El fin de la instrucción del caso Taula, también conocido por el pitufeo, sitúa 49 exediles y exasesores de Rita Barberá –prácticamente todo el equipo municipal popular de la época– a las puertas del banquillo de los acusados. Desde el PP, su presidente autonómico Carlos Mazón, ha salido con un discurso que parece sacado también de aquella época, pidiendo "respetar la presunción de inocencia" y "esperar a la sentencia".

El problema para Mazón, además, es que el nuevo macrocaso por corrupción del PP valenciano llega justo en plena campaña de recuperación de la figura de la exalcaldesa Rita Barberá. Una rehabilitación con componentes internos y externos. Por un lado, los estrategas electorales del partido están seguros de que, a pesar de los escándalos de corrupción que mancharon el final de su mandato, los valencianos guardan un buen recuerdo de la gestión de Barberá y que esta es aún un activo que suma más que resta.

A nivel interno, la presión del expresidente Francisco Camps –autopropuesto como alcaldable– hacen temer una escisión o una fuga de votos hacia Vox por parte de los sectores más nostálgicos de la exalcaldesa. Así, Barberá se ha convertido en un ancla que vincula al PP con su pasado y dificulta el camino del "nuevo PP" prometido por Mazón –y que fue uno de los principales motivos para sustituir a Isabel Bonig, considerada demasiado identificada con aquellas épocas–.

Tampoco ayuda que tres de los imputados por el caso Taula –Luis Salom, Cristóbal Grau y Cristina Diego– sean aún miembros activos del equipo municipal de Maria José Catalá en València.

El más conocido de ellos es Luis Salom, considerado el community manager de Barberá y conocido también como "el asesor de los líos". A Salom se le podría calificar como una especie de Alvise Pérez avant la lettre. Se hizo famoso en la época del 15-M, cuando siendo responsable de redes del PP, se enfrentaba a lo que consideraba "izquierda populista" con estilo bronco y buscando la polémica. Tras la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas del 2012 publicó un polémico tuit con el texto: "Me cuentan que anoche se disparó el consumo de coca en Andalucía. ¿Alguna celebración?". Otro de sus éxitos fue registrar la marca Guanyem Barcelona antes que el grupo de Ada Colau, obligándoles a cambiarlo por Barcelona en Comú.

También en aquella época fue fotografiado en el bar del hotel donde se alojaban los miembros del jurado que había de dictar sentencia sobre el expresidente Francisco Camps y varios de sus colaboradores más cercanos por el llamado caso de los Trajes. Finalmente los acusados fueron absueltos y las teorías de la conspiración sobre el papel de Salom se dispararon.

Tras el desalojo del PP del Ayuntamiento de València –con un grupo municipal disuelto, ya que nueve de los diez concejales se encontraban investigados por el caso Taula– Salom cambió los tuits por los juzgados y se dedicó a denunciar de forma compulsiva cualquier posible sombra de irregularidades del nuevo equipo municipal. Aunque con poco éxito, ya que de la quincena de denuncias, prácticamente todas han sido archivadas y, en algún caso, ni siquiera admitidas a trámite. Eso sí, su labor le consiguió abundantes titulares en la prensa conservadora que, a menudo, se olvidaban de contar la historia hasta el final.

Primeras espadas de Rita Barberá

Cristóbal Grau es otros de los imputados que sigue en activo en el equipo de María José Catalá. Concejal desde 2003 fue conocido principalmente por su labor al frente de los deportes. No quedó libre de polémicas, como la manipulación de la bolsa de la Fundación Deportiva Municipal para privilegiar a familiares de cargos del PP y funcionarios afines. También destacó por las masivas contrataciones a empresas que serían investigadas por financiar ilegalmente las campañas de Barberá.

En el auto judicial también figura Alfonso Grau, auténtica mano derecha de Barberá durante más de una década y la persona que llegó a concentrar casi todo el poder municipal durante los últimos años del gobierno del PP.

Grau, si embargo, ya no sigue en activo, sino que actualmente está en la cárcel, procesado por el caso Azud, que investiga otra trama de corrupción urbanística de la era Barberá. Grau es un experto en tribunales, pues ya se sentó en el banquillo de los acusados por el caso Nóos, aunque aquella vez fue absuelto contra todo pronóstico.

Otra de las imputadas más conocidas es María del Carmen García Fuster, quien fue una de las amigas más íntimas de Rita Barberá y considerada como la administradora de la caja B del PP de València, según el juez instructor. La imagen de su detención en 2016 –vinculada a otro caso de corrupción-, casi irreconocible y sin restos de la antigua soberbia fue considerada un símbolo de la caída del imperio PP en el País Valencià.

El exdiputado que no escapará del banquillo

El juez también ha ordenado la reapertura de la investigación contra Miquel Domínguez, quien en su momento se libró de la imputación por ser diputado autonómico y, por ende, estar protegido por el régimen de aforado. Domínguez es otro histórico de Barberá, concejal durante veinte años, buena parte de los cuales como responsable de seguridad ciudadana, que han dejado numeroso rastro en la hemeroteca.

Pero uno de los casos más polémicos no tiene relación con esta área, sino con la compraventa de solares –actividad que parecía casi obligatoria para los cargos populares de la época. En 1999 adquirió junto a Juan Cotino –por aquel entonces conseller de Agricultura– un solar en el centro de València pendiente de expropiación por el ayuntamiento solo unos meses antes que el consistorio renunciara a este. La operación, naturalmente suscitó un escándalo, ante el cual, Domínguez aseguró que lo había comprado para donarlo a la Fundación Ferrer para que pudiera ampliar su sede. Pero para sorpresa de todos, o no, el solar acabó en manos de una constructora que levantó un edificio de tres alturas.