Ya lleva 100 días como ministro en el Gobierno. Esta semana se aprobaba la ley de familias y la de Atención a la Clientela. ¿Satisfecho con la labor de su Ministerio en el Gobierno?

La acción en el Ejecutivo es siempre compleja, es contradictoria, y la reflexión que yo hago tiene que ver con dos niveles: el macro, por un lado, y, por otro, el micro del día a día. En este último, hemos podido hacer muchas cosas desde el Ministerio: desde impulsar la reforma del artículo 49 de la Constitución -que fue un proceso histórico, la primera reforma social de la Constitución- a adoptar un acuerdo en Bruselas para la tarjeta europea de discapacidad, o suscribir una estrategia para erradicar el sinhogarismo en el 2030. Firmamos convenios para crear los primeros centros específicamente diseñados para atender a las familias con ELA, impulsamos las tarjetas monedero para acabar con las colas del hambre de las familias con hijos e hijas, y hemos presentado estos dos proyectos de ley muy importantes que heredamos de la pasada legislatura.

En el nivel macro, el balance, si uno mira alrededor, es preocupante. Estamos en un mundo en el que se superponen las crisis, estamos a la espera de unas elecciones europeas en las que la ultraderecha está avanzando, pende la amenaza del retorno de Trump, vivimos un genocidio intolerable en Palestina, la crisis ambiental se agrava y, por tanto, creo que este contexto debe informar la reflexión sobre la acción de gobierno y sobre la acción política de las izquierdas en general. Es un momento muy preocupante y creo que debemos rearmarnos ideológica y políticamente para construir nuevas alternativas. El ciclo político que empezó con la crisis financiera da muestras de agotamiento y es necesario ese rearme ideológico y de los valores básicos de una sociedad de bienestar. Cómo conjugar estos dos niveles es el gran desafío en la acción de gobierno.

Echando la vista atrás para estos 100 días, ¿cuál diría usted que es el momento más emocionante que ha vivido como ministro?

La aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución. No era un procedimiento sencillamente formal, sino que lo que hay detrás son 20 años de luchas ejemplares del colectivo de personas con discapacidad, de sus familias, de las organizaciones de la sociedad civil. Y consiguieron esa cuestión que muchas veces no vemos: cómo desde los movimientos sociales se articula una demanda, hay años de lucha, se empieza desde la incomprensión o desde la soledad, y se acaba plasmando en una mayoría política y en una reforma normativa, que, a partir de ahora, pasa a obligar a los poderes públicos a transformar todo nuestro paradigma de políticas para incorporar la plena autonomía, la accesibilidad universal, la protección específica de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Es algo histórico y modélico, es ejemplar de cómo lucha social puede traducirse en conquistas políticas concretas.

Sin embargo, es un momento complicado para el Gobierno. La corrupción señala a sus socios de Gobierno socialistas, la ley de amnistía no acaba de ser aprobada, los Presupuestos están en duda... ¿Le augura futuro a este Gobierno de coalición?

El mundo vive un momento convulso y España vive un momento político de mucha agitación y de mucha incertidumbre también. Se suceden las crisis, se superponen entre sí y esto genera una cierta sensación, yo creo, de incertidumbre o de desorientación. Pero creo que todos esos temas no son iguales, no creo que haya que mezclarlos. Lo que hemos conocido esta semana es un escándalo de corrupción absolutamente intolerable, son unos comportamientos absolutamente intolerables que, además, hemos visto reproducidos: lo vimos en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, lo vimos en el Ayuntamiento de Madrid de Almeida. Y el Gobierno no puede consentir que haya la más mínima sombra de duda sobre la acción del Ejecutivo, y hay que ir hasta las últimas consecuencias.

Sobre las negociaciones de la ley de amnistía, es otro nivel completamente diferente, está siguiendo un cauce parlamentario, es políticamente algo muy complejo, pero yo estoy convencido de que va a salir adelante por una sencilla razón: porque es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Con los Presupuestos Generales del Estado, yo soy optimista, creo que van a salir adelante también, creo que serán unos buenos presupuestos y que van a permitir desplegar esta agenda social, que creo que es lo que votó la gente. Lo que se percibe como caos, como incertidumbre, como una inmensa dificultad en el Parlamento, es un reflejo de lo que se votó en las urnas y del país que tenemos, diverso, plural, fragmentado en lo ideológico y en lo identitario también, y por tanto de ahí se deduce un mandato democrático de negociar, alcanzar los acuerdos necesarios y establecer una cultura política y parlamentaria muy diferente de lo que eran los tiempos del ordeno y mando del bipartidismo.

