Había que elegir. O salir a hacer las compras y jugarte tu futuro, o quedarte en casa para evitar que la Policía te identificase. Así funcionaron las cosas en los hogares de varias personas negras durante el estado de alarma en España, según ha constatado un informe que a esta hora ya está en distintos despachos de Naciones Unidas, donde vuelven a conocer casos de brutalidad policial por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este martes verá la luz el estudio elaborado por el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España junto a Rights International Spain (RIS) en torno a las "manifestaciones de racismo y xenofobia ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo", en pleno estado de alarma.

"El documento, impulsado por la sociedad civil y por solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido remitido al Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros organismos de derechos humanos", avanzan sus autores.

En esa línea, la investigación recoge "más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias". "De las informaciones obtenidas directamente de las personas afectadas y organizaciones sociales", los responsables de este informe concluyen que Madrid (40%), Catalunya (21%) y País Vasco (8%) acumulan la mayoría de las denuncias.

En cuanto al "grupo étnico racial" que sufrió el mayor número de violaciones, el estudio señala que de las 47 respuestas individuales recibidas, "las personas negras y afrodescendientes (32%) fueron las más afectadas, seguidas por árabo-musulmanas (30%), gitanas (25%) y latinas (8%)". "Del total de víctimas, un 70% afirman haber sufrido una parada por perfil racial además de ser objeto de brutalidad policial tras ser identificadas", apuntan.

En tal sentido, las entidades a cargo de este análisis señalan que "en un contexto de fuerte presencia policial y militar en la vía pública a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno, se han dado numerosas quejas y denuncias por la práctica de perfiles raciales realizadas por diferentes organizaciones y asociaciones antirracistas diseminadas por todo el territorio español".

Por ejemplo, SOS Racismo Madrid indicó que "entre el 15 de marzo y el 7 de abril se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional al menos trece identificaciones por perfil racial, cuatro a jóvenes marroquíes y ocho a hombres afrodescendientes cuando todos ellos se dirigían a realizar compras básicas".

El 2 de abril fue especialmente intenso: ese día, SOS Racismo recibió el aviso de "cuatro multas a personas africanas cuando éstas acudían, de manera separada, a buscar alimentos a casa de vecinos". "Debido a la barrera idiomática –remarcan–, dos de ellas no podían explicarse con claridad".

Del mismo modo, "cuatro de estas identificaciones se realizaron a personas en situación administrativa irregular –quienes fueron amenazadas con ser 'expulsadas del país en cualquier momento', por lo que estas personas, señalan desde la ONG, se vieron obligadas a un confinamiento total– no pudiendo ejercer el derecho de adquirir alimentos de primera necesidad por miedo a la Policía", remarcan.

Aparece también el caso de un hombre senegalés que el 28 de marzo fue parado por una patrulla de la Policía Local de Madrid "cuando se dirigía hacia una lavandería del distrito Carabanchel". "Se identificó con su pasaporte, puesto que se encontraba en situación administrativa irregular. Los agentes llamaron por radio para reseñarle mientras le subían al vehículo policial. Cuando preguntó qué delito había cometido, le contestaron que no podía hablar".

Según consta en este informe, "en el vehículo le preguntaron si tenía antecedentes penales y, mientras esperaban la respuesta de la centralita, le dieron una vuelta por los alrededores", relatan. Finalmente, "fue llevado a comisaría donde se le impuso una sanción por saltarse el confinamiento y apercibido de no salir a la calle si no quería 'tener más problemas'. Desde entonces no salió ni a comprar".

Según la información recabada mediante cuestionarios en línea, "más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de un total de 47), fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas".

Se cita el caso registrado el 27 de marzo en el barrio madrileño de Lavapiés, donde un vecino comprobó que "varios agentes antidisturbios se encontraban apuntando con metralletas a seis chicos afrodescendientes, colocados contra una pared". "El vecino también observó a varios policías de paisano golpeando en el suelo a uno de los chicos. Trató de intervenir pero fue expulsado del lugar bajo amenaza de multa".

Asimismo, el documento recoge las vulneraciones sufridas por trabajadoras del hogar, temporeros o el colectivo de manteros. Se incide además en los casos de racismo registrados contra la comunidad gitana a lo largo de la pandemia.

Prohibir los "perfiles raciales"

En materia de recomendaciones, el informe llama al Gobierno a "prohibir por ley el uso de perfiles raciales por parte de la Policía" y reclama también que introduzca "formularios de identificación que recojan datos empíricos objetivos de control policial que incluyan etnicidad y nacionalidad".

Subraya además que "todo uso excesivo de la fuerza debe investigarse de forma pronta, exhaustiva y efectiva", remarcando que "es preciso fortalecer las garantías y mecanismos de denuncia, creando un mecanismo independiente de supervisión y rendición de cuentas para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Los autores del estudio reivindican también la reforma de la Ley Mordaza "para adecuar la norma a los estándares internacionales, eliminando las disposiciones vulneradoras de derechos fundamentales", al tiempo que subrayan que "las administraciones públicas deben regularizar de manera urgente la situación administrativa de las personas migrantes que se encuentran en el territorio español, garantizando sus plenos derechos, permitiendo su acceso a la salud y vivienda digna en condiciones de igualdad".