Los tribunales decidirán sobre la desidia que, coincidiendo con la llegada al poder municipal de la coalición PP-C’s supervisada por Vox, comienza a cernirse sobre el memorialismo en Zaragoza, una de las ciudades más avanzadas del país en este campo desde la aprobación de la Ley de Memoria estatal en 2007.

Esta ordena en su artículo quince a las administraciones públicas que tomen “las medidas oportunas” dentro de sus competencias para “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”, así como para “la elaboración de un catálogo de vestigios” de ese tipo.

La primera orden, pese a los avances de los últimos doce años, no ha acabado de ejecutarse y el catálogo sigue sin existir, lo que ha llevado al abogado Eduardo Ranz, uno de los principales expertos jurídicos en memorialismo de España, a pedir su materialización en los tribunales en nombre de la asociación Amro.

Previamente, a finales de abril, esta entidad había registrado en el ayuntamiento una petición en ese sentido a la que ni el equipo de gobierno de ZeC (Zaragoza en Común), que estaba de salida y un mes después entraría en funciones, ni el de PP y C’s, que va camino de los cien días, dieron respuesta, lo que supera los tres meses a partir de los cuales se produce la desestimación por silencio administrativo.

“La inacción municipal lesiona el derecho”

Este jueves, el letrado ha registrado en el decanato de los juzgados de Zaragoza un recurso contencioso administrativo contra ese silencio en el que reclama que “se condene” al Ayuntamiento de la capital aragonesa “a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista, en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada”.

El recurso, al que ha tenido acceso Público, señala que “la inacción municipal lesiona el derecho” de petición y “colisiona” con el artículo quince de la Ley de Memoria, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

“Es difícil tomar decisiones sobre la retirada de los vestigios si antes no se determina qué es lo que se va a retirar”, indica el abogado, partidario de “arrancar la maquinaria” para que, tras la intervención de técnicos y expertos, el pleno “abra un debate que debe ser enriquecedor” y previo a la retirada de los símbolos de la sublevación y el franquismo y a la resignificación de los lugares de memoria.

Las vísperas de una colisión institucional

La demanda llega entre dos momentos clave para la recuperación de la memoria histórica en Zaragoza y, según pronostican algunos movimientos recientes, en vísperas de un choque institucional en ese campo.

El 22 de agosto del año que viene se acaba el plazo en toda la comunidad autónoma para retirar los vestigios y las distinciones que enaltecen a Franco, su sublevación, su dictadura, la represión que se dio en ambas y sus colaboradores, según establece la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que contempla la pérdida del derecho a recibir “subvenciones y ayudas públicas” para los ayuntamientos que incumplan ese apartado.

La presencia de carteles con símbolos franquistas sigue siendo habitual en las viviendas sindicales construidas durante la dictadura. EDUARDO BAYONA

Para entonces, salvo sorpresa, llevará casi quince meses en el cargo la coalición de PP y C’s que preside Jorge Azcón con Vox como socio preferente (necesitan sus dos votos para superar la suma de PSOE, ZeC y Podemos-Equo), que hasta el momento ha tomados dos medidas de calado en materia de memoria: desistir de ejercer la acusación en la querella contra los crímenes del franquismo en la ciudad, recurrida por las víctimas tras el sobreseimiento inicial, y vetar el cambio de denominación de ocho calles dedicadas a cargos públicos y eclesiásticos del franquismo.

Llama la atención el cambio de posición de Ciudadanos, que la pasada legislatura avaló con su abstención la presentación de esa misma querella, impulsada por Chunta Aragonesista (Cha), y cuyos concejales participaron (también lo hicieron algunos del PP) en actos como la colocación de la placa que conmemora a los 30 concejales y funcionarios municipales asesinados en los primeros días de la guerra en la ciudad.

Los últimos vestigios de la sublevación y la dictadura

Ese viraje llega después de tres legislaturas en las que Zaragoza, con los gobiernos de Juan Alberto Belloch (PSOE) y Pedro Santisteve (ZeC) apoyados por Cha e IU, se estaba encaminando a convertirse en la primera gran ciudad española libre de vestigios franquistas, con medidas como el memorial a los más de 3.000 fusilados en las tapias del cementerio de Torrero, la retirada de la medalla de la ciudad y el título de alcalde honorario al cuñadísimo de Franco, Ramón Serrano Suñer, la supresión de simbología de la dictadura como la que estaba presente en el céntrico Puente de Santiago o el cambio de denominación de decenas de calles.

Pese a ese trabajo, y al margen de las placas con el yugo y las flechas que siguen existiendo en los edificios del Instituto de la Vivienda y en las viviendas sindicales, en la ciudad quedan algunos vestigios visibles de la guerra y el franquismo.

Al margen de las ocho calles cuyo cambio han vetado PP y C’s, y entre las que hay un caso peliagudo como sería el de Miguel Merino (concejal franquista en 1974 y alcalde a dedo de 1976 a 1979, aunque también edil electo de UCD en 1979), en el nomenclátor zaragozano figuran Agustina Simón, una enfermera tradicionalista fusilada en Belchite en 1937; Pedro Simón, el primer joven del barrio del Arrabal muerto en la guerra civil, cuyo nombre sustituyó al de Fermín Galán; el alcalde Francisco Caballero Ibáñez, miembro de la gestora que controló el ayuntamiento con los sublevados a partir del 21 de julio de 1936 y alcalde entre 1941 y 1946, o José María Albareda, secretario general del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) de 1939 a 1966 y depurador de científicos contrarios al franquismo.

Paralelamente, además de las lápidas dedicadas a “los caídos” en varias iglesias, se conservan símbolos franquistas, falangistas y carlistas en los azulejos de una fachada de la calle Espoz y Mina, en la entrada al Parque Pignatelli por el paseo de Cuéllar y también en los azulejos del monolito central de la plaza Santa Cruz, vestigios a los que, en función de lo que dictaminen los expertos, se sumarían los proyectiles lanzados sobre la basílica de El Pilar el 3 de agosto de 1936 y la marca que el impacto de otra dejó en la plaza.

Por último, el ayuntamiento de Zaragoza nombró al arzobispo Rigoberto Doménech, miembro de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, hijo adoptivo de la ciudad en 1941 y predilecto cinco más tarde. Santiago Amado Lóriga, un general franquista que ocupó el número dos de la División Azul antes de dirigir la academia de Zaragoza, recibió la primera de esas distinciones en 1943.