El Partido Popular sigue empeñado en hacer del reparto de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea su principal estrategia contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un asunto, el del desembolso por parte de las autoridades comunitarias de 140.000 hasta 2026 en transferencias y préstamos, que no debería ser objeto de discusión política interna pero que Pablo Casado se ha empeñado en usar de forma partidista para sembrar dudas.

Desde Génova han llevado su tesis de que el Ejecutivo no está haciendo un reparto equitativo de los fondos hasta la misma Bruselas. La eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha preguntado este martes en la comisión conjunta de Empleo y Asuntos Económicos al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, sobre los mecanismos para controlar la ejecución en España de ese fondo de recuperación. Y de nuevo se ha encontrado con un varapalo de la Comisión Europea. 

"El dinero se da cuando se cumplen metas"

"Quería preguntar qué medidas va a poner en marcha la Comisión Europea para garantizar que se dé una ejecución real del mecanismo de resiliencia para la recuperación económica", ha preguntado Benjumea. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, le ha tenido que recordar cómo funciona dicho mecanismo y los controles que los países deben superar para obtener los fondos: "Es un instrumento que se fundamenta en cumplir objetivos, el dinero se da cuando se cumplen metas. Cuando se han cumplido inversiones y reformas, y la Comisión Europea verifica si ese es el caso, entonces se desembolsa el dinero".

Mientras, el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, ha respaldado que España fuera el primer país en recibir el primer paquete de fondos, un total de 10.000 millones: "En relación con España, la decisión fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades, algo que es legal y que han hecho otros países".

Y ha continuado explicando los siguientes pasos a seguir: "Ahora estamos empezando la evaluación de nuevas reformas e hitos, como la del mercado laboral y de las pensiones. Y en este caso, apoyamos mucho los acuerdos alcanzados con los agentes sociales (en referencia al acuerdo alcanzado en la reforma laboral).

La portavoz comunitaria, Veerle Nuyts recordaba al PP ya la semana pasada que la propia Comisión "implementará también su estrategia de control para asegurarse de que los fondos han sido utilizados apropiadamente". Además, recordaba la portavoz que el reparto podrá ser supervisado por instituciones como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Cuentas si fuera necesario.

Bruselas avaló a principios de diciembre del año pasado la aprobación del primer pago de 10.000 millones de euros a España tras constatar el cumplimiento de 52 compromisos contemplados en el plan de recuperación español, según anunció entonces la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El PP pretende que el Congreso controle los fondos

Pese al escaso impacto que sus quejas tienen en Bruselas, el PP continúa en España azuzando al Gobierno y pretende que el Congreso fiscalice los fondos europeos a través de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Además, los populares no se conforman con que la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, informe el próximo 10 de febrero de la ejecución del Plan de Recuperación. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha exigido que sea antes de que acabe enero porque considera que supone "un escándalo político de primer orden".

Entre críticas por "oscurantismo, arbitrariedad y partidismo" en el reparto de estos recursos, Gamarra ha informado que los populares solicitarán detalle por ministerios, sectores y empresas beneficiadas, si bien ha anticipado que "seguramente se pisoteará y humillará a esta Cámara", dando por sentado que no se facilitará esta información.

Es tal el empeño del PP por enfangar este reparto de los fondos que ya ha judicializado el asunto de la mano del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que decidió hace unas semanas presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Una cruzada que ya se va encontrando voces internas en contra, como la del exministro Cristobal Montoro, que ha afeado al Partido Popular que no celebre estas ayudas y que haya convertido este asunto en un "enfrentamiento político".