El Ejecutivo andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha financiado en estos años, al calor del impulso de las familias, los ayuntamientos, y el Gobierno de España, exhumaciones de fosas. También se han destinado fondos a un banco de ADN de la Universidad de Granada para facilitar en lo que se pueda las identificaciones tras las exhumaciones. Han sido, según los datos del propio Ejecutivo autonómico, unos seis millones para esas actividades desde 2018.

Sin embargo, la aplicación de la ley autonómica se ha reducido en los años de Gobierno de la derecha prácticamente a estos aspectos. Así lo recoge el propio Ejecutivo en un comunicado: "Las actuaciones en memoria democrática [en 2023] se han centrado principalmente en la realización de trabajos de exhumación de fosas, así como en las tareas de identificación genética de los cuerpos".

Aunque las exhumaciones son un asunto capital —en Andalucía hay aún unas 700 fosas de asesinados por el franquismo—, el desinterés del Ejecutivo andaluz por desplegar al completo, en su totalidad, la ley andaluza de memoria ha sido manifiesto para los memorialistas: las asociaciones consideran que la Junta la está dejando morir de "inanición". La norma fue aprobada sin votos en contra en 2017, en los años del PSOE: el PP se abstuvo y Vox no estaba en la Cámara entonces.

El Ejecutivo de Moreno hizo balance de la aplicación de las políticas de memoria esta semana en Consejo de Gobierno. En el comunicado, admiten que el "objetivo fundamental" de "la labor [...] en la recuperación de la memoria democrática" es "la promoción del derecho de la ciudadanía andaluza a conocer los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra y el de las víctimas a su reconocimiento, reparación y resarcimiento, bajo el principio de garantía de no repetición y para contribuir a la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento del diálogo y de la paz".

Sin embargo, en el balance hecho público por la Junta solo se habla de exhumaciones y del banco de ADN. "En 2023 —se recoge— se firmó un nuevo convenio con la Universidad de Granada para la recuperación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra y para el mantenimiento del banco de datos de ADN de las víctimas y sus familiares". Al amparo de este convenio, según la Junta, "se han llevado a cabo los trabajos de análisis de ADN de los restos de víctimas y muestras de familiares" en 28 fosas. 

Absoluto "abandono"

La lista de quejas de las asociaciones memorialistas es, empero, amplia. A saber: no se han sentado apenas con ellos –"por lo menos para vernos la cara y decirnos lo que van a hacer", lamenta Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria–; apenas se han declarado lugares de memoria en estos años; las pruebas de ADN están tardando "lo más grande"; por el 14 de junio, declarado día de la memoria, se ha pasado de puntillas; no se forma tampoco a los profesores (solo el 0,13% tiene formación¡, según los memorialistas), y, finalmente, los fondos para exhumaciones son escasos.

Se trata, sobre todo, lamentan, de la falta de impulso político y de desarrollo de la ley, lo que lleva a su incumplimiento. No se desarrollan sus reglamentos y los temas relacionados con la memoria democrática surgen en la escena política cuando la izquierda los saca. 

"No impulsar la ley supone en sí una derogación tácita de la ley. La no reglamentación en sí supone una derogación tácita. Lo que hacen son encargos de la anterior legislatura que tenían pendientes, no es que hagan cosas nuevas", asegura Maqueda.

Para la Federación Andaluza de Memoria Democrática, en los años de Moreno "se ha producido en Andalucía un absoluto abandono de las políticas memorialistas y de las víctimas por parte del Ejecutivo andaluz".

"La llegada al Gobierno andaluz de un pacto de derechas con la ultraderecha interrumpió el desarrollo de la ley, mermó las dotaciones presupuestarias y frenó la mayoría de actividades y acciones memorialistas", se lee en un manifiesto hecho público por la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

"El incumplimiento sistemático de la ley —se añade— ha sido una constante en todos estos años donde las políticas de memoria intentaron dejarlas morir de la peor manera: de inanición, ni impulsan ni derogan".

Aragón

Las asociaciones reconocen que en Andalucía no ha pasado lo que ha sucedido en Aragón, donde el PP ha liquidado directamente la ley a instancias de Vox, lo que ha obligado a actuar al Gobierno, que ha llevado el asunto al Constitucional. A este escenario se resistió Moreno en su primera legislatura, cuando Vox quiso derogar la norma.

Tampoco ha sucedido exactamente en Andalucía lo que hizo el presidente Mariano Rajoy, quien no derogó la ley de memoria de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no puso un euro para su desarrollo. En estos años, el Gobierno de España sacó a Queipo de la Macarena y el Ejecutivo de Moreno acató: "Lo que ha sucedido es el cumplimiento de la ley", dijo su portavoz, Ramón Fernández Pacheco.

"Cierto es que mientras en aquellas comunidades gobernadas por la derecha junto a la ultraderecha las leyes de memoria se han ido derogando a pesar de múltiples advertencias de diferentes organismos internacionales, en Andalucía no se ha producido todavía una derogación formal", se lee en el manifiesto hecho público por la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

Sin embargo, para los memorialistas, no es suficiente: "Insistimos en que las consecuencias de este flagrante incumplimiento son exactamente las mismas", añade el manifiesto. "Es un trabajo pobre para nosotros. Si lo tenemos que medir cualitativa y cuantitativamente, no se salvan ni por una cosa ni por la otra. Cuantitativamente no han hecho nada del otro mundo. Seguimos con 700 fosas comunes. Y cualitativamente es una pena", abunda Maqueda.

Justicia, no compasión

"El punto de vista de la compasión y la humanidad también tienen que tenerlo, es verdad. Pero lo que queremos es que se hagan las cosas desde el punto de vista de la justicia y de los derechos humanos. Ese discurso de la compasión, de la concordia, ese discurso está sobrepasado: estamos en el ámbito del cumplimento de los derechos humanos y lo que consigamos tiene que ser por justicia", afirma Maqueda.

"Que lo hagan por humanidad, por compasión, pues no. No queremos. Ellos seguirán [en el Gobierno] el tiempo que los andaluces y andaluzas quieran que estén y nosotras estaremos en las calles, que es donde hemos estado, defendiendo lo poco o lo mucho que hemos conseguido", añade Maqueda.

Y esto es importante, remacha la presidenta de Nuestra Memoria, porque "la garantía de no repetición, el cuarto pilar de [lo que] siempre decimos, solo se lleva a cabo cuando se cumplen los tres primeros conceptos". "Gritamos: verdad, justicia, reparación. Y esto hace más potente la garantía de no repetición. Eso no lo está cumpliendo. Si no reparas, no impartes justicia y no buscas la verdad, el cuarto no se puede establecer. [Y estamos hablando de] repetir una historia muy traumática y dolorosa. Cuidado porque lo poco o lo mucho que hayamos conseguido, hay que defenderlo con uñas y dientes".