No hubo “coerción violenta armada” ni “insurrección popular” en el procés; todo se encuadró en una estrategia de acción noviolenta, una forma de actuación política que “no concuerda” con “el levantamiento armado o la insurrección violenta". Para tener éxito, esta forma de hacer política requiere de la “legitimidad” que le aporta su pacifismo, y por tanto descarta la violencia. Son las conclusiones de dos sociólogos llamados a declarar como peritos ante el Tribunal Supremo este miércoles, en el marco del juicio contra la cúpula del procés catalán.

En la 45 sesión de la causa, los peritos llamados por la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, han desgranado la esencia de su informe, de 126 páginas: recrean extensamente su visión sobre la evolución del procés, y niegan que los documentos Enfocats y la agenda Moleskine de Josep Jové, que para la Fiscalía plasman la hoja de ruta independentista, fueran realmente documentos determinantes -en línea con las defensas-. También defienden los roles de Cuixart y Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, y analizan la jornada del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017 -"Un acto de desobediencia civil masiva"-, así como la protesta ante la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat de Catalunya, el 20 de septiembre del mismo año.

“Las movilizaciones catalanas siguen una lógica basada en la acción noviolenta”, sostienen los peritos, que afirman que en ninguna de esas jornadas se puede atribuir “a los independentistas ninguna acción que se pudiera considerar como acción violenta organizada”, en contra de lo que sostiene la Fiscalía. “Resulta evidente que no hubo lucha armada, en cuanto no hay constancia en ningún momento ni del uso de armas ni de las consecuencias de ello (ni heridos, ni muertos, ni bombas…)”, recoge el texto.

El informe reconoce que hubo “casos muy aislados” de “respuesta agresiva a la intervención policial” para frustrar el referéndum -que degeneró en las violentas cargas de la jornada-, si bien los explica como “una falta de disciplina noviolenta de algunas de las personas" que querían participar en el referéndum. “No se puede entender en ningún caso como una respuesta violenta organizada”, y “sólo se puede achacar a esas personas la responsabilidad por los actos que cometieron”.

Según su relato, serían atribuibles a “individuos motivados por un exceso de exaltación, o bien por la intención de sabotear el proceso de resistencia civil del independentismo catalán al proporcionar imágenes contrarias a su estrategia”.

“Nunca a los representantes de las organizaciones que trataron de evitarlos, por ilegítimos pero también por contraproducentes con su propia estrategia independentista”, reza el texto. "Otra cosa diferente a analizar serían las actuaciones de los Comités de Defensa del Referéndum", continúa, reconociendo la "existencia de cierto grado (aunque mínimo) de respuesta violenta a la intervención policial". 

De forma parecida, el documento resalta que el “único caso de destrucción de la propiedad documentado” el 20-S hace referencia a los coches de la Guardia Civil “que fueron vandalizados”, si bien matiza que “no se puede entender este hecho incívico como un sabotaje o un atentado”. En palabras de uno de los peritos, estos daños suponen una "ruptura de la disciplina no violenta",.

El Informe pericial lleva las rúbricas de John Paul Lederach, doctor en Sociología por la Universidad de Colorado y licenciado ,en Historia por el Bethel College, y de Jesús Castañar Pérez, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Investigación Histórica por la Universidad de Castilla-La Mancha. “Desde nuestra perspectiva, tanto las movilizaciones del 20-S como los hechos del día 1-O son típicos actos de protesta propios de una estrategia de noviolencia”, apunta el texto.

Con el final de la declaración de los peritos, en torno a las 19.00, acababa la 45 sesión de la causa, penúltima de la semana. Los interrogatorios a los últimos testigos de las defensas, inicialmente previstos para este lunes, tendrán lugar durante la mañana del jueves, junto con las comparecencias de otros expertos citados por defensas y acusaciones.

Sànchez y Cuixart orientaron hacia formas pacíficas

Por otro lado, el informe recoge también extractos de entrevistas a Cuixart y Sànchez, así como decenas de sus mensajes publicados en la red social Twitter. Concluyen que ambos "hicieron todo lo que pudieron para influenciar la actitud y acciones de la multitud, así como para orientarlas hacia formas pacíficas de protesta". Los sociólogos sostienen que "no se puede considerar" a ninguno de los dos, que "lograron mantener la protesta en el ámbito de la acción noviolenta, como instigadores de una insurrección que no se produjo, máxime cuando las cargas policiales se produjeron una vez que se había desconvocado la concentración" del 20-S.

En lo que respecta a Cuixart, precisan que sus llamamientos a "alzarse", en referencia a las movilizaciones, no pueden leerse como una proclama "para conquistar el poder y alterar por tanto el orden constitucional", sino "para defender las instituciones catalanas". 

Tensión en el interrogatorio del fiscal

El fiscal Jaime Moreno se ha mostrado particularmente insistente con los sociólogos. Durante su interrogatorio, en el que se ha visto reprendido en varias ocasiones por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el fiscal ha enumerado varios ejemplos de las agresiones denunciadas por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la jornada del 1-O, para enfatizar que sí hubo violencia.

Además, ante preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane, los peritos han detallado que las "faltas de disciplina" entre los ciudadanos concentrados el 1-O, a la que habían aludido anteriormente, se plasmaron en "actos puntuales de agresión", como consecuencia de momentos de "tensión" que no estaban "planificados".