el caso de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), sindicato del Cuerpo Nacional de Policía que defiende abiertamente la regulación del cannabis y la labor que realizan los clubes sociales de usuarios de esa planta.

La ARP fue creada en 2016 con un perfil reformista y progresista para hacer frente a otros sindicatos policiales predominantes, de marcado carácter conservador. Y así, en el ámbito de las drogas ha hecho pública una postura claramente favorable a una regulación como la que han emprendido otros países con el cannabis y totalmente contraria a la ley mordaza, que obliga a los policías a ejercer una función represora y recaudatoria "muy triste", imponiendo miles de multas a los consumidores.

Este sábado, una manifestación convocada por las principales organizaciones cannábicas españolas recorrerá el centro de Madrid desde la Puerta del Sol, para exigir la regulación de una planta cuyo uso aún no ha sido legalizado en nuestro país –el Gobierno sigue tramitando la del uso medicinal solicitada por el Congreso hace dos años–, algo que sí ya han hecho otros países como Alemania, Gran Bretaña, EEUU, Canadá, Israel, Australia o Portugal, por poner algunos ejemplos.

La manifestación, que forma parte de una movilización internacional denominada la Marcha Mundial de la Marihuana, también cuenta con el beneplácito de la la Agrupación Reformista de Policías, que manda "un cordial saludo" a una de las organizadoras, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), con la que ha conocido más de cerca la labor que se lleva a cabo en los clubes sociales.

El portavoz nacional de la ARP, Manuel Soler, parte de un dato que, a su entender, tiene una gran trascendencia a la hora de abordar este tema: el número de consumidores de cannabis que hay en España, que él cifra en unos cinco millones de personas.

Según la Encuesta de 2022 sobre Alcohol y otras Drogas elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el 40,9% de la población de 15 a 64 años reconoce haber consumido cannabis alguna vez en la vida, lo que supondría una cifra aproximada de 13 millones de personas, aunque el número de quienes lo usan de manera más frecuente –en el último mes– es del 8,6%.

"Ese tema se quiso atajar erróneamente desde la Administración con la ley mordaza, que impone sanciones de entre 601 y 30.000 euros por consumo o tenencia. Eso es una labor ingrata para el policía, que tiene que aplicar una política ineficaz, que para el Estado supone millones de euros pero que es mala para el bolsillo del ciudadano", dice a Público Manuel Soler.

Según los datos de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior,  casi el 60% de las multas que se han impuesto con esta norma, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, están relacionadas con un uso de las drogas que no comporta un tráfico de sustancias, algo que está tipificado penalmente.

Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2022, se tramitaron 1.115.066 multas por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, con una cuantía total que asciende a 708,8 millones de euros, es decir, cerca del 64% de todo el dinero que se ha recaudado por infracciones de esa ley.

Esas cifras suponen, a juicio de Soler, que la mayoría de los policías estén enfrascados en la aplicación de una ley ineficaz. "Es muy triste nuestra labor represora en este campo cuando se sale a la calle a patrullar y coges a alguien con un porro medio consumido y tienes que mandarlo a la Subdelegación del Gobierno y a los servicios sanitarios. Eso no es luchar contra el mundo ilícito. Esa labor no es propia de una policía que lucha contra el narcotráfico", subraya el portavoz y fundador de la ARP.

La violencia y la corrupción policial

Tampoco resulta muy eficiente la lucha contra el narcotráfico, según este dirigente sindical, porque las fuerzas de seguridad del Estado nunca tendrán los medios suficientes para enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más poderosas.

"No se puede luchar contra ese mercado ilegal, eso es perpetuarnos como país receptor. Lo que queremos es que haya más medios y otras políticas eficaces como las que llevan a cabo otros países", explica.

La prohibición de las drogas y la lucha contra quienes trafican con ella acarrean, según Soler, mucha violencia y corrupción, de la que tampoco escapan las fuerzas de seguridad. También existen muchos riesgos para los agentes que participan en las unidades especializadas que investigan a esas organizaciones.

