El conflicto del taxi quizá haya disminuido en intensidad, pero está lejos de haber desaparecido. Este viernes el sector aguarda con expectación la publicación del decreto del Ministerio de Fomento. La batalla se traslada una vez más a los tribunales, con una demanda civil presentada por el despacho del conocido abogado Elpidio Silva

Representará a varias asociaciones de taxistas en una demanda relacionada con el conflicto de las VTC. ¿Puede explicarnos en qué consiste el caso, cuyos orígenes se remontan a finales de 2017?

Somos los abogados de la Plataforma Integral del Taxi (PIT) y asesoramos a Elite Taxi. Plantearemos una demanda civil que, entendemos, responde a la competencia desleal que se está produciendo, y actuaciones en el ámbito penal, pero poco más le voy a poder decir porque forma parte del secreto profesional y la estrategia procesal.

Este conflicto es una guerra en la que van a haber muchas batallas. Hemos conseguido que tanto el gobierno español como la comunidad autónoma de Cataluña y otras comunidades autónomas o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) comprendan que llevamos razón. Los VTC tienen una licencia para trabajar, a la que no le ocurre nada y que es perfectamente válida siempre y cuando esa licencia se centre en el ámbito que le corresponde. Como licencia otorgada por el Ministerio de Fomento hay que entender que la licencia opera entre comunidades autónomas porque la competencia del gobierno es cuando el servicio se va a prestar más allá de una comunidad autónoma. Ésa es la licencia que tienen. En servicios intercomunitarios las VTC pueden trabajar, pongamos por caso, de Madrid a Barcelona. Ésa es una licencia bien utilizada, dentro del marco de competencias del Estado para trabajar entre comunidades autónomas. El gobierno no puede dar una licencia para trabajar dentro de una comunidad autónoma, ya que éstas están transferidas, en el caso de Cataluña, a las comunidades autónomas. Ni siquiera el PP se opuso cuando atacó frontalmente al Estatuto de autonomía del año 2007. Cuando el transportista va a trabajar dentro del municipio, lo cual es perfectamente posible, no vale la licencia autonómica, sino que tiene que tener la licencia que le otorgue el municipio o el área metropolitana afectada. Responde al reparto de competencias en el ordenamiento jurídico español. Todo ello ha sido confirmado por el gobierno, las comunidades autónomas y gobiernos municipales. Únicamente no la comparten la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), Uber y Cabify. ¿Y por qué? Porque no quieren atender a la legalidad.

A la legislación vigente corresponde la aplicación de la proporción 1/30, reconocido por el Tribunal Supremo, por la cual por cada 30 taxis debe haber una VTC. Es un criterio razonable. La VTC no está tan demandada. Sólo lo está cuando se comporta como un taxi, lo cual es ilegal. Si se adapta a la proporción 1/30 y los demás condicionantes de movilidad y protección del medio ambiente, las VTC podrán trabajar, por ejemplo, en el municipio de Barcelona. Y mientras no lo hagan, no podrán hacerlo. Creemos que ésta es la situación que se confirmará en el Decreto.

¿Cómo llegaron los taxistas a usted? ¿Por qué decidió aceptar el caso?

Aceptamos el caso porque entra dentro de lo que es el know-how fundamental de este despacho, que es la protección de colectivos que hayan sido damnificados como consecuencia de acciones corporativas o públicas. Entendíamos que era una situación de defensa de un sector muy importante para la economía española y un país turístico como España. Hablamos de 100.000 familias aproximadamente que dependen del taxi. Para nosotros es un honor poder ayudarlos y darle la vuelta, porque el taxi estaba en una situación de total indefensión. Poco a poco hemos colocado al taxi donde se merece, señalando las ilegalidades que pueden estar concurriendo, incluso de una manera criminal, en el ámbito de las licencias VTC.

En los conflictos entre taxistas y empresas como Uber en otros países estas últimas han desplegado grandes equipos legales, amparándose en la regulación del mercado y el libre comercio, además de ingentes recursos en campañas publicitarias. ¿Cree que tienen oportunidades de ganar?

