Cuando Yolanda Díaz conoció que iba a ser la ministra de Trabajo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos invirtió todos sus esfuerzos en incluir en el acuerdo entre ambas formaciones las medidas en materia laboral que eran claves para el espacio confederal. Entre estas, destacaba la derogación de la reforma laboral, que se convirtió en una de las medidas estrella del programa del Ejecutivo y el objetivo prioritario del Ministerio.

El diálogo social para definir esta reforma se inició a principios de 2020, y se lograron importantes avances en su seno; sin embargo, la irrupción de la pandemia del coronavirus paralizó estos trabajos, centró el foco del Ejecutivo en otras cuestiones y convirtió a Yolanda Díaz en "la ministra de los ERTE", la herramienta de protección laboral más importante del denominado escudo social.

Ahora, esa negociación del diálogo social encara su recta final, y la previsión es que los trabajos de la denominada mesa de diálogo para la modernización del mercado laboral llegue a su fin en noviembre. El acuerdo está bastante avanzado, pero aún hay cuestiones por perfilar y discrepancias entre los diferentes actores (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme).

También hay un elemento fundamental a tener en cuenta: la negociación del diálogo social no parte de cero, sino que servirá para desarrollar una serie de medidas y reformas que el Gobierno remitió a Bruselas en el proceso de recepción de los fondos de reconstrucción y que representan compromisos con la Unión Europea.

Estas medidas están recogidas en el denominado Componente 23 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, el capítulo referido a las "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo".

Y todas tienen un horizonte temporal de aprobación claro: el año 2021, por lo que deberán estar listas, en todo caso, antes de finalizar el año (la vicepresidenta segunda se comprometió a dar explicaciones en el Congreso si este calendario no se cumplía, pero está previsto que se llegue a tiempo y que esto no suceda).

Menos tipos de contratos y menos temporalidad

La primera recomendación de este componente es la simplificación de contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación. En este apartado se especifica que "para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas), generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada".

La vicepresidenta tercera ha apuntado directamente a los contratos de obra y servicio, al entender que su formulación actual es una puerta abierta al fraude contractual que lamina cualquier aspiración a crear empleos de larga duración y adecuadamente remunerados.

Aunque la propuesta está negociándose en el diálogo social y no es definitiva, el objetivo de Trabajo no pasaría por eliminar directamente todas las modalidades de contratos temporales, sino por reducirlas y, sobre todo, por exigir una justificación exhaustiva de su utilización en casos determinados; es decir, que si una empresa acude a este tipo de contratación que sea realmente porque las necesidades obligan, bien sea por cuestiones de la producción (como cubrir una baja) o por cuestiones de organización (responder a picos de demanda).

Este es uno de los puntos que más fricción ha causado con las patronales, que llegaron a anunciar su oposición frontal a esta revisión del catálogo actual de contratos, ya que, a su juicio, estas propuestas lastrarían el dinamismo del mercado laboral en un momento muy complicado para las empresas, sobre todo porque, defendieron, este tipo de contrataciones son la "única" vía de entrada al mercado laboral que tienen determinados colectivos, como los jóvenes.

Los ERTE, mecanismo de flexibilidad interna

En la recomendación 6 se señalaba al desarrollo de un mecanismo de flexibilidad interna, estabilidad en el empleo y apoyo a la transición que evite la destrucción de puestos de trabajo en crisis y ciclos económicos bajos. En este sentido, y sobre la base de la experiencia, en el Ejecutivo tienen claro que este mecanismo deben ser los ERTE y, más concretamente, los ERTE formativos que se han planteado desde el Gobierno.

En el último decreto de prórroga de los ERTE, aprobado hace menos de un mes, se establecen porcentajes de exoneraciones a las empresas vinculados a que las organizaciones formen y recualifiquen a los trabajadores que se encuentren sujetos a este mecanismo, y Díaz ha avanzado que el objetivo es el de vincular los ERTE y la formación en el seno de la negociación de la reforma laboral.

Negociación colectiva y reequilibrio de fuerzas

Otro de los puntos más complejos en el diálogo social es el de la modernización de la negociación colectiva. Las organizaciones sindicales quieren restaurar el equilibrio de fuerzas en las negociaciones entre trabajadores y empresas, un equilibrio que consideran roto tras las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

En este sentido, el objetivo de los sindicatos es el de evitar que los convenios de empresa reduzcan los salarios de los convenios sectoriales, y garantizar la vigencia indefinida del convenio colectivo. A juicio de UGT y CCOO, este es uno de los puntos de la negociación más complicados, y dudan que las patronales puedan apoyar este punto.

En este punto se recoge en la recomendación 8 del componente 23, que se refiere a que la modernización de la negociación colectiva "deberá incorporar cambios en la propia estructura de negociación, reforzando la representatividad de las partes negociadoras, enriqueciendo sus contenidos y reforzando la seguridad jurídica en su aplicación y en sus efectos".

Precariedad en la subcontratación

Por último, otra de las reformas clave en esta negociación es la de la subcontratación. En la recomendación 9 del componente enviado a Bruselas se estipula que "es necesario abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas que trabajan para las
empresas subcontratistas".

El objetivo prioritario de la ministra de Trabajo es alcanzar un consenso con todos los actores del diálogo social, y en eso se trabaja en la actualidad. Sin embargo, Díaz ya ha avanzado que, si las patronales no aceptan algunas de las reformas comprometidas con Bruselas, el Gobierno asumirá su "obligación de legislar" para que ninguno de los actores tenga "derecho a veto" en la negociación.