Cerca de 17.000 indultos, según datos de Civio, ha concedido el Gobierno de España desde que en 1982 Felipe González llegara a La Moncloa. En este tiempo, José María Aznar ha sido el presidente que más "perdones" ha concedido y también el que decidió los indultos, en principio, más polémicos, como el del ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado, Rafael Vera, por los GAL. Sin embargo, esta decisión, más allá de reacciones políticas, no generó movilizaciones en la calle en contra.  

Justo lo contrario a lo que ha ocurrido con los presos del Procès o contra el indulto parcial a María Sevilla. Ambas decisiones han ocurrido en el Gobierno de Pedro Sánchez con protestas orquestadas desde la oposición y parte del poder mediático a través también de campañas en redes sociales.

Ni siquiera en el entorno de la entonces Herri Batasuna se lanzó a la gente a la calle contra los indultos del GAL, aunque hubiera una intensa crítica política al respecto. 

Movilizaciones contra Irene Montero

Cada ataque a los indultos contra mujeres que han sufrido las consecuencias de la violencia institucional, al denunciar violencia de género o abusos hacia sus hijos por parte de sus parejas, va intrínseco también una crítica a las políticas de Igualdad de Irene Montero.

De hecho, la protesta convocada para el sábado ante el Ministerio contra el indulto de María Sevilla es también una respuesta para desgastar al Gobierno, en general, y a la ministra Montero en particular.

La manifestación impulsada desde el entorno de Vox forma parte de una campaña de acoso y derribo al Gobierno desde que Pedro Sánchez tomara posesión como presidente. Y más, especialmente, desde que se iniciara el Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Los indultos más cuestionados pero sin protestas en la calle

Que el Tribunal Supremo, como en el caso de los presos del Procés, no avale la decisión de indultos del Gobierno, tampoco es algo novedoso como sabe muy bien Jose María Aznar. El entonces presidente concedió un total de 5.948 indultos y en varias ocaciones no contó con la bendición del Alto Tribunal.

Entre estos indultos se encuentra el perdón gubernamental a diez de los doce condenados por el secuestro de Segundo Marey en 1983 por los GAL, al que confundieron con un dirigente de ETA, Mikel Lujua. Pero también lograron la libertad los condenados por el caso Filesa, el escándalo de financiación ilegal, a través de empresas, del PSOE a finales de los años 80.

También tuvo suerte en la era Aznar el juez Javier Gómez de Liaño, que procesó a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y a todo el Consejo de Administración de Sogecable por un presunto delito de apropiación indebida y, más tarde, fue condenado por este hecho por un delito de prevaricación. Aznar le otorgó el indulto a pesar de que el Tribunal Supremo desaconsejó la medida de gracia.

Los perdones de Zapatero

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero concedió un total de 3.381 indultos entre 2004 y 2011, entre ellos el del banquero Alfredo Sáenz, exconsejero del Banco Santander.  Una medida que tampoco contó con el informe favorable del Tribunal Supremo.

Durante la Presidencia de Zapatero se concedió otro polémico indulto, pero como en los anteriores ni siquiera las asociaciones de Víctimas del Terrorismo salieron a la calle como acto de protesta. Se trataba del perdón a José Antonio de la Hoz Uranga, condenado a ocho años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Andrés Gutiérrez Blanco. La víctima permaneció 47 días secuestrada en un domicilio de Getxo hasta que su familia pagó 190 millones de pesetas.

Llama la atención de que las movilizaciones en la calle, hasta el indulto del Procès, tenían lugar en anteriores gobiernos para solicitar indultos y no para protestar contra ellos. Como ocurrió en el caso de Barrionuevo y Vera y cuya protesta fue liderada por el propio Felipe González.
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