La muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate ha encendido las alarmas en torno al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz, frontera marítima con Marruecos, el mayor productor mundial de resina de cannabis. El alcalde de La Línea, localidad epicentro del narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar, ha planteado que, a lo mejor, la solución a este problema sería la legalización del cannabis, al mismo nivel que el alcohol o el tabaco. El melón está abierto.

Quien lo ha abierto es el alcalde más votado de España en una localidad de más de 50.000 habitantes. En las últimas elecciones municipales, Juan Franco obtuvo el 75% de los votos con su partido localista La Línea 100x100, un 8% más incluso que en los anteriores comicios. En su municipio están dos de los barrios con mayor presencia del narcotráfico y de su hospital veinte encapuchados se llevaron hace seis años a un integrante de un conocido clan de traficantes bajo custodia policial. Aquel asalto fue el que, precisamente, decidió al Ministerio de Interior a montar el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar que ahora se ha puesto en entredicho.

La Línea, el Campo de Gibraltar en general, se encuentra en un punto neurálgico de las transacciones ilícitas de diverso pelaje: frontera con Gibraltar, donde prolifera desde hace décadas el contrabando de tabaco y bulle el blanqueo de capitales, y con Marruecos, país que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), ha llegado a producir en un año más de 3.000 toneladas de resina cannabis, fundamentalmente hachís, cultivado por cerca de 100.000 familias en la región norteña del Rif que se avista con claridad desde los miradores de la costa sureña gaditana.

El mercado para esa producción es muy vasto, no en vano el cannabis es la droga más consumida en el mundo: 209 millones de personas de entre 15 y 64 años declara haberla consumido en el último año, según los informes de ONUDD. Y en Europa, el principal mercado de la resina que se produce en Marruecos, son en torno a 30 millones de consumidores.

No hay estudios que hayan calculado cuánto dinero puede generar el tráfico ilícito de una sustancia con tanto consumo, evidentemente cifras multimillonarias por su envergadura. Pero sí puede hacerse una estimación, en cambio, de lo que dejan de percibir los erarios públicos en cobro de impuestos y las montañas de dinero que se pierden por las cloacas del submundo narco, en vez de circular por las tuberías de la economía lícita generando riqueza a los países.

Pueden servir de referencia los datos de mercados legalizados como los de varios estados de EEUU. En California, por ejemplo, las ventas de cannabis ascendieron a 4.400 millones de dólares en 2020 y en Colorado superaron los 2.000 millones. Fruto de esa actividad comercial, el estado de Colorado ingresó 387 millones de dólares y el de California, 1.100 millones. El valor del mercado global del cannabis legal en EEUU se estimó ese año en 30.000 millones de dólares (unos 27.800 millones de euros), según las cifras recogidas por Naciones Unidas.

Sin embargo, la legalización tampoco acaba del todo con el narcotráfico, como muestran los casos de Canadá y Uruguay, los principales países del mundo que han regularizado el uso integral del cannabis, tanto medicinal como recreativo. En el primero, casi el 40% de los consumidores siguieron abasteciéndose en 2021 en el mercado clandestino y en el segundo, el 56%. En ambos casos, precios y la mayor o menor psicoactividad (THC) de la sustancia ofertada inciden de una manera muy reseñable en la decisión de acudir a uno u otro mercado.

Gasto de 39 millones en refuerzo policial

Luchar contra el narcotráfico genera, por otro lado, grandes gastos, en medios humanos y materiales para hacer frente a una enorme maquinaria de economía ilícita formada por múltiples redes de narcos que operan a nivel local e internacional. Tan solo el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha supuesto un gasto de 39 millones de euros desde 2018 en refuerzo de personal en Guardia Civil y Policía Nacional. Con ese plan, se han incautado 1.668 toneladas, 1.452 de ellas de hachís, 106,7 de cocaína y 109,7 de marihuana y otras drogas.

En casi seis años, se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar más de 22.207 operaciones policiales contra el narcotráfico, se han detenido o investigado a casi 20.000 personas, se han intervenido 7.190 medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos, y se han decomisado 1.956 armas de fuego, según el balance que presentó en Algeciras el ministro del Interior, Fernando Marlaska, horas antes de que dos guardias civiles murieran arrollados por una narcolancha en Barbate. Tras tantas operaciones, el narcotráfico sigue fuerte.

David Pere Martínez, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor de varias publicaciones y estudios sobre drogas, considera "muy valientes" las declaraciones del alcalde de La Línea, muy poco habituales en la política nacional, resalta. Y las sitúa en el contexto de un problema internacional causado por la prohibición de las drogas, que, por tanto, debe tener, a su juicio, una solución global.

