Un punto de inflexión o una puerta abierta al reconocimiento de la presencia del amianto en las instalaciones del Metro de Barcelona y su afectación a los trabajadores que tienen contacto con ellos. Estas son algunas de las reacciones a la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, que ha dictado por primera vez una resolución en la que atribuye la muerte de un extrabajador de Metro de Barcelona a la exposición al amianto en el lugar del trabajo. Paralelamente, la Generalitat de Catalunya ha iniciado la elaboración de un censo de su presencia para eliminarlo de todos los edificios públicos y privados, como máximo en 2032, tal y como fija la normativa europea. 

Dicha sentencia judicial concluye que el contacto continuado con el amianto es "con casi absoluta certeza" el origen del mesotelioma pleural que en 2019 acabó con la vida de un hombre, que entre los años 1988 y 2008 trabajó en el Metro, primero como auxiliar técnico en instalaciones eléctricas, y posteriormente, como especialista del servicio digital de voz y datos, "en contacto directo con los convoyes y con el sistema eléctrico del metro de Barcelona".

El acta también recoge que la víctima "estuvo en contacto con el amianto durante más de 20 años, sin protección ni control médico alguno, siendo la causa del fallecimiento un mesotelioma pleural maligno, enfermedad que consta como profesional en el listado enfermedades profesionales". El magistrado recuerda que un informe de Inspección de Trabajo concluye que "Metro de Barcelona reconoce la presencia de amianto y materiales con amianto en las instalaciones y túneles de metro, por lo que desde el año 1987 se realiza una gestión de la exposición al amianto y que estos materiales han estado presentes en los convoyes ya sea en los motores o en los zapatos de freno, lo que implicaba la emisión de fibras de amianto al ambiente, especialmente en los túneles".

Una evaluación, llevada a cabo tres años después, determinó la presencia en el aire de amianto aportado por el desgaste en el transcurso del tiempo de los antiguos zapatos de freno y por el ambiente exterior a través de la ventilación y también consta la su presencia en distintos aislantes de componentes eléctricos.

Desde el equipo de abogados del Col-lectiu Ronda, el letrado Àlex Tisminetzky, que junto con Mireia García impulsó la demanda, precisa que "la sentencia se convierte en un hito histórico en la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Barcelona por obtener el reconocimiento que merecen las patologías causadas por el amianto que les afectan y que les pueden perjudicar en el futuro, dados los largos períodos de latencia de las enfermedades que tienen origen en la exposición al asbesto". Aunque no sea el primero en caso de juzgar a un trabajador afectado por el amianto, sí es pionero desde el punto de vista en que se considera que la patología procede de la exposición a este material.

El amianto, en el olvido

Desde el sindicato CGT en Metro de Barcelona, organización desde la que se impulsó la demanda, Xavier Bermúdez, delegado del comité de empresa, compañero del trabajador fallecido en el 2019 y en ese momento delegado de prevención de riesgos laborales, ve la decisión judicial como "un aval, especialmente cuando el juez admite que hay amianto dentro de los túneles del metro y en las vías causado por el deterioro de los materiales y por los desprendimientos de los frenos de los trenes". Para Bermúdez, que se reconozca judicialmente este supuesto es esencial, ya que desde 2018, el sindicato ha defendido que había toneladas de amianto en el metro y, sobre todo, en los túneles, algo que la empresa siempre negó.

El delegado del comité de empresa de Metro Barcelona añade el refuerzo que supone para la postura defendida por el sindicato, en la que se incidía en que el personal de operaciones estaba directamente expuesto al amianto, "lo que deja sin argumentos a la empresa para continuar excluyendo a este colectivo como siempre ha hecho en todas las negociaciones que se mantuvieron".

La CGT remarca la importancia del reconocimiento judicial, aunque matiza que "queda un gran camino por recorrer y el tema del amianto no puede quedar silenciado como pretenden algunos, ya que hoy en día se ha demostrado que se debe continuar trabajando porque la empresa todavía se niega a aplicar con algunos compañeros el acuerdo al que llegó con una mayoría del comité de empresa, haciendo una interpretación injusta del mismo".

Censo del amianto

Por su parte, la Generalitat ha iniciado los trabajos para la elaboración del censo del amianto en Catalunya, que prevé tener terminado a finales de 2023, con el objetivo de recabar información sobre instalaciones que contengan este material, altamente perjudicial para la salud, tanto en entornos públicos como privados e implementar las medidas necesarias para su gestión y erradicación. El Departament de la Presidència ha formalizado ya el encargo en el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya para que elabore una cartografía donde se delimiten las cubiertas en altura que puedan contener fibrocemento en todo el territorio de Catalunya. Estos datos se obtendrán mediante vuelos de cobertura con sensores hiperespectrales y el tratamiento y georeferenciación posterior de los datos.

El objetivo es disponer de esta primera capa del censo a finales de 2023, lo que permitirá dimensionar la afectación y priorizar las actuaciones necesarias para alcanzar y erradicar al amianto de todos los edificios públicos en 2028, y del conjunto del territorio en 2032, tal y como marca la normativa europea.

De hecho, a finales de octubre del año 2021, el Parlamento Europeo publicó una resolución, en la que insta a la Comisión Europea a implantar en el menor plazo posible una amplia estrategia para proteger al conjunto de la población europea ante los efectos del amianto, material que señala como "principal causa de cáncer profesional en la UE". En el caso del Estado español, el texto denuncia "la intolerable tasa de infradiagnóstico", que provoca que más del 95% de los casos de enfermedades causadas por el amianto queden huérfanos de reconocimiento, situándose en la cola de la UE en este apartado.

Con la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, parece que se da un paso adelante. En este sentido, el trayecto ha transcurrido desde las afirmaciones de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) de hace tres o cuatro años, en las que aseguraba que en las instalaciones del metro no había amianto, a reconocer que está ahí y terminando aceptando, con el empuje de una sentencia judicial, que ha sido su presencia la que ha ocasionado afectaciones en trabajadores, que han desarrollado enfermedades y han muerto a consecuencia de éstas. Sin embargo, fuentes del Col-lectiu Ronda afirman que sigue siendo "inverosímil" que se siga negando que los trabajadores del Metro han estado expuestos a las fibras de amianto, a menudo sin formación, protección adecuada ni revisiones médicas. "Estamos seguros de que esta sentencia es sólo la primera de muchas que están por llegar".