Hablemos de la ley de familias. Con la norma aprobada de nuevo y con la negociación presupuestaria en marcha, ¿habrá ampliación de permisos este año?

Yo esta semana he querido reconocer públicamente el trabajo de mis antecesores, la ministra Belarra y el ministro Garzón, que son quienes desarrollaron estos proyectos tal como los hemos aprobado, agradecimiento que he extendido a Nacho Álvarez y a Rafael Escudero, que trabajaron mucho en estos proyectos de ley, y que creo que van a suponer hitos en la protección social y de los derechos de las personas consumidoras en España. Ahora tenemos el desafío por delante de suscitar las mayorías parlamentarias necesarias para que puedan salir adelante, pero confío en que lo conseguiremos en un plazo razonable de tiempo.

La tramitación de la ley de familias va a coincidir en el tiempo con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la cuestión específica de los permisos, por tanto, es una negociación que tiene que tener cabida en los Presupuestos. Pero mi posición es que el desarrollo de la ley de familias en el Parlamento es una excelente pista de aterrizaje, puesto que uno de sus pilares es la defensa del derecho a la conciliación y protección económica y social de las familias en España. Creo que sería un muy buen lugar para aterrizar esa ampliación de permisos. Lo tenemos recogido en el acuerdo de gobierno, la ampliación de 16 a 20 semanas del permiso por nacimiento y la remuneración gradual del permiso parental de cuidados, de momento cuatro de las ocho semanas, es lo que está contemplado. Esa negociación está en curso y mi posición es que esto debe suceder lo antes posible.

En la ley de familias se reconoce una prestación por crianza que, básicamente, apunta a las deducciones fiscales por maternidad y al complemento en el IMV que ya existen. Ustedes negocian con el PSOE un cheque universal por crianza de 100 euros al mes hasta los seis años, una medida que no está en el acuerdo de coalición... ¿Se aprobará?

Es absolutamente intolerable que la cuarta economía de la zona euro, que una democracia que se considera avanzada, tolere los índices de pobreza infantil y de exclusión social que hay en nuestro país. Está demostrado, además, en el ámbito de las políticas públicas, que la mejor manera de paliarlo es estableciendo una prestación universal por hijo a cargo que cubra hasta los 18 años de edad y que en nuestra opinión debería ser de 200 euros. Hay otros países, como Polonia, que no es un país más rico que España, que lo ha hecho recientemente y los resultados hablan por sí solos.

La ley de familias recoge la formalización de la ayuda a la crianza entre los cero y los tres años. Ya existe en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado una extensión hasta los seis años de edad, que sería una medida del todo insuficiente para el objetivo general que tenemos, pero por lo menos un paso en la en la buena dirección. Esto es una urgencia de país, es una urgencia democrática, y creo que lo positivo que tiene la ley de familias es que formaliza esa figura y, por tanto, que pasa a tener un reconocimiento por parte de los poderes públicos como una prestación con una vocación universal. Tenemos que afianzarla, ampliarla y reforzar los recursos que destinamos a ello.

Yo quiero, en cada una de mis intervenciones públicas, poner ese tema encima de la mesa, porque creo que cuando lo hagamos, cuando España decida hacerlo y vea los resultados de esta política pública, se mirará hacia atrás y nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes. Todo mi empeño va a ir en esta legislatura a conseguir avanzar todo lo que se pueda en este ámbito.

Una de las medidas más importantes que quedaron colgadas de su Ministerio, debido al adelanto electoral, fue la ley de servicios sociales. ¿Tienen previsto retomarla y aprobarla? Requiere de un gran consenso con las comunidades autónomas...

Sí, tenemos previsto recuperarla y seguir desarrollando esas negociaciones. Es evidente que esta ley generó una serie de suspicacias, por el ámbito competencial sobre todo. Este es un año, además, con un calendario electoral particularmente sensible en esta materia y, por tanto, es una negociación que hay que abordar con un espíritu constructivo y con la plena voluntad de llegar a acuerdos, porque los propósitos de la ley son extraordinariamente importantes. Si hablaba antes de la protección social a las familias, pues lo mismo sucede con los servicios sociales, que han estado históricamente en España infradesarrollados, infrafinanciados, y me atrevería a decir que hasta infravalorados como políticas públicas. Y, por tanto, esta ley lo que busca es colmar ese déficit histórico en poner los servicios sociales en el centro de la agenda política.