"La inmensa mayoría del hachís que llega al Campo de Gibraltar no va destinado al mercado español, sino a otros países de Europa. La cantidad que se queda aquí es mínima, porque aquí ya se consume muy poco hachís", producto que ha sido desplazado en los últimos años de forma abrumadora por la marihuana, explica a Público David Pere. Por tanto, a su entender, la regulación debería afrontarse a un nivel europeo, no solo limitada a España, y con acuerdos bilaterales con Marruecos.

Este experto es uno de los responsables del estudio que publicó en 2018 la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la UAB, en el cual se estimaba que si se regularizase el cannabis en España, las arcas públicas ingresarían 3.312 millones de euros anuales por pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, a la vez que se crearían más de 100.000 puestos de trabajo para abastecer la demanda legal de esta sustancia.

Según David Pere, cualquier proceso de legalización que se acometiese debería tener en cuenta a las personas que actualmente se lucran con su tráfico ilícito. "Si legalizamos el negocio, los que están ahora en el tráfico deberían de ser los primeros en entrar, para que hagan de manera legal lo que antes hacían de forma ilegal", precisa. De todos modos, sostiene que, incluso una vez regularizado, será muy difícil erradicar por completo el narcotráfico: "Mi estimación es que se podría quitarle un 80% del negocio al narco".

Policías de la lucha contra el narco apoyan la legalización

Neil Woods trabajó como policía encubierto durante 15 años, infiltrado las redes del narcotráfico de Reino Unido. Ahora es portavoz de la LEAP, una organización internacional que considera que la prohibición de las drogas ha sido un fracaso y aboga por otro tipo de políticas para abordar este problema. En España, la asociación cuenta entre sus miembros con varios agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que también participaron en la lucha contra el narco.

A la pregunta de Público de si, por su experiencia, considera que la legalización del cannabis permitiría solucionar los problemas que está creando el narcotráfico en una comarca como la del Campo de Gibraltar, donde acaban de matar a dos guardias civiles que perseguían a una de sus lanchas, Neil Woods responde categórico: "La regulación del cannabis reduciría los problemas, porque el valor de mercado dejaría de ir a parar a los bolsillos de la delincuencia organizada. El cannabis es el mayor mercado de drogas ilícitas por volumen. No puede haber mayor golpe al crimen organizado que la regulación legal de esa mercancía".

Este veterano policía especialista en la lucha contra el narcotráfico subraya que este problema "no tiene solución policial". "Las incautaciones de drogas y las detenciones nunca han reducido el tamaño de los mercados de drogas. Y no hay evidencias de los beneficios de esta actividad policial", dice a este periódico.

Al contrario, Neil Woods argumenta que el control policial de las drogas en un marco de prohibición de su venta y consumo "no hace más que afilar la espada del crimen organizado, haciéndolo más eficiente, refinado y despiadado, como tristemente hemos visto hace unos días en Barbate", remarca.

Por esa razón, la LEAP aplaude las declaraciones del alcalde de La Línea, quien, a juicio de esta organización, ahonda en las raíces que alimentan el tráfico de drogas, entre ellas la alta tasa de paro, especialmente juvenil, que padece esa comarca del suroeste de Andalucía.

El abandono de una comarca con grandes carencias

Los datos socioeconómicos del Campo de Gibraltar son bastante reveladores. La Línea es el municipio de España, después de Linares (Jaén) con la mayor tasa de desempleo, más de un 30%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hace una estimación con datos de la Encuesta de Población Activa y del paro registrado en un año. En Algeciras, el desempleo ha llegado a estar en la última década varias veces por encima del 30% e, incluso, del 35% en alguna ocasión.

Los datos del INE también reflejan que La Línea se halla entre los 30 municipios del país con la renta media por habitante más baja, 8.125 euros al año, tres veces menos que las de los más ricos del país. Y no solo eso: tiene, además, la esperanza de vida más baja de España, que no llega ni a los 80 años.

Esos y otros muchos datos claramente negativos han sido manejados hasta la saciedad por la Plataforma del Campo de Gibraltar Por tu seguridad, creada por organizaciones sociales, sindicales y de miembros de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la violencia desatada por las bandas de narcotraficantes de la zona, uno de cuyos momentos álgidos fue el relatado asalto al hospital de La Línea parar rescatar a uno de los suyos.

Francisco Mena, con una larga trayectoria en el ámbito de la lucha contra las drogodependencias en el Campo de Gibraltar, es portavoz de esa plataforma. Y a él no le han gustado las declaraciones del alcalde linense. "Los experimentos que los haga en su casa y con gaseosa. Me parece una irresponsabilidad querer resolver este problema como ha planteado. Es muy superficial", dice a este periódico.

Según Mena, los procesos regulatorios del cannabis que se han llevado a cabo en otros países tienen grandes lagunas, entre ellas que el mercado ilegal no desaparece y se mantiene un índice elevado de consumidores que siguen comprando a los traficantes. No obstante, a su entender, tampoco se resuelve el problema únicamente con la persecución policial.

