La historia de Fernando Presencia es digna de un guion sobre la venganza, pero, lejos de ser el héroe de la película, este exjuez ocuparía el papel de villano, a tenor del auto de incoación de diligencias dictado por el juez Joaquín Gadea,  que le investiga por presuntos delitos de injurias y/o calumnias así como un delito contra las altas instituciones del Estado, penado con entre 12 a 18  meses de prisión.  

El Juzgado Central de Instrucción 6 admitió el pasado 21 de junio la querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Presencia por las publicaciones en la web de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), presidida por el exjuez y donde se piden donativos para llevar a cabo una labor que incluye publicar "la información que considere oportuna sobre aquellos asuntos de corrupción en los que resulte imprescindible su divulgación", consta en la citada web. 

Según las noticias difundidas por Fernando Presencia, prácticamente no queda juez ni cargo público que no disponga de una cuenta en un paraíso fiscal nutrida con fondos procedentes de la corrupción. Una de las últimas publicaciones de ACODAP acusa directamente a la ministra Margarita Robles, a Esperanza Casteleiro, directora del CNI; y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, de cobrar una serie de sobornos y de tener el dinero en bancos de Luxemburgo y de la Isla de Man. 

Los principales damnificados de sus fake news son, según la Audiencia Nacional, los siguientes magistrados y magistradas: Pablo Llarena, Ángel Luis Hurtado, Carmen Lamela, Vicente Magro, Susana Polo, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Andrés Palomo del Arco y Miguel Colmenero. 

El propio juez Gadea es también uno de los blancos favoritos de Presencia y también Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Sobre todos ellos ha vertido graves acusaciones de delitos fiscales y prevaricación. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también han copado espacio en la web de ACODAP. Concretamente contra ellos lanzó Presencia la acusación de poseer numerosas cuentas en paraísos fiscales y aseguró que ambos habían sido imputados judicialmente por blanqueo de capitales, algo que es falso. 

Lo que es cierto es que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina --donde reside el exjuez-- investiga a Presencia por un presunto delito de falsedad  en relación a la denuncia que interpuso contra Dolores Delgado y el expresidente Zapatero.

El juez Gadea ha ordenado el cierre de la web de la asociación ACODAP, pero la misma sigue activa, como ha podido comprobar este diario. Por otro lado, el magistrado ha librado un mandamiento judicial a la entidad bancaria Liberbank para que aporte información sobre una cuenta de Presencia en relación al cobro de donativos de su asociación.

Marchena da la voz de alarma

El pasado 9 de junio, el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, enviaba una misiva a Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, en la que alertaba de las informaciones falsas e injuriosas de las que eran objeto numerosos magistrados de su Sala y alertaba en concreto de una entrevista concedida por Fernando Presencia al canal de YouTube Estado de Alarma--vídeo que ya ha sido eliminado--, donde daba cuenta de algunas de sus particulares exclusivas. 

Decía Marchena en su carta a Lesmes que se han detectado intentos de modificación de los perfiles en Wikipedia de algunos de los jueces afectados. "Creemos que no sólo está en juego la honorabilidad de unos magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus deberes tributarios sino también la integridad de una de las Salas del Tribunal Supremo que, como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial relevancia ligados, precisamente a la lucha jurídica contra la corrupción", consta en el escrito de Marchena, al que ha tenido acceso Público. 

Evaluación psiquiátrica

Este jueves Fernando Presencia está citado en la Audiencia Nacional para que declare como investigado, pero antes, sobre las 9 de la mañana, tiene una cita con el médico forense, "ante el riesgo de que pudiera adolecer de algún tipo de patología", dice el juez Gadea de cara a establecer si Presencia es imputable. 

Fernando Presencia fue condenado en dos ocasiones por la Sala de lo Penal por sendos delitos de prevaricación por favorecer a amigos cuando era juez en Talavera de la Reina. En 2017 el Tribunal Supremo confirmó la pena de 10 años de inhabilitación porque archivó una causa contra un conductor que había atropellado a un peatón, dándose a la fuga; el conductor era amigo del juez. En 2018 se le condenó a dos años y 10 meses de inhabilitación por haber archivado una querella contra otro amigo suyo. 

Tras ser apartado de la carrera judicial, Presencia se ha dedicado a construirse un parapeto como denunciante de corrupción, a través de su asociación, pero lo que le mueve a la hora de propagar bulos y adjudicar graves delitos a jueces y políticos parece que es el ánimo de venganza contra una cúpula judicial que le condenó por corrupto.