La visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha finalizado este viernes sin un resultado positivo en el más inmediato plazo. Es decir, se sigue sin un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. De hecho, ni siquiera se ha producido un encuentro a tres entre el ministro Félix Bolaños, Esteban González Pons, por parte del PP, y el comisario europeo para forzar la renovación. 

Todo puede pasar en los próximos días, desde luego, y más con la amenaza de dimisión del presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, encima de la mesa si no fructifica un acuerdo entre el Gobierno y el PP. 

Lo que está claro tras la visita del comisario de la UE es la presión --por no llamarlo, imperativo-- desplegada por Bruselas para reformar el sistema español de elección de los vocales del CGPJ, con el objetivo de adecuarlo a los estándares comunitarios. ¿Cuáles son esos estándares? Primero, que al menos la mitad de los vocales del CGPJ deben ser elegidos por los jueces; y segundo: el resto de miembros (no jueces, sino juristas de reconocido prestigio) deberían ser elegidos por el Parlamento por un mayoría de al menos 2/3. 

El modelo español, vigente desde 1985, establece que los 12 vocales judiciales y los ocho juristas que, además del presidente, componen el CGPJ sean elegidos por el Parlamento, a partes iguales entre el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. 

En 2001, a raíz del pacto de Estado entre el PP y el PSOE, gobernando el primero, se llegó a un modelo mixto, en el que los candidatos a vocal eran elegidos primeramente por la carrera judicial de una lista de 36 candidatos que tenían que recibir el aval de al menos el 2% de jueces y magistrados del total en activo. En 2013, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fue nuevamente modificada por el gobierno del PP: ya no hay límite en la lista propuesta por la carrera judicial y los candidatos deben aportar el aval de una asociación o de 25 miembros de la carrera judicial. 

Es, por tanto, el español un modelo mixto que conjuga la participación de la carrera judicial y la designación de las Cortes, según el postulado constitucional de que el Poder Judicial es un poder que emana de la soberanía popular. Pero este modelo no le vale al gobierno comunitario ni al PP ni a la mayoría de las asociaciones judiciales. ¿Por qué? Una de las posibles respuestas podría ser por la pésima percepción de politización que ha generado la oposición a renovar el CGPJ por parte del Partido Popular, que ha utilizado hasta 19 excusas diferentes, según la información aportada por el ministro Bolaños al comisario Reynders, para no proceder a la renovación desde diciembre de 2018. 

¿Es mejor el 'Euro modelo' que el modelo español?

Pero, ¿por qué es mejor el modelo ideal de CGPJ que propone la Comisión Europea y el Consejo de Europa? Con los datos en la mano, procedentes de la propia UE (encuestas EU Justice Scoreboard 2020 y Flash Eurobarometer 483), la realidad es que no es mejor dicho modelo en cuanto a que la valoración de la ciudadanía de varios de los países donde está implantado arroja los resultados más negativos en cuanto a percepción de independencia judicial. 

Dos de los tres países que más se ajustan al 'Euro-modelo' de CGPJ, Italia y
Rumanía, están entre aquellos en los que las percepciones de ciudadanos y jueces sobre la independencia y la rendición de cuentas del Poder Judicial son más negativas. El dato fue extraído por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Gisela Hernández en su estudio La independencia del Consejo General del Poder Judicial. Perspectiva comparada y propuesta de mejora, publicado hace un año y basado en encuestas y estudios de la UE, como los citados anteriormente. 

Otros países que se adecúan a los estándares marcados por Bruselas, como son Croacia, Bulgaria y Eslovaquia, están por debajo de España (ocupaba el lugar 13 de una lista de 19 Estados de la UE con Consejo Judicial, en 2020) en percepción de independencia judicial. 

Llama la atención que sean Dinamarca y Países Bajos los que mejor percepción tengan de su justicia cuando son dos Estados que no cumplen con los criterios de Bruselas. En el primer caso, los vocales jueces son elegidos por los jueces, pero con la validación del Ministerio de Justicia, y los vocales juristas son propuestos por entidades ciudadanas, como universidades, es decir, no interviene el Parlamento; y en el caso de los Países Bajos, directamente es el Gobierno quien interviene en el nombramiento de los jueces de su Consejo Judicial. 

