El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación sin señalar a ningún responsable político, de manera que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, incluidos inicialmente en el texto a debate, quedan eximidos como responsables políticos de los hechos.

Los puntos que señalaban las responsabilidades políticas tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados han sido votados aparte a petición del PSOE-A. Los socialistas han votado en contra de toda responsabilidad política, mientras que PP-A y Cs las han exigido, Podemos ha declinado participar en la votación, e IULV-CA no ha entendido "el sentido del voto" y no ha votado, pidiendo posteriormente repetir la votación, a lo que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se ha negado.

El resto del dictamen ha salido adelante con los votos de PSOE-A y Cs, el rechazo de PP-A e IULV-CA, mientras que Podemos ha decidido igualmente no ejercer su derecho al voto. De este modo, al aprobarse el dictamen, no se han sometido a votación los votos particulares que han mantenido los grupos y en los que se pedía la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

De este modo, la comisión de investigación tras más de un año y medio de trabajo se salda sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente por la comisión, se recogía que Chaves y Griñán "han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, y como tales son responsables".

Junto a Chaves y Griñán también figuraban como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012.

De igual modo, también ha sido rechazado considerar responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a las personas titulares de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las Delegaciones provinciales del SAE.

Se incluían además como responsables en iguales términos a las personas titulares de las Secretarías Generales con competencias en Formación para el Empleo y a las personas titulares de las Direcciones Generales con competencias en Formación para el Empleo.

De igual modo, y con los únicos votos del PSOE-A, la Cámara ha rechazado que existiera falta de medios materiales y humanos en la gestión de todos los procedimientos en todo el recorrido de esta política pública, "así como, en muchos casos, las carencias de formación y experiencia necesaria".

Dificultades organizativas

La única crítica a la gestión de la formación que el PSOE-A ha apoyado, junto a Cs, y por tanto ha salido adelante, es la referida a las dificultades organizativas y al retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones.

No obstante, se ha rechazado lo relativo al no seguimiento y evaluación de las acciones formativas; la falta de control exhaustivo de las ayudas en todas sus fases; la ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, la justificación y revisión de las subvenciones; la falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos; y la no comprobación, en algunos casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos.

Junto a ello, se ha rechazado también que la Junta no haya llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional sobre sus subordinados, como recogía el dictamen aprobado por la comisión; y que existiera una actitud "proactiva" de la Consejería de Empleo para averiguar si los beneficiaros dedicaron el dinero recibido a la acción subvencionada.

Se ha eliminado también del dictamen la referencia sobre que es "un hecho" todo lo acontecido en el plano administrativo y judicial sobre el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, así como en torno a sus diferentes empresas ligadas a la formación profesional; y las alusiones a la "descertificación" de fondos europeos.

Recomendaciones

Sí ha salido adelante en su integridad el preámbulo y la introducción, así como la mayoría de las recomendaciones. Entre ellas, se ha aprobado exigir al Gobierno de la Nación el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad.

También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.

El presidente de la comisión defiende el texto

Para defender el dictamen, el presidente del órgano parlamentario, el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz, ha aseverado ante el Pleno que su trabajo como presidente "está hecho" cuando ha relatado que su propuesta de dictamen ha llegado al pleno "tras soportar en envite de más de 700 propuestas de modificación", de las que solo salieron adelante 17, "todas de supresión, que no aportaban nada al texto".

Tras relatar que el dictamen contenía 54 conclusiones, 49 recomendaciones más las responsabilidades políticas, Díaz ha asegurado que la comisión ha adoptado todos los acuerdos alcanzados en su seno, al tiempo que ha criticado la falta de colaboración de la Junta para facilitar la información. Ha lamentado el "periplo" para acceder a la documentación y los comparecientes que no han asistido, así como ha pedido a los grupos "coherencia" a la hora de votarlo.

66 comparecientes

La creación de la citada comisión de investigación se aprobó por unanimidad de la Cámara y a propuesta de Cs en octubre de 2015. No fue hasta enero de 2016 cuando los grupos acordaron un listado con 69 comparecientes, entre los que se encontraban Díaz, Chaves y Griñán, quienes comparecieron en mayo.

Si bien, las comparecencias comenzaron dos meses antes, en marzo, con los interventores provinciales de la Junta y el interventor general. Les siguieron jefes de servicio, delegados provinciales de Empleo, representantes de los consorcios, de la Faffe, de las empresas y de los alumnos. Muchos se acogieron a su derecho a no declarar al estar imputados.

También han comparecido, entre otros, directores generales, secretarios generales, los exconsejeros Ángel Ojeda, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y el testigo protegido de la juez Alaya en la causa de la formación, Teodoro Montes.

Fue polémica la ausencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, quien decidió no acudir, basándose en un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas. Tampoco acudieron la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genero, aludiendo a que no tenía competencias sobre la materia, y el representante de la fundación Forja XXI, por enfermedad.