La primera potencia económica de la UE y su país más poblado, Alemania, pone en marcha este lunes 1 de abril la mayor regulación del cannabis en Europa, aunque no sea la más ambiciosa. Ese proceso de legalización se ha basado en parte en el modelo de clubes sociales de España, donde, paradójicamente, aún no ha sido regulado, pese a los cientos de entidades y miles de asociados que lo integran y sufren por su actividad multas, detenciones y hasta penas de prisión, en algunos casos.

La ley que regula el uso recreativo del cannabis en Alemania —el medicinal ya está legalizado desde 2017— podrá entrar en vigor este lunes tras haber sido aprobada el pasado 22 de marzo por su Cámara Alta, el Bundesrat. La norma permite la posesión de hasta 25 gramos en espacios públicos y la acumulación de 50 en el domicilio, así como cultivar tres plantas en casa para uso personal. Además, regula el funcionamiento de los clubes sociales de cannabis como espacio de abastecimiento —no de consumo—, a partir del próximo mes de julio.

Las asociaciones alemanas, registradas y sin ánimo de lucro, podrán tener un máximo de 500 socios, dispondrán de un responsable de prevención y de un protocolo de prevención del consumo para los jóvenes, y les estará vetada la promoción y publicidad de su actividad en cualquier medio.

Cada club podrá cultivar plantas de cannabis, pero la distribución a los socios se hará con limitaciones: un máximo de 25 gramos por día y 50 al mes, con un tope de un 10% de THC —componente psicoactivo de la planta—. Entre los usuarios de 18 a 21 años, el máximo mensual se reduce a 30 gramos.

"Es el comienzo del fin del mercado negro" del cannabis, dijo, tras haber sido aprobada la ley por el Bundesrat, el ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbac, del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania), formación que gobierna el país en coalición con verdes y liberales. La ley, en su proyecto inicial, había sido más ambiciosa, contemplaba incluso la venta de marihuana en espacios autorizados, pero, tras el examen de la Comisión Europea, fue retocada y limitó el abastecimiento al autocultivo personal o en los clubes sociales.

Los clubes sociales de cannabis (CSC) son un invento español, un modelo de consumo compartido que nació entre los años ochenta y noventa y se ha ido extendiendo a otras partes del mundo con regulaciones aprobadas, como Uruguay o EEUU, y ahora Alemania solo para autocultivo, sin que en nuestro país aún haya sido legalizado, pese a que hay entre 1.000 y 2.000 asociaciones de usuarios en funcionamiento.

Medio millón de usuarios en España

El Informe del Mercado del Cannabis en España, recientemente publicado por la consultora especializada en este campo Canna Monitor, refleja que medio millón de personas son miembros de clubes sociales en nuestro país, que oscilan entre pequeñas entidades con una docena de socios y grandes asociaciones con miles de asociados en grandes ciudades.

El estudio revela que, tras asociarse a un club, los usuarios del cannabis declaran sufrir una menor victimización a causa de su consumo y dejan de recurrir al mercado negro de los traficantes para abastecerse, donde antes compraban la marihuana en un 84% de los casos.

Destaca, además, que el modelo español de CSC ha servido de "inspiración" a regulaciones para permitir modelos de suministro no comerciales, y basados en la reducción de riesgo, en jurisdicciones como Uruguay, Malta y Alemania.

Las asociaciones de usuarios en España permiten compartir la cosecha o realizar un cultivo colectivo en el que los socios comparten los costes. Según el informe de Canna Monitor, casi dos tercios de los clubes declaran contar con un cultivador fijo con quien se comparten los costes, mientras que otros obtienen sus suministros de miembros cultivadores a los que se les paga una tarifa de producción.

Menos de uno de cada cinco clubes se abastece de cultivadores que no tienen relación con el club y únicamente el 12% se abastece en el mercado ilícito mayorista.

Entre los socios de los clubes sociales españoles también hay muchas personas con enfermedades y dolencias que consumen cannabis con fines estrictamente medicinales, ya que representan en torno al 16% de los usuarios de esas entidades, según el Informe del Mercado del Cannabis en España 2024.