También es significativo que tres de los cinco países en los que los ciudadanos evalúan de manera más positiva la independencia judicial (Austria, Finlandia y Alemania) no cuentan con un consejo judicial, sino que los jueces son gobernados por el mismísimo ministro de Justicia, algo impensable en España.

Sólo un puñado de países de la UE cumplen con los estándares marcados por Bruselas para sus CGPJ, entre ellos Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Italia y Portugal. "Podemos decir que ningún Consejo Judicial se adapta cien por cien a las recomendaciones de la Comisión Europea en lo que se ha llamado el 'Euro modelo'. De hecho, los únicos que más se adaptan, sin adaptarse completamente, son Italia y Rumanía", explica Gisela Hernández. En el caso rumano, el ministro de Justicia forma parte del CGPJ.

La investigadora del CSIC, partidaria de implantar en España el 'Euro modelo', considera que no tiene mucho sentido hablar de cumplir estas recomendaciones "como si estuviésemos tachando una lista de la compra porque en ningún caso se cumplen todas. Tiene más sentido intentar verlas en un conjunto, ancladas en el contexto europeo, donde el caso español es una anomalía muy marcada, junto con el caso polaco, donde los vocales judiciales no son elegidos por los jueces", dice Gisela Hernández, que remarca que "tanto los países donde hay percepciones positivas como negativas de su independencia judicial cumplen esta recomendación".   

Dos modelos de gobierno de los jueces

Existen dos modelos de consejo judicial en la Unión Europea. Por un lado, el modelo que representa una autoridad independiente del Ejecutivo, encargada de la tarea de gobernar a los jueces y nombrarlos, como ocurre en Francia, Portugal, España, Bulgaria y Rumanía. Por otro, el modelo del servicio de tribunales, en el que los poderes del consejo judicial están mucho más limitados y no incluyen los nombramientos. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, los jueces son nombrados por la reina a propuesta del ministro de Justicia; en Irlanda, los nombra el presidente a propuesta del Gobierno; y en Bélgica el consejo judicial representa a los magistrados, pero estos son nombrados por el ministro de Justicia. 

Respecto a si es preferible un modelo de CGPJ independiente o uno dirigido por el ministro de Justicia, Gisela Hernández explica que el primero está implantado preferentemente en países que vienen de una experiencia dictatorial, como España, Portugal y Grecia y los países exsoviéticos, siendo la República Checa la única excepción en su contexto en el que el Ministerio de Justicia gobierna a sus jueces. "En las transiciones democráticas de estos países había mucho miedo a que se concentraran los poderes en el Ejecutivo, por lo que se planteó este modelo de gobierno autónomo del Poder Judicial". 

¿Se resiente la soberanía popular si la carrera judicial designa directamente a los vocales judiciales del CGPJ? Es esta la cuestión que más polémica despierta en torno a la reforma del modelo español. El histórico político Nicolás Sartorius, cofundador de CCOO, está en contra de la reforma. "En los últimos tiempos ha calado la idea de que si al CGPJ lo eligen los jueces eso sería más democrático", dice Sartorius a Público, negando tal afirmación y alertando del riesgo de corporativismo judicial.

"La Constitución española, en su artículo primero, dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. El Judicial es un poder del Estado, y el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, es decir, de los representantes de ese poder, y, como tal, emana directamente de la ciudadanía, a través de sus representantes en el Parlamento. No hay nada más democrático", zanja Nicolás Sartorius. 

Para Gisela Hernández, en cambio, la soberanía popular no resultaría afectada con el cambio de modelo "porque nos garantizaríamos un componente de independencia al ser propuestos y elegidos los vocales jueces por los propios jueces; y, por otro lado, siguiendo la recomendación del Consejo de Europa, tendríamos al resto de los vocales, que no son jueces, sino juristas, como indica la Constitución Española, que seguirían siendo elegidos por el Parlamento, y esto garantiza esa legitimidad democrática y la rendición de cuentas frente al pueblo".