El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dirigió este miércoles el Consejo de Gobierno desde Egipto por vía telemática. Allí se fue a participar en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Moreno, desde que es presidente, está empeñado en sus comparecencias públicas en marcar un cuidado discurso verde. "Cualquier decisión que se adopte para revertir el cambio climático afecta a nuestro progreso, bienestar y futuro", dijo el presidente andaluz en Sharm-el-Sheikh.

Energías renovables, rebaja de emisiones, soberanía energética, revolución hídrica son palabras y expresiones que pueblan sus discursos. Hay grandes cifras también e inversiones en desoladoras mediante sistemas de colaboración público-privada y planes (el SOS) de mejora de infraestructuras y de reutilización del agua, además de perennes reivindicaciones al Gobierno de Madrid para que gaste más dinero y ejecute una serie de obras. "Vamos a seguir trabajando para que la revolución verde no sea un eslogan, sino un compromiso de actuación del Gobierno", dijo el presidente este miércoles.

Más allá de las buenas palabras y de las promesas de gasto, la administración andaluza tiene que lidiar con una situación muy compleja, con una escasez de que ya ha llevado, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sevilla a tomar medidas restrictivas del consumo de agua: ahora mismo está prohibido en la capital y en otra decena de municipios el uso de agua potable para el riego de jardines, el baldeo de calles, el llenado de piscinas y fuentes ornamentales y el lavado con manguera de vehículos o aires acondicionados que no dispongan de un circuito cerrado, entre otras cosas.

¿Comprende el Gobierno andaluz los efectos del calentamiento, sus causas y cómo afrontar el hoy, desde el punto de vista de las organizaciones ecologistas, siempre críticas, siempre alerta? Ecologistas en Acción considera que frente al tamaño de los retos que tiene por delante la Comunidad, la actitud de Moreno obedece a un "ecopostureo, que puede ser ecoimpostura" si no se empieza a pensar de otra manera.

"No. El Gobierno andaluz no es un Gobierno verde. ¿Está realmente interiorizando y comprendiendo el problema? No. Cuando tenemos un problema de exceso de demanda, volvemos a la oferta. En el Guadalquivir no llueve. Va a llover menos, las presas no se van a llenar y nos creemos que todo pasa por más infraestructuras y más tecnologías", lamenta Juanjo Carmona, de WWF, el desenfoque que detecta en el gabinete de Moreno.

Para Ecologistas en Acción, "en el caso de Andalucía, el balance es fallo generalizado". Al respecto de la mitigación, "los compromisos son reducción de los Gases de Efecto Invernadero del 31%, muy por debajo del 57 % exigible (la UE lo ha elevado esta semana dos puntos), y además toman como referencia 2005 en vez de 1990, con lo que el compromiso se reduce a la mitad".

Sobre la adaptación "sólo contemplan más obra pública, como es el caso de las medidas frente a la sequía", afirma a Público Daniel López, de Ecologistas. Y en cuanto a la comunicación, para Ecologistas es "lastimosa, solo propaganda y autobombo".

"Aquí debemos hablar ya del presente que el cambio nos ha traído. La temperatura media anual y la veraniega en Andalucia es superior a la que veníamos trayendo en décadas. Cuando en Doñana llevas once años ya sin un año húmedo, es mas una tendencia que una anomalía. Esto ya no es cuestión de hablar en futuro, sino de ahora", abunda Carmona.

El agua

Esta legislatura, de momento, Moreno ha dado dos pasos en una dirección diferente del rumbo en el que iba en la anterior, de la mano de Vox. Por un lado, existe una Consejería de Sostenibilidad que lleva su portavoz Ramón Fernández Pacheco, que está dispuesta a reactivar los órganos de participación, que llevan demasiado tiempo sin convocarse, como el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, según las fuentes consultadas.

Esta consejería, sin embargo, tiene una profunda debilidad: las competencias sobre el agua siguen en la de Agricultura, lo que es todo un mensaje de la subordinación de este recurso estratégico a las necesidades de los labradores. "Quitar el agua a medio ambiente no tiene ninguna lógica. Aquí lo que has hecho es pasar el agua a agricultura: estás diciendo el agua es agricultura. No, las políticas de agua, no lo son", afirma Carmona.

El Consejo Andaluz del Agua, en el que además del Gobierno andaluz, están representantes de organizaciones sociales (sindicatos, patronal, comunidades de vecinos, organizaciones agrarias...) y también ecologistas, es un órgano clave en este momento. Se constituyó formalmente el pasado 22 de marzo después de que llevara nada menos que siete años parado, según Ecologistas, desde su creación por medio de un decreto aprobado en 2015 por el último Gobierno del PSOE, presidido por Susana Díaz.

De momento, la Junta, a la espera de convocar de nuevo el Consejo del Agua, que debe conocer los planes hidrológicos, ha reunido los que existen en cada una de las demarcaciones hidrográficas andaluzas (Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas) y también los comités de sequía de cada una de las cuencas. El Gobierno andaluz tiene competencias sobre el 33% de las aguas de la Comunidad, agrupadas en esas tres cuencas, mientras que el Estado, que gestiona el Guadalquivir, tiene competencias sobre el 67% restante, según la Junta.

