La lógica resulta aplastante: los equipos de PP y C’s que se han hecho con los ayuntamientos de Madrid y de Zaragoza (https://www.publico.es/politica/pp-cs-gobernaran-zaragoza-vigilancia-vox.html ) con el apoyo de los populistas de ultraderecha Vox comenzado a cortocircuitar herramientas de participación ciudadana como los presupuestos participativos que la anterior legislatura habían puesto en marcha los gobiernos del cambio de Manuela Carmena (Ahora Madrid) y de Pedro Santisteve (Zaragoza en Común).

"El modo en el que la participación se da en la democracia es lo que define la democracia", explica la politóloga Cristina Monge, autora de "Hackear la democracia" junto al experto en participación Raúl Oliván y para quien el debate sobre este asunto "es hoy crucial porque se están cuestionando los valores de la democracia".

Ambos coinciden en que la participación ciudadana se encuentra en España en un estado de desarrollo incipiente en el que las tres herramientas clave son las consultas ciudadanas, los presupuestos participativos y los laboratorios de innovación social que comienzan a poner en marcha algunas instituciones para abrir los procesos de toma de decisiones a agentes sociales, tercer sector y otros colectivos, además de a los particulares.

"Se ha ido avanzando, pero hay cosas que no están todavía bien ancladas”, explica Monge, que destaca que "en participación no hay recetas, sino que estamos todos en procesos de prueba y error", al tiempo que advierte que "vamos a ver retrocesos, porque todo lo que no sea avanzar en este campo es un retroceso".

Congelaciones, recortes y disoluciones en Madrid y Zaragoza

Los equipos de José Luis Martínez Almeida en Madrid y de Jorga Azcón en Zaragoza, los dos ayuntamientos emblemáticos de la nueva derecha, en la que el aznarismo revisitado del PP de Casado suma con un Cs cada vez más alejado de sus recientes postulados progresistas y con la ultraderecha de Vox, han descartado el freno para optar directamente por la marcha atrás en materia de participación, en un anticipo de lo que preparan para los próximos cuatro años.

Así, fuentes municipales confirmaron que, en el caso de Madrid, la ejecución de los proyectos aprobados y todavía no ejecutados en los presupuestos participativos de los cuatro últimos años, que suman un millar de iniciativas cuyo coste ronda los 300 millones de euros, dependen de una "auditoría" que va a impulsar la concejalía que dirige Solvia Saavedra (Ciudadanos). Es decir, que su desarrollo queda en el aire.

José Luis Martínez Almeida, con el bastón de mando tras ser elegido alcalde de Madrid. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Mientras tanto, Martínez Almeida ha suspendido a propuesta de esta edil los foros locales que operaban en cada distrito de la capital, y que canalizaban iniciativas hacia los concejales.

En Zaragoza, donde según fuentes municipales "no hay una decisión" sobre qué cifras tendrán en el futuro de los presupuestos participativos ni con qué sistemas se gestionarán, aunque la intención oficial del responsable de esa área (Javier Rodrigo, de C's) es mantenerlos, la realidad del presente tiene, pese al anuncio oficial de ejecutar lo aprobado y tal y como adelantó Público, forma de tajo: 1,83 millones de euros dejaron este viernes de estar disponibles para las actuaciones que piden los vecinos tras una modificación de créditos que la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha denunciado como "el mayor recorte de la historia de Zaragoza".

"La ley no promueve la participación sino que la obstaculiza"

Las iniciativas y los modelos actuales de participación ciudadana, que entroncan con los propósitos de fortalecer la democracia y repolitizar la sociedad ante “una brecha en la confianza del ciudadano en las instituciones que lleva a que surjan contestaciones, en ocasiones desde el populismo”, explica Oliván, tienen dos referentes fundamentales en España. Uno externo, como fueron las iniciativas de la administración Obama para "abrir el Gobierno y buscar zonas de encuentro con la sociedad, y otro interno, que fue "la sacudida y la crisis de aceptación emocional y generacional que hace casi diez años supuso el 15M".

Hasta ahí, y desde 1976, España, como el grueso de los países de Europa, había mantenido un nivel más bajo que plano en participación, como revelan dos datos: la escasez de referendos, con solo cuatro en toda la democracia y en los que, con una participación menguante, siempre ganó el "sí" a la pregunta del Gobierno, y el naufragio de las ILP (Iniciativa Legislativa Popular), con solo dos aprobadas de las 142 que desde 1982 han llegado al Congreso y las cámaras autonómicas en el país de la UE que más firmas exige (medio millón) para que prosperen las de ámbito estatal.

"Tenemos una legislación que no solo no promueve la participación, sino que la obstaculiza", señala Monge, que apunta como uno de los motivos el hecho de que "los partidos políticos, que en 1977 eran parte de la solución para el problema de las instituciones, desde entonces han colonizado tanto estas como la sociedad".
Hoy, según los datos del CIS recogidos en el libro, solo un 3,4% de los mayores de edad milita en una formación política, un tercio de ellos de manera pasiva, y un 7,7% en un sindicato, en este caso con un porcentaje de inactividad de dos tercios, mientras las asociaciones deportivas y culturales superan el 10% y las caritativas rebasan el 15%.

La democracia participativa como complemento de la representativa

"La manera de recuperar la democracia es abrirla a la participación", anota la politóloga, que se pregunta "¿a quién no le interesa la democracia?" mientras aboga por "enriquecer los procesos previos a las decisiones y a las votaciones. El debate en sí puede ofrecer soluciones distintas a la que plantea la pregunta de un referéndum, pero para eso es necesario que haya previamente un proceso de formación e información".

"¿Interesa más discutir cómo se gestiona el 3% del presupuesto de una ciudad o cuáles han de ser las grandes líneas estratégicas de esa ciudad?", se pregunta. "Lo que hace democracia y sociedad es el debate", añade.

Oliván, director de LAAB, el laboratorio de gobierno abierto e innovación social del Gobierno de Aragón, llama la atención sobre un factor como es "la emergencia de la ciudadanía digital, en la que la gente se empodera y pasa a tratar de tú a tú con la Administración", lo que abre amplias vías para trabajar en la participación ciudadana mediante "herramientas que habrá que diseñar desde la lógica del usuario, y facilitando la accesibilidad, para convertirla en algo cotidiano".

"Creo que vamos hacia un futuro en el que iremos creando esas herramientas de democracia participativa que vayan complementando a la democracia representativa", añade, al tiempo que apuesta tanto por "apoyar, en lugar de cooptarlas", a las iniciativas sociales que "vuelan fuera de radar" y que puedan resultar enriquecedoras como por trabajar en la colocación de las instituciones ante "algo de interés estratégico como es la soberanía de los datos, que si no se gestionan desde lo público acaban siendo objeto de mercantilización".