El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha concedido ya 1,7 millones de euros en tres años (2021, 2022 y 2023) de una línea de ayudas que favorecen a asociaciones antiabortistas y que acordó con Vox en 2020. El objetivo es que atiendan a mujeres embarazadas y madres sin recursos de menores de cero a tres años, según se extrae del análisis de todas las resoluciones oficiales publicadas en la web de la Junta de Andalucía que ha hecho Público.

Esta nueva línea de subvenciones, destinadas a implementar "medidas de asistencia a la mujer embarazada en dificultades", fueron pactadas por el PP con Vox y Ciudadanos la pasada legislatura –en el año 2020, para lograr la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021– y se han aplicado todos los años desde entonces.

"Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres […] Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán por tanto de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano", fue lo que pactaron la ultraderecha y la derecha en aquel momento.

Ya sin Vox, una vez que tuvo las manos libres con la mayoría absoluta, el Gobierno de Moreno Bonilla de algún modo ha hecho suyas las ayudas y las ha mantenido y no tiene intención alguna de retirarlas, al menos de momento: en el presupuesto andaluz para el año 2024, la partida prevista para estas cuestiones asciende a 700.000 euros.

El PP las ha utilizado para la creación de un tejido asociativo antiabortista en Andalucía. En 2021, la Junta ejecutó del presupuesto previsto en estas ayudas 528.198,06 euros; en 2022, 806.901,31 euros y en 2023, otros 368.037,85 euros, según ha extraído Público de las resoluciones. 

En su momento, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, justificó esta línea de subvenciones con la idea de que era "compatible atender el apoyo a asociaciones que piensan diferente". Sin embargo, también quiso dejar claro que el posicionamiento de la Junta de Andalucía es "claro y conocido". "Siempre, respeto a la mujer y educación y prevención para evitar embarazos no deseados", defendió. 

Son subvenciones que se dan por concurrencia competitiva –en teoría, se las lleva la mejor oferta–, pero solo pueden recibirlas asociaciones que tengan entre sus objetivos "carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano" y "el apoyo, asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad", según consta en la orden, del año 2020, que regula la entrega de estas ayudas. 

Ello ha llevado a la exclusión directa de diferentes asociaciones, según consta en algunas de las resoluciones, que no tienen esas previsiones que aluden a la retórica antiabortista en sus estatutos. Así, por ejemplo, la Cruz Roja de Granada, la Asociación Baena Solidaria y la Asociación de Mujeres de Órgiva fueron excluidas de alguno de los procedimientos por esta razón, según se expresa en las resoluciones.

Entre las organizaciones que sí han logrado acceder a esta subvención están entidades católicas y otras declaradamente antiabortistas, como Red Madre y Adevima Provida. También las han recibido organizaciones diferentes, con un perfil ideológico no tan acusado, como Afammer, asociación de mujeres rurales y otras que atienden a familias monomarentales y a la diversidad. 

Estas ayudas son y han sido severamente criticadas por el tejido feminista andaluz, que han venido reclamando hasta ahora sin éxito su retirada y que consideran que "sirven para apoyar a grupos abiertamente contrarios a la igualdad y al derecho a decidir de las mujeres, que dedican sus energías a entrometerse en las decisiones de las mujeres sobre su maternidad".

"En teoría se dedican a asesorar a las mujeres sin recursos que deciden continuar adelante con su embarazo, pero en realidad acosan a las mujeres que deciden interrumpirlo. Quienes se ponen frente a las clínicas no suelen ser de las asociaciones, suelen ser personas vinculadas a la iglesia o de otras asociaciones. Se cuidan de no ser quienes reciben subvención", resume Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

También la oposición de izquierdas ha pedido que Moreno diera marcha atrás a estas ayudas y a la vez al "innecesario" teléfono contra la violencia intrafamiliar que también pactó con la ultraderecha. En la etapa socialista, existían unas ayudas genéricas para la atención a mujeres en exclusión social, que no tenían la carga ideológica que sí tienen estas.

Centros de la mujer de Sevilla

Pactos de este tipo continúan produciéndose entre el PP y la ultraderecha en Andalucía. El último episodio, según los sindicatos, se produjo hace unos días en el Ayuntamiento de Sevilla.

El alcalde, José Luis Sanz (PP), que gobierna en minoría, decidió que sus ediles votaran a favor de parte de una propuesta de Vox, con lo que salió aprobada, que implica la participación de grupos antiabortistas en los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) de la ciudad, según interpretan las asociaciones feministas, que, junto a sindicatos y a los partidos en la oposición –PSOE e IU-Podemos– han levantado la voz contra esta decisión.

La edil del PSOE, Mar González, ha manifestado al respecto: "Es muy grave. Es inaceptable porque supone una grave lesión a los derechos que tanto ha acostado conquistar. Deben dar marcha atrás a esta medida que vulnera derechos fundamentales de las mujeres y se debe respetar la tarea que se hace en los centros. Las profesionales no necesitan que nadie las suplante en su tarea".

"Estamos ante un ataque directo a los derechos reproductivos de las mujeres y nos preocupa que no se respeten", ha manifestado el sindicato CCOO. "La mejor forma de prevenir los embarazos no deseados es la educación afectivo-sexual y, sin embargo, el Ayuntamiento no considera conveniente implementarla en los centros educativos de la capital", remacha el sindicato.