"Las asociaciones de usuarios han ayudado a cubrir parte de esa brecha para los pacientes, a menudo desarrollando productos específicos para ellos o facilitando la financiación de su tratamiento. Pero los clubes no son sustitutos de un programa de acceso legal con supervisión médica, garantías legales y control de calidad", subrayan los autores de este estudio.

"La elevada presencia de pacientes con enfermedades autoinmunes entre aquellos que se abastecen en las asociaciones de usuarios muestra la necesidad de disponer de productos seguros, sin los contaminantes que se pueden encontrar en el mercado ilícito", añaden.

Satisfacción de las asociaciones cannábicas

La Confederación española de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (CONFAC) está muy contenta con el paso que ha dado Alemania en la regulación del uso recreativo del cannabis, aunque no sea el que más le guste, y también con el hecho de que la primera potencia europea haya tomado como base el modelo de asociaciones de España, aunque aquí los clubes sociales continúen en un limbo legal al pairo de las intervenciones policiales y judiciales.

De la regulación alemana, a CONFAC no le gustan, fundamentalmente, tres aspectos: que haya prohibido el consumo de cannabis en las asociaciones, porque, a su entender, eso va en contra de la reducción de riesgos que promueven las entidades de usuarios; que limite a 50 gramos el acopio de cannabis, muy por debajo del límite establecido en Uruguay, 480 grados, o Nueva York, 2.500; y que permita al Estado acceder a los datos de consumo e identidades de cada miembro de los clubes sociales.

"Por lo demás, estamos muy contentos", manifiesta a Público la portavoz de la confederación de asociaciones cannábicas, Ana Afuera, quien añade: "esto supone un gran impacto internacional y cada vez son más los países que se fijan en el modelo español de clubes sociales para regular".

Sin embargo, el modelo que sirve de ejemplo para otros países, aquí sigue sin ser legalizado. Como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. Las dos únicas leyes que han regulado su funcionamiento, las autonómicas de Catalunya y Navarra, fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, sin que se haya aprobado aún una norma de ámbito nacional en el Congreso que haya cubierto ese vacío legal.

En el frente judicial, el Tribunal Supremo les cerró las puertas en 2015 con una sentencia demoledora que, a grandes rasgos, considera delictiva la labor de estas entidades, tras una instrucción de la Fiscalía General del Estado que en 2013 había ordenado su persecución.

"Es una postura arcaica. Hemos hecho progresos como sociedad, pero las instituciones no se mueven para reconocer siquiera a unas entidades como entes de reducción de riesgos en el consumo y como alternativa a los mercados criminales de drogas", se lamenta Ana Afuera.

El cultivo es ilícito, aunque sea para uso privado

La instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre "asociaciones promotoras del consumo de cannabis", que aún no ha sido modificada, establece que el cultivo sin autorización es ilícito en todos los casos, aunque sea para uso privado, y es constitutivo de un delito contra la salud pública o, en su defecto, de un una infracción administrativa.

En la misma instrucción se ordena también a los fiscales a que, cuando no aprecien una entidad penal en el cultivo de la planta, deduzcan testimonio para su remisión a la Subdelegación del Gobierno "a los efectos procedentes en el ámbito administrativo", es decir, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, que dispone la imposición de sanciones por ese motivo.

Esto ha motivado que el consumo o tenencia de drogas en espacios públicos sea la causa del 60% de las sanciones por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde 2015 hasta 2023, se tramitaron 1.115.066 multas por este motivo, con una cuantía total que asciende a 708,8 millones de euros, es decir, casi el 64% de todo el dinero que se ha recaudado por infracciones de la ley mordaza.

Tal cantidad de sanciones ha propiciado que España sea el país de Europa donde más se multa el uso del cannabis, según el informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas, pese a ocupar el tercer puesto en consumo.

Dos años después de la instrucción de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia en una sentencia que determinó el futuro legal de los clubes sociales de cannabis en España.

El fallo establece que "el cultivo y distribución organizada, institucionalizada, y con vocación de persistencia en el tiempo, de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas, componentes de una asociación y abierto a nuevas incorporaciones, colma las exigencias típicas del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo".

El Supremo argumentó que una actividad de esas dimensiones, "al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios", excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente, ya que facilita el consumo de terceros en una forma de distribución que no es tolerable penalmente.