"Esto no se acaba con policías y guardias civiles, sino haciendo una gran inversión en infraestructuras, equipamientos, educación, sanidad. Lo fácil es poner 40 millones de euros para pagar a más agentes. La realidad es que a nosotros nos abandonó el Estado, no un gobierno u otro, el Estado. Y ese abandono lo ha ocupado el narco, que se ha convertido en el Estado, y que cuando no tienes para pagar el recibo de la luz, te da el dinero, que le compra las camisetas al equipo del barrio. Y la gente, entonces, sale a defender ese sistema que les protege. Eso está pasando en barrios de La Línea, de Algeciras, de Chipiona, de Sanlúcar", explica el portavoz de la Plataforma del Campo de Gibraltar.

El Campo de Gibraltar sigue sin una conexión ferroviaria digna con Madrid, la capital de España, algo con lo que, en la otra orilla del estrecho, la de Marruecos, sí cuenta Tánger, conectada por alta velocidad con Rabat y Casablanca, además de disponer de un puerto de cada vez más volumen y negocio, que le está haciendo una dura competencia al de Algeciras.

"Lo que tienen que hacer es invertir para que los jóvenes aquí tengan capacidad de decidir entre una vida honrada o el narcotráfico. Ahora, en determinados barrios, con un 60% de paro juvenil, la juventud no tiene futuro, no tiene elección", subraya Mena.

"El alcalde de La Línea tiene toda la razón"

El Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, un grupo español de expertos en diferentes ámbitos de esta planta, presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de regulación integral el año en que empezó a repuntar con virulencia la violencia del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Entonces, esta organización señaló que la legalización del uso y venta de esta planta sería "un instrumento válido para combatir el narcotráfico que tantos problemas está generando" en diversos puntos de España y, sobre todo, en la provincia de Cádiz.

Su portavoz, Hugo Madera, apoya las declaraciones que ha hecho ahora el alcalde de La Línea. "Tiene toda la razón -afirma-. Hay que regular ya. Todo el tiempo que se pierde con esto, es más tiempo que tienen las mafias para enriquecerse. Cada día es más dolor, más pérdidas. La prohibición no ha funcionado, solo hace más fuertes a las mafias, mientras el Estado pierde dinero en impuestos".

La regulación del cannabis, a juicio de Madera, mejoraría la seguridad ciudadana y disminuiría el poder de las mafias del narcotráfico, que "son peligrosas y violentas, como se ha visto con las muertes de los dos guardias civiles en Barbate", añade.

Sin embargo, al igual que otros expertos, el portavoz del Observatorio Europeo del Cannabis sostiene que la legalización no podría acabar por completo con el tráfico ilegal de esta sustancia. Como ejemplo, menciona lo que ocurre con el tabaco, sustancia de venta legal que sigue siendo objeto de contrabando, actividad que tiene, precisamente, un alto índice de menudeo en la zona del Campo de Gibraltar.

"Dependería también mucho de los precios que se pusiesen. Si fueran muy altos, con impuestos elevados, seguiría siendo mucho más asequible el mercado negro con unos precios más baratos", advierte Hugo Madera.

La legalización del cannabis medicinal en Marruecos

En la otra orilla, el Gobierno de Marruecos emprendió hace unos años el proceso de regulación del cannabis medicinal que en España se acaba de iniciar esta misma semana. La Administración marroquí concedió el año pasado 600 licencias de explotación para que agricultores del país puedan cultivar cannabis con fines industriales y para destinar su producción a la exportación.

Queda por ver cómo influirá esta regulación en el mercado clandestino del cannabis que llega a España, fundamentalmente de hachís, del que Marruecos es mayor productor mundial, junto a Afganistán. ¿Será capaz de incorporar a una industria regulada los cultivos que ahora ocupan a cerca de 100.000 familias, cuya producción llega a superar las 3.000 toneladas anuales?

De momento, Marruecos cuenta con un organismo estatal, la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades Relativas al Cannabis (ANRAC), que es la encargada de regular todo el proceso, desde la importación de las semillas hasta la producción, transformación, comercialización y exportación. Sin embargo, el país vecino tan solo ha notificado este año a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) una previsión de producción anual de un gramo de cannabis, mientras que España ha comunicado una producción de 36 toneladas, la séptima del mundo, que debe ir destinada al completo a la exportación porque aquí aún no se ha regulado su uso.

David Pere cree que la regulación del cannabis medicinal en Marruecos podría influir en la deriva del narcotráfico en España, sobre todo en el Campo de Gibraltar, si el Gobierno vecino controlase completamente la producción que salga a partir de ahora de su territorio e impidiese los cultivos ilegales. "No nos podemos fiar de nada. Siempre han tenido una doble moral con esto. Llegaron a decir, incluso, que allí no se cultivaba ni una planta de cannabis. Y sabemos que eso es un modo de subsistencia muy arraigado, que seguirá operando", augura.