El domingo se produjo una gran movilización en Madrid bajo el lema "Madrid se
levanta por la sanidad pública" contra el plan de destrucción de la Atención Primaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más de 200.000 personas según la Delegación del Gobierno y casi 700.000 según los convocantes salieron a la calle. Esta manifestación se sumaba a los paros en las urgencias  extrahospitalarias convocada por los sindicatos MATS y SUMMAT los pasados 4, 5 y 6 de noviembre y a la huelga indefinida en las urgencias de Primaria convocada el pasado 7 de noviembre por el sindicato mayoritario de médicos de la región, Amyts. 

El desmantelamiento de la sanidad pública madrileña ha sido una constante de  los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y la sobrecarga de trabajo del personal sanitario durante la pandemia (tras la que se despidieron a cerca de 6.000 sanitarios) ha deteriorado aún más las condiciones laborales y la atención
sanitaria en la región.

Esto hace que cerca de 600.000 personas y 200.000 niños en la Comunidad de Madrid no tengan médico de familia o pediatra asignado, y sobrecarga aún más a los médicos. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el plan de  reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de Ayuso que se puso en marcha el pasado 27 de octubre. El plan pasaba por volver a abrir los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria que la Comunidad de Madrid había cerrado durante la pandemia. Hasta ahí bien. Sin embargo, para reabrirlos, la Consejería de Sanidad [en vez de realizar nuevas contrataciones] ha recurrido al personal sanitario de los 41 Servicios de Atención Rural existentes más profesionales de Atención Primaria dispuestos a realizar horas extra. 

Es decir, el gobierno de Ayuso pretendía poner en funcionamiento 78 centros de urgencias extrahospitalarias con el personal de 41 más voluntarios. Los mismos trabajadores para el doble de sitios. Obviamente este plan maestro de multiplicación de los panes y los peces no funcionó. 

Según datos de la plataforma SAR [que se ha dedicado las últimas semanas a monitorizar el funcionamiento de los nuevos centros], hasta ahora sólo se han conseguido abrir 42 de los 78 centros de urgencias con el equipo necesario de 3 profesionales (médico, enfermero y celador). En el arranque de los PAC, faltó personal en 71 centros, una situación que motivó la agresión a una médica y un enfermero en el centro de salud de Guadarrama. Tal y como denuncian desde el sindicato Amyts, se está normalizando tanto la sobrecarga de trabajo que es habitual que un médico de Atención Primaria vea a más de 50 o 60 pacientes diariamente.

La reestructuración de las urgencias extrahospitalarias ha desencadenado una cascada de dimisiones en Atención Primaria y ha desatado una crisis  interna en la Consejería de Sanidad.

La primera en renunciar a su cargo fue la propia gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, que dimitió de su puesto alegando "motivos médicos y personales". Como sustituta, Isabel Díaz Ayuso nombró a Almudena Quintana, sin experiencia en esta área y proveniente del sector privado.

A la dimisión de Machuca, le han seguido las renuncias de la gerente adjunta de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria, Nuria Fernández, que dimitió ante la "imposibilidad de seguir ejecutando las instrucciones que se reciben por parte de la gerencia" de Atención Primaria. También la dimisión en bloque de todos los miembros de la dirección asistencial de los centros de salud del sureste de la Comunidad, que renunciaron a su puesto tras el desastre de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Y, el pasado 7 de noviembre, Ayuso destituyó al gerente adjunto de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Pedro José Suárez.

Además de "las dimisiones" de la Consejería de Sanidad y del equipo directivo asistencial de la región sureste, también han abandonado sus puestos dos doctoras del Colegio de Médicos de Madrid. Por otro lado, cerca de un 15% del personal sanitario de los Servicios de Atención Rural han presentado su dimisión al ser forzosamente movilizados para cubrir los puestos de los nuevos centros.

El problema no es la falta de medios o la falta de personal para cubrir los nuevos puestos, no. Para el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados, los recortes o la privatización de la sanidad pública no están en el origen de la degradación de la asistencia  sanitaria, sino que el problema es la presión que ejerce la izquierda sobre los sanitarios. La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, directamente habló de boicot de los sanitarios. Además, Prados ha negado la existencia de un problema de sobrecarga de trabajo del personal sanitario.

Ante el caos de las urgencias extrahospitalarias Ayuso se ha visto obligada a anunciar un nuevo cambio: impulsar las videoconsultas y la telemedicina. Sanidad mantendrá abiertos los 78 centros 24 horas pero no todos serán puntos presenciales con médico y enfermeros, 34 de ellos asistirán a los pacientes vía videoconsultas con el personal sanitario. Mientras tanto, la Comunidad de  Madrid sigue a la cola en gasto sanitario. El año de mayores recortes fue el 2010, y actualmente el porcentaje de lo dedicado a la atención hospitalaria ronda el 70% del total de la CA que más invierte en este nivel. Esto refleja  perfectamente cuál es la orientación de la sanidad madrileña: un modelo dirigido a la medicina más tecnificada en detrimento del primer nivel  asistencial.