Lo ha intentado Uber y Cabify a través de los medios de comunicación, donde se ha llevado a cabo una campaña de difamación del taxi. A nivel de redes sociales y algunos medios de comunicación estamos logrando explicar qué es lo que sucede aquí en realidad. Y lo que sucede es muy sencillo: el taxi es un servicio público de interés general, sostenido por 100.000 familias. No puede desaparecer. No se puede concebir que unas cuantas corporaciones puedan triturar la política de movilidad y control de tráfico por parte de municipios y ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao o Zaragoza. Es inconcebible pensar que por la ciudad de Barcelona puedan circular 3.000, 5.000 ó 8.000 vehículos bajo ningún control, ni siquiera de los gases contaminantes, de su modelo de motor. Se trata de vehículos que, como no pueden aparcar, ya que no tienen zonas de espera, no tienen donde estar. Van a estar circulando de manera sistemática y permanente por la ciudad. Además de la contaminación, colapsa el tráfico de la ciudad. Lo hemos visto en Nueva York, ciudades que se han visto colapsadas como consecuencia de una entrada desaforada y desregulada, sin ninguna supervisión. La ciudad infartaría, el tráfico rodado colapsaría. No hay quien pueda canalizar una oferta tan desproporcionada.

La ciudad se ha ido cargando de contenidos: carriles bici, zonas peatonales, el tráfico usual de las ciudades... Esto implica que la capacidad de absorción es muy limitada. Yo entiendo que la capacidad de absorción de VTC en Barcelona ni siquiera llega a la proporción 1/30. Ya esto sería demasiado. ¿Dónde meterlos? No tienen espacio. En Madrid hay días que la proporción es 1/1: un taxi por un VTC. Sobre todo en fines de semana.

El AMB ha de determinar cómo gestionar un asunto como éste. Su reglamento es absolutamente legal. A día de hoy ni entendemos ni compartimos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es la causa del problema. El principal problema que tenemos ahora en este sector son las resoluciones judiciales que no están atendiendo mínimamente lo que está ocurriendo. Nuestra función es explicarlo y difundirlo, y contrarrestar esas campañas de márketing. Hay que revertir esta situación y volver a una regulación adecuada de la ciudad.

Su nombre es a estas alturas sobradamente conocido en los medios de comunicación. Aunque no sería la primera vez que se ve envuelto en polémica, ¿teme algún tipo de repercusión negativa?

Sabemos, también por mi propia experiencia, que hay determinados personajes influyentes, castas dentro del funcionamiento de la política y las instituciones españolas que, cuando tienen un problema, antes que cambiar de abogado, cambian de juez, y si no pueden cambiar de juez, van a por el abogado. Esto ya lo sabemos. Asumimos los riesgos inherentes a esta profesión, incluyendo ser objeto de campañas de desprestigio y difamación. Lo asumiremos, nos defenderemos y señalaremos que son campañas que van dirigidas precisamente a tapar las debilidades de quienes las organiza. Entiendo que Cabify y Uber son empresas que han fracasado estrepitosamente en esta operación de las VTC. Lo más adecuado es que lo reconozcan. Si no quieren, estaremos atentos a cualquier tipo de campaña u operación de desprestigio que quieran realizar. Y la denunciaremos.

¿Lo llevarían a los tribunales?

Sin duda. Hasta donde tuviéramos que llegar. Al ámbito penal si fuese necesario.

¿Espera que este caso sirva como precedente para la regulación del sector del transporte, en particular las licencias VTC?

Yo creo que sí. Podemos conseguir que sea referente para determinados colectivos afectados por la uberización de la economía. La llamada economía colaborativa no se puede permitir que continúe abriéndose paso. Está pasando con los taxistas, también tengo entendido que está pasando en el ámbito de los guías turísticos, los apartamentos turísticos... En todos los casos un operador se coloca en una plataforma en internet y, a través de esa plataforma, gestiona un ámbito de negocio bajo el pretexto que se trata de una economía de colaboración, que se limita a poner a diferentes personas en contacto para obtener un provecho mutuo. Esto es falso. Como ha dicho la UE a través del Tribunal de Luxemburgo y en boca del abogado general en la última causa que ganó el taxi, Uber, cuando realiza contratos de transporte, no es una mera economía colaborativa, hace contratos de transporte y ha de regirse por las licencias preceptivas a ese ámbito. Lo mismo vale para otros ámbitos. So pretexto de esta economía colaborativa lo que se hace es sustraer a determinado ámbito de la economía su regulación, la imprescindible supervisión que debe existir. Todo ello sin garantías para el consumidor y usuario, obteniendo beneficios sorprendentes como consecuencia del aprovechamiento de una plataforma que puede estar instrumentada por empresas radicadas en paraísos fiscales o países donde el control tributario de los beneficios de la sociedad son muy laxos. Con ello se consigue depredar un sector económico contra los intereses de cientos de miles de personas que trabajan en él a la vez que generar un fraude, porque en realidad no es economía colaborativa, son contratos puros y duros de servicio que no están regulados.