Esta ley incluye cosas tan importantes como exceptuar las ayudas económicas de emergencia de la ley de subvenciones. Es conocido que uno de los problemas principales que tienen las ayudas económicas de emergencia es que por su régimen jurídico implican una cantidad de burocracia, de papeleo, de tiempo y de recursos. Tienen que ser mucho más directas, mucho más rápidas, mucho más ágiles y, por tanto, más eficaces. La ley busca garantizar también la continuidad de las prestaciones en los casos en los que haya movilidad interterritorial, porque hay un problema de coordinación entre servicios sociales, y busca reforzar la financiación y los recursos con los que cuentan los servicios sociales. Creo que estos son objetivos que serán compartidos por todas las comunidades autónomas, porque son de sentido común y, por tanto, tenemos que encontrar la manera de alcanzar ese consenso que nos permita sacarla adelante.

Usted es también ministro de Consumo. Su antecesor, Alberto Garzón, puso mucho énfasis en un consumo alimenticio sano, también como forma de atajar la brecha social en la salud. ¿Qué tiene previsto hacer en este sentido?

Sí, por supuesto. Yo he heredado de la buena labor del ministro Garzón dos líneas de trabajo que son extraordinariamente importantes. Una tiene que ver con la protección de las personas consumidoras vulnerables y la otra con el consumo sostenible. Y ambos pilares se materializan y se concretan en algo que, además, estamos viendo con la crisis del sector primario y del sistema alimentario europeo en estos días: la necesidad de transformar nuestros sistemas de producción y de consumo alimentario.

Guiándonos por esos dos principios, tenemos que hacer una transición hacia un sistema sostenible y, al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de proteger a las personas consumidoras más vulnerables. La infancia, los niños y las niñas, representa un claro ejemplo de vulnerabilidad ante un sistema alimentario que en demasiadas ocasiones funciona según criterios y lógicas de beneficio privado, sin preservar los derechos y la salud.

Uno de los elementos en los que cristaliza ese propósito es la regulación de la publicidad de alimentos no saludables dirigida al público infantil. Esta fue una iniciativa que inició el Ministerio de Consumo en la legislatura pasada, que encontró formidables resistencias por parte de la industria y que vamos a retomar porque es absolutamente inaceptable que los niños y las niñas, en la edad en la que están formando sus hábitos alimenticios, se vean bombardeados por publicidad.

Está demostrado que hay una relación directa entre la renta y la vulnerabilidad ante este tipo de campañas publicitarias. Así que vamos a retomar una iniciativa para regular los comedores escolares y poder garantizar unos mínimos de dieta saludable y de formación de hábitos nutricionales saludables para los niños y las niñas en nuestro país. Este va a ser, sin duda, uno de los ejes prioritarios de la acción en materia de Consumo del Ministerio.

El exministro Garzón ha protagonizado recientemente una polémica por su eventual fichaje, que después no se produjo, por una empresa relacionada con el 'lobby'. ¿Cómo valora esta cuestión?

Creo que Alberto Garzón reaccionó de una forma que es coherente con la manera en la que él ha estado en política, que es escuchando, siendo sensible a la reacción y modificando su decisión a partir de las críticas que recibió, algo que me parece inteligente y acertado por su parte.

La reflexión que yo hacía esos días tenía que ver, no sólo con el fondo, también con el tono en el que sucedió. La atmósfera que se generó me parece preocupante, porque una cosa es la expresión de esas críticas y otra cosa es cómo se hizo. En ese momento quise expresar públicamente mi reconocimiento a la trayectoria política y a la labor que ha realizado Alberto Garzón y a cómo lo ha hecho. Creo que ha sido un gran dirigente para la izquierda española. Han sido muchos años, pasando por momentos muy duros, muy difíciles, también algunos muy buenos también, pero lo ha hecho siempre con un espíritu constructivo, con una voluntad de integrar, de dialogar, lo ha hecho siempre con elegancia y, más allá de cuál sea el balance que cada cual haga de ello, esto hay que ponerlo en valor. Creo que hay una cierta degeneración de la esfera pública de la izquierda, tanto en el tono con el que se expresan las críticas, como en el debate en general.