La muerte en Barbate de dos guardias civiles arrollados por una lancha de narcos el pasado mes de febrero supuso, a su juicio, un punto de inflexión en esa lucha. "Los grupos criminales del narco constituyen un mundo incontrolable, con muchos medios. Está claro que hay que solucionarlo, pero no solo con medidas policiales. Parece que en este país la policía tiene que pagar las consecuencias de todas las decisiones políticas", subraya.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como dirigente de la Internacional Socialista debe liderar el debate, según el portavoz de este sindicato policial. "Es tiempo de abrir el debate para corregir una política errónea y que se legalice el cannabis, como han hecho otros países, entre ellos un referente de Europa como es Alemania".

Alemania, primera potencia económica de la UE y su país más poblado, inició en abril la mayor regulación del cannabis en Europa para uso recreativo: su normativa permite la posesión de hasta 25 gramos en espacios públicos y la acumulación de 50 en el domicilio, así como cultivar tres plantas en casa para uso personal. Y los clubes sociales de usuarios serán un espacio de abastecimiento –no de consumo–, a partir de julio.

España, donde hay entre 1.000 y 2.000 asociaciones de ese tipo con medio millón de socios, fue el primer país en el que se abrieron estos clubes con el objeto de fomentar un consumo compartido y responsable del cannabis. Sin embargo, su funcionamiento aún no ha sido regulado y las dos únicas leyes que lo hicieron, una en Catalunya y otra en Navarra, fueron declaradas inconstitucionales por invasión de competencias del Estado. Esa falta de regulación es la que propicia numerosas operaciones policiales y judiciales contra sus responsables.

Una “labor impresionante” de los clubes sociales

El portavoz de la Agrupación Reformista de Policías afirma que los clubes sociales de cannabis "están haciendo una labor impresionante" y que se debería visibilizar más su trabajo como formadores en prevención y reducción de riesgos en el consumo.

"Podrían instruir también a los policías en las comisarías, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, para que conozcamos otras alternativas. Son todo lo contrario a un elemento perturbador para la labor de la policía. Son muy necesarios para explorar otras políticas", recalca el dirigente sindical.

A juicio de Manuel Soler, si se regula de forma eficiente el uso del cannabis, los millones de consumidores de esta sustancia que hay en España se pondrán al lado de la administración, de la policía, serán sus aliados, porque una sociedad libre, añade, proporciona un estado de bienestar para todos, para los consumidores y para las propias fuerzas de seguridad.

"Queremos dejar muy claro que desde la ARP no invitamos a que la gente consuma. Lo que pedimos es que se regule su uso, que las asociaciones de usuarios tengan un papel protagonista como educadores y grandes conocedores del tema. Y que la policía se libere de una labor ingrata e ineficaz", precisa su portavoz.

Este sindicato policial español ha mantenido contactos con la LEAP, una asociación internacional de policías que han trabajado en la lucha contra el narcotráfico y consideran que la prohibición ha sido un fracaso y deben buscarse políticas alternativas. "Queremos que sepan que hay un sector de la policía española que está en esa misma línea y, por supuesto, apostaríamos por entrar en esa confederación policial", dice Manuel Soler.

La 27 edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, en la que cada año participan miles de personas, parte a las 18.00 horas de este sábado de la Puerta del Sol de Madrid y seguirá por la Gran Vía hasta terminar en la Plaza de España.

En su manifiesto de apoyo a la manifestación , CONFAC reivindica "el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de consumir, poseer y autocultivar cannabis", y exige la "despenalización total" y el fin de las multas por posesión y consumo en vía pública".

Según la última encuesta del CIS en la que se preguntó sobre la regulación del cannabis, en abril de 2021, la mitad de la población española –el 49,7%– está a favor de legalizar la venta de marihuana en determinados establecimientos y condiciones, un porcentaje que sube hasta el 90,1 si esa venta es para uso médico.