Para Ecologistas y otras once organizaciones (CCOO, COAG, UPA, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA) el problema en Andalucía es la escasez de agua, "que está provocada por un desequilibrio entre la cada vez mayor demanda de agua y los recursos disponibles y que se debe a la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Situación que se ve agravada, además, por las extraordinarias olas de calor y la reducción de precipitaciones, detrás de las cuales asoman ya las consecuencias del cambio climático".

Para Ecologistas, "frente a la evidencia científica, el PP lanza el mensaje de que hay que mantener o incluso aumentar los regadíos y las actividades económicas ligadas al agua". Esta idea es la que preocupa también al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado Cabeza: "No nos queda otra que hacer una reconversión en nuestra agricultura desde la agricultura intensiva para la exportación que consume y deteriora nuestros recursos, sobre todo suelo y agua, con una intensidad que es insostenible incluso a corto plazo, a una agricultura para satisfacer nuestras necesidades agro alimentarias de la mano de la agroecología".

"Este –añade el catedrático– sería un ejemplo de transición de una economía extractiva para la acumulación, que lleva a la ruina a los agricultores, que tienen que procurar producir cada vez más para tener los mismos ingresos, a los trabajadores, con formas de explotación que podrían calificarse de nuevas formas de esclavitud en los campos andaluces, y a la naturaleza, hacia una economía para el cuidado de la vida".

Carmona abunda: "Estamos haciéndonos trampas al solitario, Ahora va a venir la moda de las desaladoras. Hay que pegar un tirón de orejas a determinadas campañas y mensajes desde la Junta: hay que ahorrar en consumo urbano, sí, pero el gasto de agua en Andalucía no está en el consumo urbano, está en el gasto agrícola. Ese no es el modelo, hay cultivos que consumen demasiada agua. Al final lo que estamos exportando es el agua. Si construimos una desoladora con dinero de todo el mundo, el beneficio será privado. Todo va a obligar a repensar qué haces".

Una pequeña alegría, por ahora, sí han obtenido las organizaciones conservacionistas. Moreno mantiene de momento aparcado el proyecto para ampliar las zonas de regadíos en el entorno de Doñana, pese a las presiones de Vox para que lo retome. Esta idea, que el PP impulsó la pasada legislatura, causó una profunda alarma en Europa y no es probable que Moreno la recupere, al menos en su forma original, en los próximos tiempos: demasiados pelos en la gatera podría dejarse si lo hace. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad aseguraron a Público que el Consejo de Participación de Doñana, que no se convoca desde el año pasado, está a punto de reunirse. El PP tiene también en agenda una Ley de Gestión Sostenible del Agua, de contenido aún desconocido.

Sello carbono ‘zero’

Desde Egipto, Moreno afirmó, en la línea de sus recientes discursos, que "la lucha contra el cambio climático es un reto" y llamó "a todos a tomársela en serio, abandonando el egoísmo, porque todo lo que hacemos mal lo pagarán las generaciones venideras y tenemos una responsabilidad tanto con ellos como con el planeta".

El presidente andaluz es consciente de que el calentamiento "condiciona" la "capacidad productiva", el "desarrollo económico y social", la "sostenibilidad" y la "calidad de vida" y la "sanidad". "Se ha podido ver con las olas de calor y las muertes que éstas han llegado a provocar", recoge un comunicado de la Junta de Andalucía.

El gabinete de Moreno aprobó este miércoles el sello Carbono Zero, que, según el presidente, "va a certificar el compromiso de las empresas contra el cambio climático y se concederá cada año a aquellas entidades que reduzcan sus emisiones de carbono y las compensen al cien por cien, algo que se hará a través de medidas de carácter medioambiental".

El SACE, Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones permite a las empresas seguir emitiendo siempre que compensen con proyectos de reforestacion o de energías renovables. "Un sistema muy controvertido, que puede ser hasta perverso", considera Daniel López, de Ecologistas en Acción.

"Perverso –explica López– porque permite a las empresas contaminantes seguir con sus prácticas insostenibles siempre que externalicen sus compromisos ambientales. Además de poner en duda determinados proyectos de mitigación, como reforestaciones que han sido un fiasco y quemar metano de vertederos porque el CO2 (dióxido de carbono) resultante tiene menor poder de calentamiento que el CH4 (metano)".

Para Ecologistas en Acción el balance climático en general en Andalucía, no solo de la Junta, "es desolador". "La ley andaluza de Cambio Climático obligaba a que todos los municipios contaran con un plan local frente al cambio: se puede contar con los dedos de una mano los que han hecho los deberes. La Oficina andaluza y el comisionado de Cambio Climático son entes fantasmagóricos, que ni orientan, ni promueven ni impulsan nada", afirma López, de Ecologistas.