Al principio incidía en esta situación muy preocupante en la que está el mundo. La responsabilidad que tenemos las fuerzas de izquierda, las organizaciones democráticas y progresistas, es enorme. No se trata solo de decir que hay salir a votar porque si no viene la ultraderecha. Si ampliamos un poco el foco y vemos las cosas en perspectiva, estamos en una era en la que se acumulan las amenazas y retos que son generacionales. Tenemos que ser capaces de articular respuestas democráticas a los grandes desafíos que tenemos por delante: el cambio climático, el auge de la ultraderecha, la guerra, el genocidio que estamos viendo, la impunidad absoluta con la que se está imponiendo la violencia, el autoritarismo, la xenofobia... Y eso solo lo vamos a poder hacer si recuperamos organizaciones fuertes, pero también un músculo ideológico y una esfera de debate y de compañerismo que estamos perdiendo.

Tenemos que recuperar una especie de ética, de compañerismo a pesar de las diferencias o por encima de las diferencias. Que en la izquierda haya diferencias, rencillas, y haya historias complicadas no es una novedad. Esto ha sucedido siempre. Tenemos la necesidad de poder encauzarlas y articularlas de otra manera.

Ha hecho referencia a la situación en Palestina, al genocidio en Gaza. ¿Cree que el Gobierno español está haciendo lo suficiente ante este genocidio? Hemos conocido un envío de armas a Israel por parte del Ejecutivo durante la guerra.

Creo que ningún Gobierno está haciendo lo suficiente. La situación en Gaza es de una impunidad atroz por parte del Ejército de Israel y no puedo más que expresar mi absoluta desazón y ni frustración por la falta de reacción de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Dentro de ese contexto, el Gobierno español ha mantenido una de las posiciones más dignas. Fue el primero en apoyar las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, ha mantenido y aumentado la financiación en la UNRWA cuando había una operación atroz para intentar desmantelarla, tal como pretendía el Ejecutivo de Netanyahu. El Gobierno español ha hecho una contribución voluntaria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para investigar las violaciones masivas de derechos humanos. Ha anunciado el pronto reconocimiento del Estado palestino, algo que debería ser inmediato, unilateral e incondicional. El acuerdo de asociación con Israel ha iniciado acciones para penalizar las conductas criminales de los colonos en los asentamientos ilegales en Cisjordania...

Son pasos completamente insuficientes, pero positivos. Respecto a la cuestión concreta del envío de armamento, cuando se conoció la ejecución de esa operación por valor de un millón de euros durante el mes de noviembre, expresé públicamente que era algo completamente inaceptable y que la manera de evitarlo es decretar un embargo formal de armas a Israel, suspender cualquier vínculo o asociación comercial, militar, económica con cualquier actor que esté directamente implicado no solo en el genocidio, sino en el régimen de apartheid y la ocupación ilegal de Palestina.

Pedimos que se hiciera una auditoría para asegurarnos de que no hay otras operaciones como esta, porque el Ministerio de Exteriores anunció que desde el día siete de octubre se habían suspendido las autorizaciones de cualquier envío de material bélico a Israel. Lo que sucedió es que la autorización de esa operación fue previa al siete de octubre y que, sin embargo, esa operación se ejecutó en el mes de noviembre. Quiero resaltar que tanto la autorización previa al siete de octubre como la ejecución fue antes de que se formara este Gobierno. Yo no estaba en el Ejecutivo en ese momento, pero aun así creo que se trata de algo inaceptable.

En cuanto a decretar ese embargo formal, ¿percibe voluntad por parte de su socio, el PSOE, para desarrollarlo?

Existe un consenso absolutamente mayoritario en la sociedad española, más allá de posiciones ideológicas, sobre que no hay que vender armas a un Estado que está practicando un genocidio con total impunidad. Aspiro a que a que esta posición se traslade en una decisión del Gobierno de España.

Esta semana el grupo Sumar votaba a favor de romper las relaciones bilaterales con el Estado de Israel. No así uno de sus diputados, el embajador Santos Maraver. ¿Qué opinión le merece esta discrepancia en el seno del grupo?

Mi opinión se resume claramente, la que acabo de expresar. Hay que romper cualquier tipo de vínculo o asociación de cualquier tipo con todos los actores que estén implicados no solo en el genocidio, sino también en la ocupación ilegal de Palestina y en el régimen de apartheid. Es algo que ya vimos en el caso de Sudáfrica, la importancia de la presión de la comunidad internacional. Eso quiere decir romper relaciones, decretar embargos comerciales, adoptar sanciones. Solo así podremos hacer lo que tenemos que hacer. Nos va a perseguir toda la vida lo que está sucediendo en Gaza, y mientras vivamos la pregunta será: ¿qué hicisteis al respecto? No caben medias tintas.

