El Gobierno tiene entre sus retos dar salida a una norma para dotar de "mayor transparencia" a la actividad de los cargos públicos, tal como recordó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado 3 de marzo en el Congreso. Se trata de la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre.

El anteproyecto tiene como objetivo principal la regulación de la actividad de estos grupos, conocidos como lobbies, en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público. Asimismo, la norma determinará por primera vez cómo debe ser la relación entre aquellas personas susceptibles de recibir influencia y quiénes trabajan para los grupos de interés, además de establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima.

Desde el equipo de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguran que "todavía no hay fecha" para que el texto reciba el aval de Moncloa en segunda vuelta y sea remitido a las Cortes, pero lo cierto es que la legislatura se agota y los plazos parlamentarios estrechan el margen para que esta pionera regulación en suelo estatal vea luz verde definitiva.

Una regulación específica para los diputados en el cajón

Cabe recordar que el Congreso, que ejerce junto con el Senado el poder legislativo, tiene en su haber un texto que aborda esta cuestión, aunque acotada a los miembros y empleados públicos de este órgano constitucional. A propuesta del PSOE, la Cámara Baja dio en mayo de 2021 el primer paso para poner coto a la influencia de los lobbies sobre los diputados dado el "creciente interés" por parte de los diferentes sectores de la sociedad en influir en la toma de decisiones de las administraciones públicas.

Ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule la acción de los grupos de presión y sus representantes en el ámbito de las Cortes Generales, la iniciativa legislativa plantea incorporar un nuevo Título XIV al Reglamento del Congreso para "contribuir a la formación de una nueva cultura política en España" en aras de luchar contra la corrupción, además de servir como un instrumento para "fortalecer la transparencia" en el ámbito de la política.

De esta manera, para regular estas acciones opacas, la proposición de ley define de forma precisa lo que debe entenderse por grupo de interés y la
actividad de influencia, establece una lista de principios que deben regir su labor y determina la creación de un registro de lobbies que será "público y accesible" a través de la página web del Congreso. Asimismo, la reforma del reglamento se completa con varios artículos que establecen un régimen sancionador.

"La claridad que aportará esta reforma permitirá dar a conocer qué entidades están tratando de influir en las políticas públicas que a diario se preparan, debaten y aprueban" en el seno de la Cámara Baja, recoge el texto legislativo admitido a trámite con el respaldo de 207 diputados.

'Tito Berni', la punta del iceberg

La falta de mecanismos para conocer plenamente la actividad de sus señorías se evidenció recientemente con el caso Mediador, en el que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, se reunía con los empresarios de la presunta trama en las dependencias de la Cámara Baja, según los informes policiales.

Esto fue solo la punta del iceberg, aunque volvió a poner la necesidad de una regulación sobre la mesa. El propio portavoz socialista, Patxi López, defendió hace un mes la iniciativa presentada por su grupo en torno a este asunto, pero casi dos años después la norma sigue guardada en un cajón y con pocas garantías de que sea impulsada. 

Un Código de Conducta sin sanciones

En aras de lograr la mayor transparencia posible dentro del ámbito legislativo, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado aprobaron en octubre de 2020 un Código de Conducta. Entre otras cuestiones, este marco de regulación impone a los diputados y senadores "incluir específicamente" en el apartado de la agenda institucional "las reuniones con representantes de grupos de interés", a pesar de que "no exista todavía una regulación de dichas organizaciones" en ambas cámaras.

Pero son muy pocos los representantes públicos que lo hacen. A tenor del primer informe publicado por la Oficina de Conflicto de Intereses de la Cortes Generales, correspondiente a 2021, sólo siete de los 349 diputados (el escaño de Alberto Rodríguez todavía no ha sido ocupado) publicaron sus reuniones con lobbies.

Un año después, esta tarea sigue siendo un reto, pues las cifras no han mejorado sustancialmente. El informe de 2022 realizado por este organismo, según los datos citados por El Periódico de España, refleja que solo 24 parlamentarios incluyeron en sus agendas los encuentros con los representantes de los grupos de presión.

Llamada de atención a los diputados de Vox

Por otro lado, el Código de Conducta incluye la obligación de formular una declaración de intereses económicos. La información contempla las actividades que el parlamentario desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario; y su implicación con las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro.

Pocos cambios se han realizado desde que los diputados cumplimentaron esta información en febrero de 2021, pero sí destacó la llamada de atención de este organismo a los 52 representantes de Vox en su primer informe al considerar poco "creíbles" sus declaraciones.

La bancada de la ultraderecha evadió dar detalles sobre la información requerida y dio una única respuesta: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados".

En cualquier caso, esta acción solo conllevó una reprimenda, pues el Código de Conducta no ahonda en lo referido a las infracciones y sanciones, sólo menciona los procedimientos que deben de seguirse para dilucidar una falta por parte de un diputado, sin detallar en qué consisten esas sanciones. Hasta la fecha, esa es la única información que ofrecen los parlamentarios de Vox en relación a sus declaraciones de intereses económicos.