La tarea es ingente viendo los sectores a los que afecta este fenómeno...

Efectivamente. Están apareciendo en todos los sectores, incluyendo la abogacía. Hay que estar muy alerta. Estas plataformas no son ajenas a un ámbito contractual, no son una economía colaborativa, como nos quieren convencer. En el caso de Uber, desde la matriz de su software, y desde la matriz de todos sus datos que tiene en ese software, como el manejo de los algoritmos para determinar las corrientes de servicios y transportes, no es que esté realizando servicios de transporte en el mercado, es que ella misma es el mercado. Opera dentro del mercado, lo desintegra y lo sustituye por uno propio. La cuestión es detectar esto y aplicar la normativa con el mayor rigor que hace referencia a la necesaria supervisión de los sectores económicos.

'Poner puertas al campo', le dirán...

¿Cómo va a ser la supervisión del Estado ponerle puertas al campo? Al revés, la regulación es más fácil que nunca: basta con que cada VTC esté obligada a llevar un chip para que las autoridades puedan localizarlo, saber sus recorridos, rutas, horarios, etcétera, saber si está violando o no los servicios que la licencia permite. Se hace con las bicicletas de alquiler, ¿por qué no con los VTC?

Permítame cambiar de tema y hacerle una pregunta no relacionada con el caso. Tiene despacho en Barcelona. ¿Cómo ve la situación en Cataluña, en particular desde un punto de vista legal?

He manifestado, desde el principi, creo, que esto es un problema netamente político. No estamos ante un problema jurídico. Y ese problema político el PP no lo quiso asumir, y en vez de asumirlo, adoptó una estrategia consistente en incendiar Cataluña, negar el derecho al diálogo, a tener un Estatuto propio, incluso al sentido de una Constitución, que debería ser un proceso constituyente abierto, y con ello tapar su corrupción sistémica y provocar una trampa tremenda a los partidos de izquierda a escala estatal, porque cuando vengan a Cataluña tendrán serios problemas a la hora de definirse en relación con el procés, ya que el PP ha tratado de indoctrinar a la sociedad española que aquí estamos ante un proceso meramente rupturista, sin que se den cuenta de que estamos ante un proceso constitucional que ha sido violado por el PP. Ya fue violado en 2007, cuando el Tribunal Constitucional dijo algo que no se puede decir: que la voluntad manifestada por el pueblo catalán en un referéndum y en el Parlamento catalán estaban por detrás de la firma de unos cuantos magistrados del Constitucional. Esto no es aceptable. No responde siquiera al espíritu de la Constitución. A los políticos catalanes se les ha dado la espalda. Con esto están incendiando Cataluña. Hoy tenemos como resultado una politización de la justicia y una judicialización de la política. Eso ha dado lugar a que haya presos políticos y exiliados. Es vital que se siga la línea de diálogo y que se entienda que esto se tiene que arreglar políticamente, y que los jueces no tienen nada que decir, porque aquí no hay ningún delito.

La figura del abogado ha cobrado importancia en los medios de comunicación casi como referente moral, por encima de políticos y periodistas: Van der Eynde, Alonso-Cuevillas, Boye... ¿Qué opina de este fenómeno?

El abogado tiene una función fundamental: garantizar que los derechos contenidos en la Constitución y el resto de derechos consagrados en el ordenamiento jurídico estén amparados. Hay que defender al cliente para preservar ese amparo. En este caso hay un protagonismo por parte de la abogacía, porque la ciudadanía, el pueblo catalán, se da cuenta que determinados letrados y abogados estamos expresando la verdad jurídica, mientras que el aparato judicial –entiéndase, determinados elementos del aparato judicial, no todos– están llevando a cabo una manipulación desconocida del derecho, y en algunos casos puede que incluso estén prevaricando. Hemos puesto querellas en este sentido. Yo particularmente, en la asociación Atenas de los derechos civiles, me he visto casi obligado, también como ciudadano, a proceder contra el Consejo General del Poder Judicial, contra el Supremo, en el entendimiento de que pensamos que se puede estar prevaricando a la hora de instrumentar determinados cargos judiciales a favor de una determinada ideología política, esencialmente de la ultraderecha. Una ideología que está embutida en el Partido Popular.