Con esa sentencia se condenó a ocho meses de cárcel y multa de 5.000 euros al presidente, secretario y tesorera de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo Ebers de Bilbao, y a tres meses de cárcel a dos colaboradores que ocasionalmente envasaban el cannabis que se repartía entre los socios.

Esa sentencia tuvo un voto particular, el del magistrado Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, que defiende como criterios generales para considerar la atipicidad penal de estas actividades que el consumo se lleve a cabo únicamente en el interior de la asociación, que no excedan de una treintena de miembros o que no suministren a sus miembros cantidades de cannabis que excedan la necesaria para el consumo inmediato.

La interpretación jurídica de la actividad de las asociaciones de usuarios ha llevado a prisión a destacados integrantes del movimiento cannábico, como Albert Tió, uno de los promotores de la iniciativa popular que condujo a la aprobación de la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis, o de Fernanda de la Figuera, la activista más veterana de España por la legalización de la marihuana, fallecida en 2022.

A la espera de la "voluntad política"

Bernardo Soriano, abogado experto en temas de cannabis y autor del proyecto de ley de regulación presentado por Podemos en el Congreso en esta legislatura, considera que hasta que no haya una "voluntad política" que cambie la legislación, en España se mantendrá la consideración delictiva de las asociaciones de usuarios impuesta por la sentencia del Tribunal Supremo del caso Ebers en 2015. "Hasta que no haya una regulación, nada cambiará", expresa a Público el letrado.

Sin embargo, Soriano subraya que la regulación aprobada en Alemania que entra en vigor este lunes se basa en un concepto totalmente distinto al de los clubes de cannabis españoles, fundamentalmente porque no permite el consumo en sus locales, es decir, veta el componente social de las asociaciones que es característico en España.

A eso se añade, dice, la cantidad permitida, que la jurisprudencia española establece en 20 gramos por día para un autoconsumo "inmediato" de 100 gramos en cinco días no penalizado, el doble de los 50 gramos permitidos para un mes en la regulación alemana.

"Nuestro modelo de clubes sociales, que lleva más de 20 años funcionando en España, es el que hay que regular y darle seguridad jurídica", subraya Bernardo Soriano.

En el proyecto de ley que ha elaborado para Podemos, la regulación de los clubes establece diferencias entre las asociaciones cooperativas de consumo compartido y las que tienen un objetivo empresarial, con miles de usuarios, muchos de ellos turistas, a fin de proteger a las primeras de la "perversión" del modelo que ha supuesto la irrupción de estas últimas.

Barcelona es la capital mundial de los clubes de cannabis, donde hay un mayor número —cerca de 200—, y donde más abundan, también, los locales con un espíritu meramente comercial. Sin embargo, el ayuntamiento de la ciudad, que gobierna ahora el PSC, ha emprendido una ofensiva contra las asociaciones cannábicas tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que tumbó en noviembre de 2020 el plan municipal que regulaba el funcionamiento de esas entidades.

El Supremo, pese a reconocer en esa sentencia que los clubes de cannabis están "huérfanos de una completa y detallada regulación legal", considera que el Ayuntamiento de Barcelona invadió competencias estatales al regular el funcionamiento de unas asociaciones con una actividad de consumo que puede afectar al Código Penal.

La normativa municipal fijó en 200 metros cuadrados la superficie máxima de los locales, exigió una doble puerta de entrada o vestíbulo de separación, la instalación de chimeneas para la expulsión de humos al exterior y una distancia mínima con respecto a los centros de enseñanza obligatoria.

Todo eso obligó a las asociaciones a hacer costosas obras de adecuación, un gasto que sitúan entre los 30.000 y los 60.000 euros —algunas lo elevan hasta los 100.000—, dinero que, a su entender, habrán perdido si no pueden seguir con la actividad para la que fueron hechos los trabajos por exigencia del ayuntamiento.

Por ese motivo, las asociaciones han empezado a preparar demandas contra el ayuntamiento por daños y perjuicios a causa de las obras que tuvieron que hacer para cumplir la normativa municipal, demandas que presentarán si finalmente se ordena el cese de la actividad y el cierre de sus locales.