La propuesta estrella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear la situación en Catalunya, un referéndum "sobre el autogobierno", que pasaría por elaborar un nuevo Estatut, ha sido poco menos que obviada por el Govern, los partidos y la opinión pública soberanista. Por diversos motivos.

Ya en las primeras conversaciones entre ambos ejecutivos después de la llegada al poder del PSOE, desde el ejecutivo de Sánchez se puso sobre la mesa el Estatut. En este caso, el vigente, aprobado por el Parlament en 2005, ratificado por el Congreso y en referéndum en 2006 -con notables modificaciones-, y severamente recortado por el Tribunal Constitucional en 2010 -en lo que muchos analistas sitúan como desencadenante del boom posterior del independentismo-. Entonces, Sánchez planteó levantar los vetos a diversas leyes sociales catalanas suspendidas por el TC, así como a reactivar las comisiones bilaterales entre ambos gobiernos previstas por el texto estatutario y paralizadas durante el mandato de Mariano Rajoy.

Las comisiones ya están en marcha, y la semana pasada el Gobierno anunció que retirará el recurso contra una de estas leyes, la que garantiza el acceso universal a la sanidad en Catalunya. La Generalitat, obviamente, no pone ningún reparo a levantar estos vetos. Pero sí a la propuesta de Sánchez de votar sobre el "autogobierno" vía nuevo Estatut.

"Estamos de acuerdo hasta el auto; con lo que sigue, ya no", afirmaba el president Quim Torra el pasado miércoles, en comparecencia en Bruselas junto a Carles Puigdemont. El día antes, Torra había desgranado el plan del Govern en cuanto al proyecto soberanista para los próximos meses, que pasa por un "referéndum vinculante, pactado y reconocido internacionalmente". Pero no sobre más autogobierno, sino sobre la autodeterminación.

También la semana pasada, el martes, el presidente del Parlament -y dirigente de ERC- Roger Torrent consideraba que un nuevo Estatut es "una propuesta de escenario absolutamente pasado, una pantalla pasada". Y no es el único, ni el único en usar esta misma expresión. "Se trata de una pantalla pasada, superada hace bastantes años", afirmaba un día antes la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi. "Nos sorprende que volvamos a un estadio tan anterior", añadía.

También la Asamblea Nacional Catalana rechaza esta opción, calificada este domingo de "operación de márquéting" por su presidenta, Elisenda Paluzie. Ese mismo día, el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, en una entrevista desde prisión, consideraba "una falta de respeto" que el PSOE proponga un referéndum sobre el autogobierno y el Estatut "cuando todavía tenemos bien presente el cepillo que, ellos mismos, los socialistas, pasaron por encima del Estatut aprobado por el Parlament en 2005 y ratificado en 2006".

El consenso entre el independentismo en rechazar un nuevo Estatut es amplio. En parte, porque la apuesta ahora pasa por un referéndum sobre la independencia, esta vez acordado con el Estado -aunque el independentismo se guarda la carta de volver a la vía unilateral de 2017, esta vez, sin plazos-. Pero también por el precedente del texto de 2006, impulsado por iniciativa del expresidente socialista Pasqual Maragall, y presentado entonces como solución para un encaje de Catalunya en el Estado satisfactoria para ambas partes.

En el independentismo pesa aun el recuerdo de como ese Estatut, incluso después de que el Congreso eliminara o matizara los puntos que más incidían en una relación bilateral entre Catalunya y el Estado, fue recortado por el TC de tal forma que, en algunos aspectos, significó una regresión respecto al texto anterior, de 1979, según se ha señalado en ocasiones desde el soberanismo.

El último -y decisivo- razonamiento de las bases y los dirigentes independentistas para desconfíar de un nuevo Estatut también tiene en cuenta los precedentes. Se basa en la convicción de que nada impediría que un nuevo texto estatutario, incluso consensuado con el Estado, fuera de nuevo recortado desde el Constitucional, como ya ocurrió en 2010.