Sumar celebra el 23 de marzo su asamblea fundacional, y a menos de un mes de esta cita todavía no está resuelto cuál va a ser el encaje de los partidos en este proyecto. ¿Por qué cuesta tanto desplegar organizativamente Sumar? Los partidos tienen bastantes diferencias sobre qué y cómo debe ser este proyecto.

Creo que hay que desdramatizar un poco. Es lógico en la construcción organizativa de una fuerza de izquierdas en este momento, en un país tan complejo, tan diverso, con una presencia de organizaciones numerosa, que es asimétrica, con trayectorias diferentes, después de un ciclo muy largo y muy convulso, que haya diferencias. Eso forma parte de la plena normalidad. Otra cosa es qué se haga con ellas. Tenemos una cierta tendencia a magnificar este elemento del proceso o, dicho de otra manera, una cierta incapacidad de gestionar las diferencias de una forma más sana. Es algo que tradicionalmente le ha pasado a la izquierda.

Entonces yo confío en que el despliegue organizativo de Sumar va a dotarse de una institucionalidad democrática firme y lo suficientemente vigorosa para que todo el mundo esté a gusto y que podamos lograr el objetivo prioritario, que es vertebrar nuestras fuerzas para poder constituir una alternativa política a medio y largo plazo.

Uno de los principales retos que tiene Sumar, la izquierda en general, son las elecciones europeas. ¿Qué debe aportar Sumar a la izquierda, desde el Estado español, a este debate que es paradigmático?

Una alternativa democrática. Esto se dice fácilmente, pero aterrizarlo es complejo. Hace diez años planteábamos que había que configurar una visión europea de la lucha contra la austeridad y de la lucha por la democracia de los pueblos de Europa para contrarrestar el avance de las fuerzas de ultraderecha. Diez años después, constatamos que ese avance es lineal, no para de avanzar. Hoy, en prácticamente todos los países europeos, las fuerzas xenófobas, reaccionarias y autoritarias, conquistan posiciones defendiendo cosas que hace diez años nos habrían parecido inverosímiles.

El mandato que se deduce de aquí es de absoluta urgencia. La izquierda teoriza a menudo sobre la crisis ecosocial, sobre la necesidad de configurar una alternativa, pero esto hay que aterrizarlo en la práctica y, para eso, necesitamos una visión continental, una defensa de una idea de bienestar que esté acompasada con los retos del siglo XXI, con el cambio climático, con las transformaciones del mundo del trabajo, con las migraciones y las violaciones de derechos humanos que hay a nivel europeo. Necesitamos un proyecto económico y de redistribución de la renta y la riqueza, configurar una nueva generación de derechos sociales, democratizar el tiempo, repartirlo exactamente igual que los recursos, porque el tiempo siempre cristaliza en un determinado orden social. Necesitamos una trinchera de defensa de los derechos humanos cuando se multiplican sus enemigos.

Necesitamos una visión de Europa democrática para poder generar un espacio autónomo en esta nueva lucha hegemónica que se está dando en el planeta y que ha hecho saltar por los aires el Derecho Internacional y cualquier perspectiva de un orden reglado por los Derechos Humanos. España tiene una responsabilidad extraordinaria en ello porque, contra todo pronóstico, contra lo que decían todas las encuestas, ha resistido hasta ahora. El gran mensaje que España envió al mundo el 23 de julio fue un mensaje de resistencia y de alternativa. Por muy difícil de decir que sea esto, debemos ser conscientes de la inmensa responsabilidad que tiene este país para configurarse, erigirse como faro y como ejemplo de una alternativa.

Cuando uno mira hacia aquí, nos gustaría estar mucho mejor de lo que estamos, pero cuando uno amplía el foco y mira a escala mundial, en muy poquitos sitios existe la fuerza organizada, la capacidad ideológica y la presencia institucional que tenemos en este país para poder transmitir alto y claro un mensaje, no sé si de esperanza, pero por lo menos de confianza en las capacidades democráticas. Un mensaje de no sucumbir a esa espiral reaccionaria de violencia y de configurar ideales democráticos y horizontes de bienestar para el conjunto de nuestras sociedades. Es una tarea enorme y la hacemos desde una posición precaria, pero es el único camino.