La convocatoria electoral del pasado 19 de junio, que se saldó con una mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, liquidó la tramitación de una polémica ley impulsada por Vox, PP y Ciudadanos, que pretendía ampliar los terrenos legalmente regables, mediante la modificación del uso de algunos suelos, en el entorno del Espacio Natural de Doñana.

Esta norma, a cuyo tránsito parlamentario el PSOE andaluz no se opuso, causó una tremenda polémica y una gran alarma en la Unión Europea y en el Gobierno de España, porque, según analizan, en el medio plazo incrementaría la presión sobre los acuíferos de Doñana, que están sobreexplotados.

España ya tiene una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por no cuidar de manera conveniente el agua del Parque Nacional. La mera presentación de esta normativa andaluza llevó a la Comisión a amenazar a España con pedir al mismo Tribunal sanciones por incumplimiento de sentencia, lo que, lógicamente, causó honda preocupación al Gobierno de Pedro Sánchez, que avisó.

Ahora, lejos de rectificar y de replantearse el asunto, habida cuenta de los riesgos que implica para Doñana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene la idea de presentar de nuevo la ley, según dijo en una entrevista al diario ABC, que se hizo después de las autonómicas.

El último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre el estado de los acuíferos de Doñana deja meridianamente claro que hay que cambiar la óptica. "El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en zonas del acuífero detrítico, de mantenerse, comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes", se lee en el estudio, de junio de este año. En él, se constata que, sin llegar a los niveles de sequía de otros tiempos, las precipitaciones están por debajo de la media y en consecuencia las masas de agua del Parque están por debajo de su nivel óptimo.

En las conclusiones del informe, la CHG deja claro el sendero: "La estrategia para el buen estado de las [las masas de agua subterráneas] de Doñana deberá contemplar [un] incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión. Aplicación rigurosa de la legalidad. Cierre de captaciones ilegales. Eliminación de regadíos no legalizables". Traducido: la ley que se presentó la legislatura pasada debe quedarse en el cajón.

La pregunta de ABC al presidente fue –tras una introducción– directa: ¿Aprobará esa ley? La respuesta de Moreno fue la siguiente: "Esa ley se va a registrar, porque es un compromiso electoral y no falto a mi palabra".

"Lo vamos a hacer –agregó el presidente– por ley y no por decreto porque quiero que en ese proyecto participen los ecologistas, los agricultores, las plataformas ciudadanas, el resto de administraciones… que valoren y que sea una ley ampliamente debatida [en la anterior legislatura, el PP presentó la norma de acuerdo con Vox y Ciudadanos pero sin contar para nada con el Consejo de Participación de Doñana, donde están los interlocutores] para que al final pongamos solución a un problema que se arrastra en esa zona desde hace décadas en la que nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Los agricultores lo que quieren es acabar con el uso de captaciones de agua del subsuelo, que no se extraiga más".

Después, Moreno entró en temas ciertamente relevantes sobre el agua disponible, pero que no están en esa ley tal y como se presentó en el Parlamento, que es muy reducida y concreta y lo que hace fundamentalmente, según denuncian los grupos conservacionistas, es cambiar el uso de suelos para permitir, en su caso, nuevos regadíos. "Queremos agua en superficie y para eso vamos a ser muy exigentes con el Gobierno de España para acelerar y asegurar el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras un compromiso del Gobierno de España para que se tenga ese agua. Vamos a poner orden para acabar con ese problema garantizando siempre una joya medioambiental como es Doñana".

Disminuir las extracciones

La prioridad que marcan, sin embargo, los técnicos de la Confederación del Guadalquivir, en línea con la preocupación de la Comisión y del Gobierno, van por el camino contrario: disminuir las extracciones.

Según el informe, el estado de las aguas "obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas para asegurar el no deterioro, así como a realizar todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027". La CHG llega a proponer incluso la "recarga artificial" de agua "en aquellas zonas donde sea posible" y que se replanteen los bombeos de agua a Matalascañas, lugar de veraneo de miles de personas.

Además, también indican en el estudio la necesidad de "una gobernanza fuerte" que agrupe a los usuarios como interlocutores de la administración, que debe elaborar planes de extracción que garanticen la calidad y la cantidad de agua y planes de actuación y control de las prácticas agrícolas.

El PSOE andaluz después de haberse abstenido la pasada legislatura cuando PP, Ciudadanos y Vox llevaron la ley a tramitación, ahora ha virado de posición, en lo que viene a ser un reconocimiento implícito de que aquella decisión fue un error, y se ubicará en el no a la propuesta de Moreno, si es que finalmente el PP la presenta de nuevo.

La abstención a la tramitación de la ley que había ya causado la alarma en Europa, tomada por sorpresa y en contra del criterio de un nutrido grupo de diputados, provocó un desencuentro entre la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera y el secretario general del PSOE, Juan Espadas, que asumió en primera persona la decisión. Con ella, de algún modo, consiguió lo contrario de lo que pretendía y protegió al presidente de la Junta del desgaste político que le iba a traer continuar con la norma al desoír por completo a la Unión Europea y al Gobierno de España en un asunto tan sensible como el agua del entorno de Doñana. La izquierda andaluza siempre ha estado en contra del proyecto de ley y de su tramitación.